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A un año de su asesinato por parte de agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT), familiares de Jonatan Herrera junto a organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos se convocaron en Tribunales Provinciales de Rosario.

Según un informe sobre casos de gatillo fácil perpetrados durante el año pasado elaborado por la Defensoría General de la provincia, a cargo de Gabriel Ganón, Herrera se encontraba el 4 de enero de 2015 lavando su auto en la puerta de su casa, ubicada en bulevar Seguí y Ayacucho, cuando agentes del Comando Radioeléctrico iniciaron una persecución dispuestos a detener a una personas que supuestamente habían ingresado a robar en una juguetería de la zona cuando, simultáneamente, agentes de las Policía de Acción Táctica que circulaban en un colectivo por el lugar del hecho, descendieron del ómnibus y también comenzaron a disparar contra Jonantan. En el trabajo de la Defensoría se consigna que luego “Jonatan se agacha y en cuclillas se dispone a esconderse detrás de un árbol de su casa” y que “las PAT le disparan pensando que el joven, de 23 años de edad, era cómplice de la persona perseguida, quien en ese momento ya había sido reducida y herida de bala”. “Se verificó que todas las balas alojadas en el cuerpo de Jonatan pertenecían a pistolas calibre 9mm, arma reglamentaria utilizada por la policía provincial”, concluye el informe.

Reclamo en tribunales

«En la última audiencia se ratificó la prisión preventiva para los cuatro policías acusados de disparar. Sin embargo, la fiscalía y la defensa en forma conjunta continúan ejerciendo presión sobre la familia para llegar a un acuerdo abreviado con los asesinos de Jonatan», denunciaron este lunes en un comunicado de prensa los integrantes de la multisectorial «Justicia por Jonantan». «Ante esto los familiares y las organizaciones solidarias fuimos categóricos: rechazamos cualquier tipo de acuerdo que busque legitimar la impunidad de la policía y exigimos un juicio oral y público para que toda la población conozca el accionar de las fuerzas represivas que el Estado provincial puso en funciones», platearon.

«Esta exigencia de un juicio oral y público está más vigente que nunca puesto que la familia de Jonatan Herrera está sufriendo múltiples amenazas y hostigamiento continuo de personas que estarían vinculadas al narcotráfico y que contarían con complicidad policial. A esto se suma lo sufrido por la familia Herrera al acudir a la Comisaría Nº 16 para radicar la denuncia por estos hechos, producto de la lucha tenaz que llevan adelante por el esclarecimiento del crimen de su hijo», indicó el texto de la multisectorial, que luego añadió: «Cuando María Elena se dirigió a la Comisaría N°16 sólo recibió respuestas intimidantes diciendo “que vaya a buscar a la prensa” y “que entienda que a su hijo lo mataron cuatro perejiles de la PAT”. Luego, amenazaron con detenerla allí mismo, acrecentando gravemente la desprotección policial, judicial y política que viene sufriendo esta familia».

Desde la multisectorial hicieron «responsable al Gobierno Provincial y al Ministerio de Seguridad por cualquier atentado contra la vida, la integridad física o psíquica de la familia de Jonatan Herrera, de los abogados querellantes o de cualquier persona de la Multisectorial por Justicia por Jonatan Herrera».

El comunicado de la convocatoria a los tribunales, estuvo rubricado, entre otros, por los concejales Celeste Lepratti, Eduardo Toniolli, María Eugenia Schmuck, Juan Monteverde, Pedro “Pitu” Salinas, Caren Tepp, los diputado Carlos Del Frade y Mercedes Meier, y los diputados nacionales Myriam Bregman y Lucila Di Ponti.

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