Maestra, profesora universitaria y doctora en Pedagogía, Adriana Puiggros es una referencia a la hora de planificar y discutir políticas públicas educativas. Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación hasta que terminó su mandato en diciembre pasado, es una de las autoras del nuevo proyecto de ley de financiamiento que presentó la Ctera la semana pasada en todo el país, con el que se pretende llevar al equivalente a 10 puntos del PBI el dinero destinado para el sector; toda una definición frente al modelo “privatista” y de recortes que comenzó a delinear la Casa Rosada. “La línea del gobierno es la de reducir al máximo la inversión y la de transferir a las provincias los servicios que quedan”, planteó la investigadora del Conicet en diálogo con el eslabón.
—¿Qué lectura hacés de los lineamientos centrales de las políticas que viene trazando el gobierno nacional desde el ministerio de Educación?
—Me parece muy preocupante. Son coherentes con los acuerdos que hicieron el presidente Mauricio Macri, en Davos, y el ministro de Educación Esteban Bullrich, en Dubai, con las grandes empresas internacionales de la educación. Ya en Argentina, Gems, que es la mayor empresa de escuelas privadas, de asesoramiento o de tomar tercerizados en escuelas públicas del mundo, se nutre de esos acuerdos.
La línea del gobierno es la de reducir al máximo la inversión pública nacional y la de transferir a las provincias los servicios que quedan. Es la continuación de la política de Menem e incluso con los mismos funcionarios. Es la profundización de esa política. Lo que queda ahora, lo que están transfiriendo ahora, obvio que sin los fondos, son los restos de los planes sociales que dependían del ministerio de Educación, de todos los programas tendientes a la inclusión.
—¿Cuáles son los riesgos, el impacto social que significa este cambio de concepción en las políticas educativas?
—El hecho de tener escuelas empobrecidas. Que se cierren los programas específicos de inclusión. El propio ministro de Educación ha dicho que se deberían cerrar más de mil institutos de formación docente, eso significa que haya mucho menos docentes, cuando uno de los grandes problemas es que en muchas provincias faltan docentes, es un gran e importante problema. Eso implicaría el cierre de escuelas, lo cual afectaría al acceso a todos los niveles. El inicial, al cual todavía le falta mucho para completarlo. El acceso a la primaria, a la secundaria y a la universidad. Esto terminaría de tornar en una forma totalmente piramidal el sistema escolar.
—¿Cómo se puede pensar este nuevo embate contra la educación pública, de recortes y retrocesos, desde una perspectiva histórica? Se supone que esta tensión que plantea el gobierno nacional no es nueva.
—La gran discusión de la segunda mitad del siglo XIX, desde que se dictó la Constitución en 1853, es cuál es el papel del Estado nacional y el de las provincias en materia de Educación. Este es un gran tema. Y el otro gran tema es si debe ser común, gratuita, obligatoria y laica. La relación entre la Nación y las provincias siempre fue favorable a la Nación, en el sentido de que la Nación invierte menos siendo sin embargo la que recauda la mayor parte de los impuestos.
En este caso, en la Ley de Financiamiento Educativo, la primera que se dictó durante el gobierno de Néstor Kirchner, se establecía que la Nación invierte el 40 por ciento y las provincias el 60. Ahora, el nuevo proyecto de financiamiento que está impulsando la Ctera, que hizo público en noviembre del año pasado junto con los diputados que trabajamos en el proyecto y que el lunes se presentó en todo el país, establece el 60 por ciento para la Nación y el 40 para las provincias.
Después hay que recordar que en 1.884, la Ley 1420 establece la educación común, gratuita y la responsabilidad del Estado en la materia, pero no la educación laica; a pesar de que está difundido y la gente cree -incluso algunos historiadores lo plantean- que esa ley estableció la educación laica. Pero en realidad eso no existe en ninguna ley argentina. Es una discusión pendiente, que hay que profundizarla porque sino no vamos a modernizar nunca la escuela. Las universidades sí, las universidades públicas sí son laicas. Y esto por la reforma de 1918.
—¿Cómo piensan trabajar este nuevo proyecto de financiamiento educativo en un contexto que parece ir en la dirección contraria?
—Este proyecto no es contra nadie, sino que es la demanda de los trabajadores de la educación. El proyecto en primer lugar se discutió en todas las seccionales de base de la Ctera, se debatió cuál debía ser el monto del PBI razonable para destinar a Educación. Luego junto con un equipo de economistas trabajamos en un proyecto de ley que eleva la inversión del 6,5 por ciento al 10, un 8 para la educación obligatoria y un 2 para universidades y ciencia y tecnología.
—¿Por dónde debe pasar el debate de la educación hoy? ¿A qué se tienen que estar convocando los intelectuales y aquellos que creen que hay que resistir a este embate neoliberal?
—Yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico de la situación, que hay que poder decir con todas las palabras qué es lo que no se hizo bien. Creo que hay cuestiones que no se dicen. Algunos dicen que hay que hacer una autocrítica, pero no dicen: a ver, qué hicimos mal. Yo creo que desde el punto de vista educativo hicimos mal, desde el gobierno, en no reformar a fondo la escuela secundaria, en no avanzar en varias demandas sindicales de la paritaria, como por ejemplo cambiar las condiciones del trabajo docente; en no llevar mucho más a fondo los programas de capacitación docente. Son cosas que hay que modificar. Además hay que pensar un programa para adelante. No podemos seguir diciendo que nosotros pusimos la Asignación Universal por Hijo, tenemos que decir cuál va a ser el siguiente paso. No podemos decir que hicimos el programa Fines, debemos decir que el programa Fines debe sostenerse, pero debe llevarse de tal manera de que impacte en la educación secundaria y tradicional, por dar otro ejemplo.
