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El colectivo Abogados y Abogadas en Causas de Lesa Humanidad repudió “un nuevo ataque del poder Judicial jujeño” hacia Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de la dirigente social. “Vemos con mucha preocupación la violación de los derechos humanos”, señalaron.

Los jueces del Tribunal Oral Federal de Jujuy, María Alejandra Cataldi y Mario Héctor Juárez Almaraz, elevaron una denuncia ante el fiscal federal de turno, a fin de que se investigue la comisión del delito de usurpación de títulos y honores previsto en el artículo 247 del Código Penal, contra la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo de defensa de Milagro Sala.

Desde la Tupac Amaru aseguran que la Justicia “pretende impedir que Elizabeth Gómez Alcorta, a pedido de Milagro Sala, integre su defensa en la causa impulsada por Gerardo Morales de 2009 contra la dirigente social como supuesta instigadora de un escrache que tuvo lugar en el Consejo de Ciencias Económicas. Si bien se dictó la prescripción de las amenazas y Morales ya no puede ser querellante –dado que sólo se había presentado como tal sólo por ese delito-, continúa el proceso por daños agravados”.

En este sentido, los integrantes del colectivo nacional de Abogados y Abogadas en Causas de Lesa Humanidad expresaron su “más enérgico repudio a este nuevo ataque por parte del poder judicial de la provincia de Jujuy hacia quien ejerce la defensa técnica de la dirigente social Milagro Sala, presa política del régimen jujeño desde el mes de Enero de este año”.

“El mes pasado fue contra Luis Paz, en este caso contra Elizabeth Gómez Alcorta”, recordaron los abogados en un comunicado, y añadieron: “Vemos con mucha preocupación la violación de los derechos humanos y el avasallamiento a lo prescripto en nuestra Constitución Nacional que se está produciendo en esa provincia argentina desde que asumiera el nuevo gobernador Gerardo Morales”.

“Molestar, denunciar y hostigar a las abogadas y abogados en el ejercicio de su profesión y en el marco de la causa en la cual están ejerciendo la defensa técnica de una persona es una clara obstrucción al derecho de acceso a la justicia”, afirmaron desde el colectivo, y exigieron “el inmediato retiro de la denuncia hacia la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y alertamos a los colegios de abogados sobre la grave situación institucional que se está viviendo en Jujuy ante la persecución de defensores de los derechos humanos que oportunamente ya hemos presentado ante la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”.

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