“Lo peor de los 90”

El actor rosarino reivindica las políticas culturales llevadas adelante por los gobiernos kirchneristas, y asegura que –en apenas dos meses– la llegada de Macri al poder ya significa un gran retroceso.

En los últimos años Luis Machín, además de consolidar su labor en teatro, ha participado –junto a tantos otros de sus colegas, realizadores y técnicos– de producciones en el espacio audiovisual a las que sin duda se las debe considerar como parte de esa “ficción de calidad” que ha pregonado nuestra Televisión Pública.

El actor rosarino reconoce que esa labor ha sido parte de una política de desarrollo cultural a la que reivindica y piensa defender en estos tiempos, que parecen un deja vu de los 90. Y últimamente lo ha dejado en claro con su réplica al esbozo de listas negras que desplegó La Nación –donde fue directamente aludido–; con su firma en las cartas en repudio a los dichos de Darío Lopérfido sobre el número de desaparecidos; en el reclamo al ministro de Trabajo, Jorge Triacca, por la reglamentación de la ley de actores; y también en su participación en el spot “Alegría, Trabajo y Libertad” convocando a la Plaza de los Artistas que se celebrará este sábado en Buenos Aires.
Por cierto, no se baja de cartel: sigue en televisión y actúa en las obras Jugadores (junto a Daniel Fanego, Roberto Carnaghi y Osmar Núñez) y en la repuesta Vigilia de noche, del sueco Lars Noren.

—Durante estos años tan intensos en producciones, ¿alcanzaban a percibir su trabajo como parte de una política cultural?
—Claramente, era parte de un desarrollo de políticas públicas audiovisuales, que se empezaron a poner en funcionamiento en 2010 con concursos en todo el país y que dieron la posibilidad de concursar a los creadores de cada región, no solo con programas argumentales sino con gran cantidad de documentales. Esto generó un movimiento muy importante de trabajo de actores, técnicos y realizadores. La industria audiovisual mueve muchísimos puestos de trabajo, y cuando esas series se ponían en funcionamiento, se conseguía el pleno empleo, lo cual es poco frecuente en esta actividad.
Esto formaba parte de la puesta en funcionamiento de la ley de medios, iba a dar la posibilidad de cubrir horas de programación en los distintos canales que se estaban creando; y los actores que filmábamos siempre fuimos conscientes, algunos más que otros, de que eso era parte de un plan de desarrollo nacional. En mi caso fue con total conciencia y apoyo.
—A poco de asumir el nuevo gobierno, el diario La Nación sacó una nota muy crítica al respecto. Además de trasuntar una visión sesgada de esa política, tenía una impronta de caza de brujas, al elaborar una lista de quienes participaron.
—Sí, es una práctica habitual de La Nación. En todos estos años en los que muchos actores hemos manifestado públicamente nuestro apoyo a ese tipo de leyes –no sólo la del actor y la de medios, sino otras que fueron un enorme avance para la sociedad–, La Nación se ocupó de estigmatizar algunos de nuestros nombres; pero no creo que puedan anularnos.
Más allá de que hay un enorme blindaje mediático y de que una gran cantidad de noticias malas no salen a la luz porque los medios las esconden, es responsabilidad de toda la sociedad que se difundan esas noticias, que son graves y que nos involucran a todos, como lo ocurrido hace unos días en la represión a la murga del Bajo Flores.
Quizás la nota de La Nación es casi anecdótica y no está bien (N. de la R: se lo mencionaba como un “beneficiado” con contrataciones). De hecho yo la contesté con derecho a réplica pero La Nación no me la publicó, y sí lo hizo Página 12, donde yo contestaba a los dichos sesgados y malintencionados del autor. Pero, después, también La Nación sacó otra nota de Pablo Sirven, atacándonos, y otra de Alejandro Lingenti, donde se miraba más objetivamente lo que significaron los subsidios al desarrollo audiovisual.
—A propósito de ese desarrollo de la producción audiovisual, tal vez suene optimista, pero puede resultar parte del capital simbólico para esa batalla cultural que se está dando.
—Sí, curiosamente –o no tan curiosamente–, lo primero que atacaron fue el capital simbólico: bailaron en el balcón, descolgaron los cuadros de Hugo Chávez y de Néstor Kirchner de la Casa de Gobierno, atacaron a la AFSCA, anularon la ley de medios, cerraron el Centro Cultural Kirchner; o sea que van por el capital simbólico.
En esa especie de batalla despechada con que dan por tierra con todo lo que costó tanto construir durante doce años, el capital simbólico es muy importante. Atacan las banderas que nosotros levantamos durante todos estos años y esto ya trasciende el campo cultural específico del desarrollo audiovisual. Es mucho más amplio: son los símbolos que nos representan históricamente.
Los dichos de Darío Lopérfido, ministro de Cultura de la Ciudad, poniendo en duda la cantidad de desaparecidos durante la dictadura no hace más que tratar de tapar un tema que ha sido tan caro a los sentimiento argentinos.
—Frente a los dichos de Lopérfido hubo una respuesta inmediata, a través de una carta de los trabajadores de la cultura en la que pidieron su renuncia.
—Yo no digo que Lopérfido puso en duda la desaparición de personas; pero poner en duda el número o decir que se lo fijó en una mesa de bar para cobrar subsidios es claramente tendencioso; y que lo diga el esposo de la hija de Bartolomé Mitre (director de La Nación) más aún. No es casual lo que él dice y en el momento que lo hace, cuando se trata de que sigan los procesos judiciales contra los genocidas. Por eso, nuestra respuesta fue inmediata.
No hay ingenuidad ni desconocimiento en los dichos de Lopérfido, lo conocemos: él estuvo en el gobierno de De la Rúa, que es algo que le debe costar digerir.
Igual, parece que no le cuesta tanto, porque suelto de cuerpo dice barbaridades como resumir a “comisarios kirchneristas” la firma de la carta de la que participó la comunidad artística argentina, incluso en sus disidencias partidarias. Son figuras de un enorme peso en su actividad artística, se han adherido figuras internacionales y esto es un hecho político.
—¿Qué expectativas tenés respecto de la ley de actores, con este debate que se trató de instalar en los últimos días?
—La ley fue votada por unanimidad en el Congreso el año pasado y tiene que ser reglamentada, como lo planteamos días atrás en la carta que firmamos más de cien actores y que fue dirigida al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Somos una gran cantidad que reclamamos que la ley se reglamente en la medida en que estaba fijada. Algunos actores no están de acuerdo con algunos puntos. Habrá que acercar algunas ideas y limar esas diferencias, pero no puede ser violada en su esencia. Si hay resistencias, el campo donde se discuten las leyes es en el Congreso.
—Por una cuestión generacional, lo que viene sucediendo ¿te trae a la memoria los 90?
—Sí, es lamentable. Nosotros vamos a seguir peleando para que la política cultural se mantenga, pero es muy difícil con un gobierno que deja en la calle quinientas personas del Ministerio de Cultura; con el achicamiento del Estado y las acusaciones de ñoquis, como si todo el mundo dentro del Estado lo fuera, estigmatizándolo al empleado público como alguien que solo genera gasto.
En ese sentido, la comparación con los 90 es hacia el lado del sálvese quién pueda. Fueron muchos años en que como sociedad no había protección social de la protesta y, ahora, en la primera vez que se salió a la calle por los despedidos de la Municipalidad de La Plata se recibieron balas de goma.
En una actividad como la nuestra, que es tan dispar, en los últimos seis, siete años, se dieron posibilidades de construcción colectiva e inclusiva en relación a lo audiovisual; y nada de lo que ha pasado en estos dos meses de nueva gestión me hace pensar que esté dirigido a una construcción colectiva. En ese sentido, sin dudas, las comparaciones son con lo peor de los 90.