Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

Tres testigos sin conexión entre sí concuerdan en haber escuchado esa madrugada, la del viernes 14 de agosto de 2015, el grito de una chica: “No le pegués”. Otros vieron al receptor de la paliza agazapado entre unos autos estacionados, perseguido por patovicas y policías hasta una cuadra del lugar, donde se lo tragó la tierra. Ya nadie más lo vio. Un preso en la seccional tercera escuchó esa madrugada que entraban a un supuesto detenido, también oyó gritos y golpes. En el libro de guardia no quedó registro de ese ingreso, si es que se produjo. Los presos no tuvieron patio ese día. Había “quilombo” con un pibe desaparecido. Al chico que “se lo tragó la tierra”, una semana después, lo devolvió el agua del río Paraná. Su cuerpo apareció flotando a la altura del Puerto de Rosario, pero la autopsia determinó que no tenía líquido en los pulmones. Las pericias posteriores indicaron, con alto grado de probabilidad, que murió por asfixia seca. El cruel método, tal vez, de una bolsa envolviendo la cabeza de la víctima hasta dejarla sin oxígeno. El submarino seco. De los cuatro patrulleros asignados a la seccional tercera solo dos informaron sobre el itinerario guardado en su GPS, dos meses después de aquella madrugada. De los otros dos nada se sabe, aún. A una cámara de videovigilancia que captó al chico en el lugar donde “se lo tragó la tierra” se le borraron, al parecer, 20 minutos de grabación. Al que le gritaban “no le pegués” le encontraron en su teléfono celular trece contactos de policías. En su casa, allanada, dos chalecos tácticos que utilizan las fuerzas de seguridad. El registro de las antenas de telefonía móvil lo ubican, tres días después, en la zona del Puerto de Rosario.

La causa por la presunta privación ilegítima de la libertad de Gerardo Ezequiel Escobar, Pichón, se desperezó esta semana tras seis meses de siesta –por un conflicto de competencia– con las indagatorias de los cinco acusados, tomadas por el juez federal Marcelo Bailaque, que unos meses antes había desechado la competencia federal de la causa al entender que los hechos investigados no constituían un caso de secuestro seguido de muerte. Sino, un homicidio común cuya verdad histórica debía ser revelada y, en caso de hallar responsabilidades penales, sancionada con una condena en la Justicia ordinaria de la provincia de Santa Fe. La Cámara Federal no lo entendió así y el caso comenzó a moverse.

Los testigos

Al menos tres personas testimoniaron, mientras la causa estuvo en la Justicia provincial, haber oído lo mismo la madrugada del 14 de agosto. Una joven que gritaba “no le pegués”. Uno de los tres posee un recuerdo apenas más vago. En sede judicial dijo haber oído algo así como “no le pegués” o “no le pagués”. La escena, al parecer con antecedentes en el mismo sitio, transcurrió alrededor de las 5.45 en Tucumán y Sarmiento.

El que estaba en el piso era Gerardo Escobar, Pichón, un empleado municipal de Parques y Paseos de 23 años. El que lo miraba desde arriba, de pie, Cristian Vivas. Un custodio de 37 años perteneciente a la seguridad mixta entre policías adicionales y patovicas que tenía por entonces el after hour La Tienda, ubicado a media cuadra de la esquina por calle Tucumán.

Escobar había llegado al bar esa madrugada tras pasar por el Casino. Una cámara de seguridad del boliche lo muestra saliendo alrededor de las 5.45, aparentemente mareado por las bebidas alcohólicas que había tomado. Un presunto incidente con el automóvil de la encargada de La Tienda alertó a los tres patovicas del lugar y a los dos policías provinciales que prestaban servicios adicionales.

A Vivas lo acompañaban, esa noche, los patovicas José Luis Carlino –un ex barra de Newell’s–, y César Ampuero. El policía del Comando Radioeléctrico, Luis Noya, que mejoraba sus ingresos a través de adicionales, completaba el equipo mixto de seguridad de La Tienda junto a Maximiliano Anselmi, integrante también de la fuerza de seguridad pero con carpeta médica.

Lo siguieron por Tucumán hacia Sarmiento. Un chico que esa noche había ido al bar declaró que Escobar salió en el mismo momento que él y sus amigos.

“Este flaco (Escobar) se adelanta y se va para la calle (Sarmiento) y se para cerca de un auto oscuro Peugeot y pensé que se iba a subir pero siguió y ahí en la calle se da vuelta para frenar un taxi que no paró”, relató.

“Ahí vuelve al auto y se escucha un ruido –siguió–, no sé si algo roto. Nosotros cruzamos Sarmiento y ahí vemos que empieza a venir la gente de seguridad del bar que lo viene siguiendo, el flaco corre hasta mitad de cuadra por Tucumán, entre Sarmiento y San Martín”.

El testigo, cuya identidad se acredita en el expediente pero se mantendrá en reserva, es uno de los que indica que el patovica Vivas golpea a Escobar.

“Uno de los de seguridad llega caminando hasta donde está el pibe. Cuando vuelvo a mirar, el flaco estaba en el piso apoyado con los brazos hacia atrás mirando hacia arriba al de seguridad, que estaba junto a él. Siento un ruido como a golpe y se escucha una chica que grita «no le pegués»”, testimonió.

“En el mismo sentido declararon”, dijo la Cámara Federal, otros tres testigos, “respecto de la secuencia de los hechos y los supuestos golpes recibidos” por Escobar.

También Matías G., “quien se encontraba trabajando en calle Tucumán 1047, manifestó que escuchó gritos de una chica diciendo «no le pegués» y escuchó pasos fuertes y corridas”, señala el expediente.

Otro eventual testigo, independiente de los restantes, oyó lo mismo: “Edmundo B., vecino de la misma calle a la altura del 1060 dijo que vio que había diez o doce personas y que escuchó decir «pará, no pegués», o «no pagués»”.

De acuerdo a los testimonios, Escobar corrió por Sarmiento hacia Catamarca y se escondió, agazapado, entre vehículos estacionados. Finalmente, siguió con dirección a Catamarca, el último lugar donde se lo vio.

En la comisaría

Vecinos de la zona del bar declararon que existía una suerte de “acuerdo de seguridad ampliada” entre los dueños de La Tienda, que proporcionaban sus patovicas, y la seccional tercera, con jurisdicción en esa parte del centro de la ciudad. El entendimiento consistiría en que el boliche se hacía cargo, también y aunque no le correspondía, de garantizar la armoniosa convivencia en toda la cuadra, para evitar la queja de los vecinos.

Otros testimonios sumados a la causa señalan que era más o menos habitual que llevaran pibes desde el boliche a la comisaría. Un detenido en esa seccional declaró: “Siempre pasaba que se llevaban a los chicos que salían de los boliches y les pegaban, al rato los largaban y si estaban con causas los arreglaban con unos pesos”.

El paso de Escobar por la tercera es materia de discusión en el expediente. La teoría del caso elaborada por el abogado querellante de la familia de Pichón, Salvador Vera, expuesta a el eslabón, señala que “es levantado en Sarmiento y Catamarca y llevado a la comisaría tercera”.

“No se registró el ingreso, pensamos que Escobar muere en la tercera, luego es trasladado desde ahí, no sabemos si directamente hasta el río o a otro lugar y, de ser así, cuánto tiempo estuvo en ese otro lugar”, explicó.

Entre el 13 y el 16 de agosto, el libro de guardia de la comisaría no registra el ingreso del empleado municipal. Su presunto paso por la seccional de Dorrego al 100, en cambio, se sustenta en la declaración de un joven que en ese momento estaba detenido allí.

“Recuerdo que la noche del jueves entró un chico, pude ver el movimiento de gente pero no vi ninguna cara. Vi el personal de negro que llevan a este chico incomunicado a un lugar que no es el penal transitorio. Se escuchaban gritos, siempre le pegan a los que ingresan”, detalló. Y explicó, mediante un croquis, las barreras arquitectónicas que impiden ver al que llega: “Cuando ingresa un detenido al incomunicado lo ves entrar y escuchás los movimientos, pero no se pueden distinguir las caras”.

Cuando en la declaración testimonial le preguntaron cómo se entera de la desaparición de Escobar, respondió: “En la comisaría me entero escuchando una conversación entre los policías, quienes decían que había desaparecido este chico y que la familia lo estaba buscando. (…) Los policías decían que la familia estaba haciendo quilombo”.

Algo inhabitual ocurrió esa jornada para los detenidos en la tercera. Los “engomaron”. No hubo salida a ver el sol en el patio del penal. “Ese día cuando volví del (test) psicológico me dijo un policía que no iba a darme patio ese día porque había quilombo con un pibe desaparecido”, testimonió.

También le preguntaron al preso cómo eran los golpes que escuchaba. “Parecían de puños”. ¿Después de esa noche el trato del personal policial cambió? “Sí, cambió. Quedamos engomados (encerrados). Se cortó la salida al patio”, se explayó el joven, que por esos días iba ser trasladado a la unidad penal de Coronda.

Las defensas de los acusados señalan que de los 18 detenidos que había en ese momento en el penal de la tercera, sólo uno refiere haber escuchado el ingreso de un Pichón, al que no pudo ver. De ese modo procura rechazar que Escobar haya pasado por la seccional.

El punto no es menor. Para que el caso sea considerado como privación ilegal de la libertad es necesario demostrar la participación estatal en el asunto. Dos policías, uno con carpeta médica, estaban esa noche en el boliche y corrieron a Escobar. La querella particular busca probar que, además, fue levantado por un patrullero de la comisaría tercera y que estuvo en sus dependencias.

Dos de cuatro

Una de las medidas solicitadas para determinar si, efectivamente, un móvil policial llevó a Escobar hasta la seccional de Dorrego al 100 aquella madrugada, es la información de los GPS de las patrullas asignadas a la tercera. Que, esa noche, eran cuatro.

Recién dos meses después del requerimiento de la información por parte de la Fiscalía provincial que intervino en un primer momento en la investigación, el gobierno de Santa Fe envió la data, de modo parcial.

De los cuatro móviles se informó sobre la georeferenciación de dos. Uno estuvo en Funes, otro parado toda la noche en la puerta de la comisaría. De los dos restantes, nada se sabe aún.

Según los defensores, en los patrulleros cuyo derrotero es una incógnita, los GPS no funcionaban. Razón por la cual no se puede conocer sus reportes de ubicación. Los querellantes, en cambio, señalan que eso no está acreditado y están convencidos que uno de ellos levantó a Escobar de Catamarca y Sarmiento.

En los próximos días, explicó a el eslabón el abogado de la familia Escobar, espera poder reunirse con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, para tratar esa cuestión, crucial para la investigación.

Al apelar la decisión del juez Bailaque de rechazar la competencia federal de la causa –luego revocada por la Cámara– la querella se refirió a la ausencia de los reportes de ubicación de los móviles policiales como una reticencia estatal a resolver la causa.

Señaló que “la falta de reportes de datos de dos de los cuatro móviles policiales pertenecientes a la Comisaría 3º de Rosario, sin expresión de motivo o justificación de tales falencias, o fallas de funcionamiento que impidan su lectura, sumado a la incorporación de dicha información luego de dos meses de su requerimiento formal, constituye una reticencia del Estado a brindar información relevante sobre la investigación, constituye un elemento más que importante dentro de las múltiples evidencias que integran la presente causa”.

Contactos

Mientras el expediente del caso Escobar estuvo en la Justicia provincial, el patovica Vivas fue imputado como presunto autor del homicidio, mientras que a sus consortes de causa –los otros dos personal de seguridad y los dos policías adicionales– les achacaron el encubrimiento del asesinato.

Ahora, el fiscal federal Federico Reynares Solari los acusa, a todos, de privación ilegal de la libertad.

En la pericia del teléfono de Vivas los investigadores encontraron datos que refuerzan la hipótesis de la participación policial.

En el móvil del patovica se encontraron más de 13 contactos telefónicos policiales, entre los que figura la seccional tercera. La querella sostiene que el vínculo entre el personal de seguridad de La Tienda y la policía era fluido, tal vez como consecuencia del acuerdo de seguridad ampliada señalado por los vecinos del boliche.

Otro elemento llamativo del caso es que cuando la policía allanó el domicilio particular de Vivas, secuestró dos chalecos tácticos “sin revestir éste la calidad de agente policial”.

Tras la misteriosa desaparición de Pichón la madrugada del 14 de agosto, sus amigos activaron una aplicación para teléfonos móviles llamada Phone Tracker con el fin de tratar de ubicar su equipo.

El resultado del rastreo indicó que el teléfono de Escobar habría estado en inmediaciones de la vivienda de Vivas, lo que motivó su posterior allanamiento.

“Los dos teléfonos complican a Vivas. El de Escobar porque la búsqueda del Phone tracker lo plantea cerca de su casa”, dijo el abogado Vera. Y “la llamada que recibe él a las 20 o 21 (del domingo siguiente a la desaparición) y las dos que hace alrededor de la medianoche en la zona del Puerto”, donde cuatro días después apareció flotando el cuerpo del joven asesinado.

La defensa de Viva asegura que el patovica estaba demorado ese día, por lo tanto el rastreo de su teléfono no podría ubicarlo en el área portuaria. Vera contrapone, sin embargo, que “eso no está acreditado en la causa”.

Una de las medidas adoptadas por la investigación fue solicitar un informe al FBI sobre el derrotero del teléfono de Escobar. Y determinar si estuvo una semana en el agua junto a su cuerpo, o fue colocado cuando lo encontraron, como presume la querella.

Medidas pendientes

Entre las pruebas que debería comenzar a producir el juzgado federal de Bailaque, para avanzar en la dilucidación del caso, hay una pedida por la parte querellante. Se trata de la pericia de una cámara de videovigilancia ubicada en Catamarca y Sarmiento, el último lugar en que testigos vieron con vida a Escobar.

Las grabaciones fueron incorporadas al expediente judicial por solicitud de la fiscal provincial. Pero para la querella faltan 20 minutos, justo en el momento en que el joven está allí. Según Vera, “evidentemente hubo una manipulación, hay 20 minutos borrados. Por eso pedimos que se haga una pericia y se solicite el disco duro” de la cámara, a los efectos de determinar si efectivamente existen más imágenes que las hasta ahora aportadas.

Se trata de una cámara de videovigilancia privada, perteneciente a un estudio jurídico ubicado en la zona.

Otra pericia que aún resta producir en la causa por la muerte de Pichón es la relacionada con las presuntas lesiones que sufrió antes de morir por asfixia seca. “Quedan pericias por golpiza que sufrió, edema en los testículos, en el pene, desprendimiento de las partes blandas del tabique nasal”, enumeró Vera.

“Y la gran inflamación –continuó– que tenía en la masa encefálica”. Esos estudios se habían encargado al cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero mientras la causa estuvo parada por el conflicto de competencia entre las Justicias provincial y federal los exámenes se detuvieron. A un año de la muerte de Pichón todavía no se pudo establecer, por medios científicos, si fue golpeado y, en tal caso, si quedaron huellas. Por ahora están los testimonios que ubican a Vivas en la esquina de La Tienda, pegándole.

Mientras se aguarda la producción de esas medidas de prueba, el juez Bailaque les tomó esta semana declaración indagatoria a los cinco implicados. El martes fue el turno del policía Noya; el miércoles declaró Vivas. El jueves el ex barra leproso Carlino y el custodio privado Ampuero. Mientras que el viernes ejerció su defensa Anselmi, el integrante de la fuerza de seguridad santafesino que, al momento de los hechos, estaba con carpeta médica. El juez tiene ahora diez días hábiles para resolver la situación procesal de los acusados.

Un barra como patovica

A los pocos días del asesinato de Gerardo Escobar el defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, reveló que uno de los patovicas imputados por el caso integró la barra de Newell’s Old Boys. Se trata de José Luis Carlino, alias Tarta, quien en septiembre de 2010 fue incluido en una lista judicial conformada por un centenar de barras Leprosos con prohibición de ingresar al Coloso del Parque Independencia, en la que también aparece el nombre de Monchi Cantero, el hermano de crianza de Los Monos, cuyo nombre es Ramón Machuca.

Esa restricción fue el resultado de una denuncia efectuada por el líder de la barra, Diego Panadero Ochoa, luego de que un grupo de hinchas liderado por Maximiliano Quemadito Rodríguez y Matías Pera lo bajara a trompadas de un paravalancha el sábado 4 de septiembre de 2010, lo dejara en calzoncillos y lo obligara a abandonar el estadio.

El Tarta Carlino, referente del barrio Saladillo en la barra leprosa, quedó afuera del estadio por participar del grupo que intentó desplazar al Panadero Ochoa, quien en su denuncia dijo que sus rivales querían vender estupefacientes en la barra. “Lo que ellos quieren es agarrar a esos referentes para venderles droga… Hay más negocios, como tener relación con los policías”, denunció el humillado barrabrava.

De Yamper a La Tienda

El dueño del after hour La Tienda –rubro que no existe en la legislación de la actividad nocturna de Rosario– es el comerciante Bautista Yassogna, titular de Event Sur SRL, la firma que explotó la conocida bailanta Yamper de la zona sur de la ciudad.

En la puerta de ese boliche de Ovidio Lagos 4564 hubo varias balaceras y en junio de 2013 murió tiroteado un policía que, otra vez, realizaba servicios adicionales. Finalmente fue clausurado por el municipio.

El 25 de febrero de 2008, Bautista Yassogna, que tiene 80 años, constituyó la sociedad Event-Sur SRL junto a un socio con el que se repartió la mitad de las acciones. Esa sociedad que se inició con un capital de 40 mil pesos –y con el tiempo fue cambiando de accionista pero siempre mantuvo a Yassogna como socio– es la que explotó la bailanta Yamper y el fatídico after hour La Tienda.

En el boliche de calle Tucumán se recicló como personal de seguridad el ex barra de Newell’s, José Luis Tarta Carlino. A Yamper solían ir los cabecillas de Los Monos hasta la muerte de Claudio Cantero, el Pájaro, que la noche que fue asesinado a la entrada de un boliche de Villa Gobernador Gálvez había visitado, antes, la bailanta Yamper.

Fuente: El Eslabón

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