Durante seis horas del pasado jueves, representantes de unas treinta organizaciones que funcionan en el Centro Cultural La Toma ofrecieron una detallada exposición sobre la “utilidad pública” de ese espacio al magistrado Marcelo Quaglia, titular del Juzgado Civil y Comercial número 14, a cargo del expediente por la quiebra del supermercado Tigre, que estuvo emplazado en ese inmueble. El magistrado, su secretaria y miembros de la Sindicatura recorrieron el lugar, observaron y preguntaron –con marcado énfasis en conocer los convenios de las entidades con La Toma– a discreción, y registraron en decenas de carillas y en un buen número de imágenes que tomaron con sus propios teléfonos celulares. En breve, se elaborará un acta, que daría más consistencia al expediente en lo que respecta al impacto social de una experiencia colectiva, que hoy nuevamente está amenazada con el desalojo.

Más allá de lo delicado de la situación, los habitantes de La Toma y los visitantes protagonizaron un encuentro signado por el trato respetuoso, el compromiso de unos para mostrar su trabajo y la predisposición de otros a interiorizarse, caso por caso, sobre lo que ha venido ocurriendo desde julio de 2001, cuando los empleados del ex Tigre se hicieron cargo del establecimiento –de Tucumán 1349– para preservar las fuentes de trabajo, ante las deudas de la patronal y el vaciamiento de la empresa.

La inspección judicial había sido solicitada por los integrantes de la Cooperativa de Trabajadores en Lucha de La Toma, luego de que el magistrado los citara a una audiencia en el marco de la causa y, ante este nuevo embate, le plantearon al juez hacer “un inventario social” sobre este espacio plural, inclusivo y solidario, legitimado en la comunidad y en las instituciones. De hecho, dos leyes provinciales –12.317, de 2004, y 12.964, de 2009– han avalado su expropiación, que desconocen quienes propician el desalojo.

Sorprendido

“Estoy muy sorprendido por lo que vi”, según cuenta Carlos Ghioldi, presidente de la cooperativa, fue lo que le dijo minutos después de las 21 el juez Quaglia, al finalizar una jornada en la que a través de todos sus sentidos –vio, escuchó, tocó, olió y hasta degustó algún mate– conoció lo que hacen y cómo y por qué lo hacen las distintas entidades que dan vida a La Toma. Tal vez, la sorpresa obedeció a lo abrumador que puede resultar ver ese mosaico de experiencias participativas, solidarias y emancipadoras defendiendo un proyecto despojados de intereses individuales, sin exhibir estadísticas y otras especies, en el marco de un conflicto que es del fuero “civil y comercial”.

El magistrado había llegado a las 15 y se tomó unos veinte minutos para explicar cómo iba a ser su procedimiento. Luego, despojado de su saco y con el nudo de la camisa algo flojo, comenzó la recorrida en la que no tuvo obstáculos para acceder a cada rincón del edificio y preguntar todo lo que consideró necesario. Así, escuchó de boca de los protagonistas, cómo se defienden los derechos del género; qué tareas realizan sindicatos, cómo operan un Mercado Popular, un comedor estudiantil de la UNR, una galería de la Facultad de Humanidades y Arte, cómo distribuye viandas a personas en situación de calle el Movimiento de Acción Solidaria. También vio cómo se elabora cerveza artesanal, cómo se cocina comida vegana, cómo funciona una librería obrera y talleres culturales. Mientras, su secretaria llenaba hojas de puño y letra, con especial atención a las observaciones de su jefe: “Esta entidad tiene un convenio con la Organización Mundial de la Salud, por favor, anótelo”, indicaba, al enterarse de algunos vínculos que lo llenaban de asombro.

Como diría luego Ghioldi, eran “personas de carne y hueso, que cara a cara estaban narrando ‘nosotros vivimos acá, somos víctimas de violencia de género’ o ‘estábamos al borde del suicidio y esto me salvó la vida’”.

Si bien el juez no expresó opinión alguna sobre el expediente que sustancia, su predisposición a recorrer La Toma fue bien recibida, tal como lo señaló Juan Lewis, el abogado de la cooperativa: “Vemos con muy buenos ojos que se haya hecho lugar a una medida así, ya que implica la posibilidad de contemplar judicialmente algo que está más allá de la mera ponderación económica del problema” y que –como ya había señalado– no figuraba en ninguna foja del expediente. Precisamente, ese aspecto es fundamental para Lewis: “Cualquiera sea la resolución que se tome respecto del inmueble se tiene que contemplar necesariamente la utilidad pública que acá se está desplegando”.

En ese sentido, el ex ministro de Justicia provincial apeló a la influencia de otros actores: “Van a tener mucho para decir la Sindicatura, y también la Provincia y la Municipalidad, que ya han demostrado su interés en acompañar este reclamo, en que se atienda la función social”. El jueves, entre los asistentes se contaban representantes de la subsecretaría de Economía Social municipal y funcionarios de la Universidad Nacional de Rosario.

Por cierto, la presencia de Quaglia y el modo en que se relacionó con los habitantes de La Toma tuvieron algo de reparadoras para tantos miembros de organizaciones a quienes en la citación judicial del 4 de febrero se los había rotulado como “ocupantes”, término que difícilmente hoy pueda seguir sosteniendo el magistrado; al menos, en su fuero íntimo.

Obligación ética y moral

Tras la recorrida, Ghioldi expresó: “Lo que vino a hacer el juez, es constatar cómo a lo largo de estos quince años, treinta organizaciones populares, instituciones como la Universidad o la Economía Social de la Municipalidad, han desarrollado y construido un espacio de producción, de solidaridad, de divulgación de ideas, de cultura, mientras otros creen que es un lugar que solo sirve para especular”.

Lo sucedido ayer fue un gran respaldo para La Toma, que se vio colmada por el “abrazo” no solo de quienes trabajan sino de aquellos que compran en el mercado, almuerzan en el comedor, asisten a talleres o celebran sus reuniones en el inmueble. Ellos no condicionaron su comportamiento en atención a la presencia del juez, simplemente lucieron tan espontáneos y transparentes como todos los días; y, en ese sentido, resulta interesante preguntarse: ¿cuántos espacios en los que trabajan algunos cientos de personas, se manipulan alimentos y se hacen transacciones comerciales, entre otras prácticas, pueden abrir sus puertas –mostrar su cocina, sus zonas de almacenamiento, sus empleados– y no esconder nada a la vista de quienes deben decidir sobre la continuidad de sus actividades?

Ghioldi no disimulaba su satisfacción por la contundente demostración de “utilidad social”, aunque eso no se traducía en expectativas sobre el devenir de la causa: “Nosotros vamos a convocar a la Comisión Permanente en Defensa de La Toma para informar sobre la inspección y evaluar los pasos a seguir. No sabemos lo que va a decidir el juez; pero tenemos la firme voluntad, resuelva en contra o a favor, de que de aquí no nos movemos. Si continuamos después de quince años, es por la solidaridad de la población y eso es una inmensa responsabilidad para nosotros. Ni aunque quisiéramos podríamos desertar de este puesto de lucha que hemos construido. Ni aunque estuviéramos cansados ya no podríamos irnos de acá. Es una obligación ética y moral asumida con la población y con toda esta gente que nos apoya”.

“Mini-buitres”

“Hace quince años que luchamos por los puestos de trabajo, poniendo el establecimiento al servicio de la comunidad y de los sectores populares; y, por primera vez, un juez se acerca a hacer una especie de ‘inventario social’. Mientras algunos creen que los papeles y la especulación transforman a los lugares en chatarra que puede ser ejecutada, nosotros nos dedicamos a buscar soluciones al problema del trabajo de cada uno de nuestros compañeros”. De esta manera, Carlos Ghioldi marcó sus diferencias con quienes poseen acreencias en la quiebra del Tigre, y propician el desalojo y remate del inmueble de calle Tucumán; y que –como bien se describe en un reciente informe publicado en el suplemento “Mundo Laboral”, del diario “El Ciudadano”– se asemejan a una versión local y “mini” de los fondos buitres internacionales. “Compran papeles de bancos fundidos, con carteras de clientes quebrados. Van guardando. Van revisando entre la basura y, por ahí, encuentran algo y dicen: ‘Con esto podemos sacar mucho’. Entonces, meten juicios, denuncias descabelladas y piden ejecución del desalojo”.

Por otra parte, no despegó los tiempos que corren de la dinámica que ha vuelto a tomar la causa: “Además de tener que ver con la razón especulativa propia de quienes compran hipotecas en remates por dos pesitos y creen que pueden hacer rápidamente negocios, debe haber sectores que entienden que hoy es un momento favorable para una suerte de tiempo de revancha contra conquistas que los trabajadores logramos con lucha y solidaridad; pero se equivocan profundamente”.

Judiciales presentes

“Es digno de destacar la presencia de Juan Nucci, ex secretario general de la CGT Rosario. Le estamos profundamente agradecidos a él y al sindicato de judiciales por el apoyo que estamos recibiendo. Es un ejemplo enorme para nosotros”, resaltó Ghioldi.

Fuente: El Eslabón

Más notas relacionadas
  • Pedaleando la esperanza

    Mujeres tras las rejas, ONG que desde hace años trabaja con personas privadas de la libert
  • Pensar el futuro

    En su paso por la ciudad para participar del Congreso sobre Democracia que organizó la UNR
  • ¿Cómo no sentirme así?

    Aunque postergadas por las nuevas restricciones pandémicas, las elecciones en Newell’s gen
Más por José Dalonso
Más en Ciudad

Un comentario

  1. Stella maris leiva

    04/04/2016 en 9:08

    Creo que cuando un grupo de personas trabajadoras, un representante sindical, un juez y cualquier ciudadano se reunen para procurar el bien común, se afianza la esperanza y se hace fuerte la posibilidad de una vida digna para todxs en este bello país.

    Responder

Dejá un comentario

Sugerencia

¿Quién amenazó a Di María?

La Policía Federal detuvo a una pareja de jóvenes y a otro hombre como los autores materia