Hay un plan de represión en marcha. Y se apoya en dos normas: un decreto firmado por Temer y la ley antiterrorista suscripta por Dilma bajo presión del mundo de las finanzas. Agentes de inteligencia infiltran organizaciones sociales y pagan a potenciales delatores. El FBI y los marines patrullan las calles.
Las manifestaciones en contra del gobierno ilegítimo de Michel Temer se repiten en todo el país. Y también la brutal represión por parte de la policía, que ya dejó heridos graves. Hay un plan represivo en marcha en Brasil. Además de ser el fiel reflejo del carácter conservador y antipopular de un gobierno encargado de llevar adelante la restauración conservadora a cualquier precio, la represión sistemática a la protesta social se apoya en dos normas: un decreto firmado por Temer apenas se hizo cargo del gobierno como presidente interino, y la ley antiterrorista firmada por la propia Dilma Rousseff, presionada por las corporaciones y el mundo de las finanzas.
En junio de 2016, pocos días después de la suspensión de Dilma que tuvo lugar el 12 de mayo, una de las primeras acciones de gobierno del presidente Temer fue firmar el decreto 8793, denominado “Nueva Política Nacional de Inteligencia”, que autoriza y recomienda infiltrar agentes en universidades, ministerios y otras reparticiones públicas, y movimientos sociales.
Con claras y ominosas resonancias de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el decreto permite que los organismos de inteligencia coopten y paguen a aquellos empleados públicos o estudiantes que eventualmente acepten delatar a sus colegas.
Y efectivamente, los manifestantes que vienen participando de las marchas bajo la consigna “Fuera Temer” y “Elecciones directas ya” confirman que hay infiltrados en las universidades y en los movimientos sociales y campesinos. Es imposible exagerar la gravedad de esta medida. Tan imposible como no hacer una comparación con el accionar de las dictaduras militares que asolaron la región en décadas pasadas.
La ley antiterrorista, en cambio, no es un decreto de Temer. Es una norma firmada por la misma Dilma Rousseff, en marzo de 2016. Fue de las tantas concesiones que durante su último gobierno hizo a los poderes fácticos, la patria financiera y las presiones de Estados Unidos. Fue uno de los graves errores que la hizo “dormir con el enemigo” y dejó a su gobierno indefenso ante los embates cada vez más feroces de los golpistas.
Para Temer, que como vicepresidente presionó a favor de esa ley, la norma es hoy una hermosa herencia, a medida de las necesidades de un gobierno antipopular que intenta sostenerse con la represión sistemática de las protestas, a los palos.
A la mentira y la manipulación, formas de violencia simbólica que posibilitaron el golpe a través de una farsa de juicio político, se suma ahora la violencia física, brutal, indiscriminada, para que la gente acepte el gobierno a los palos.
Apenas asumió, el 31 de agosto, en su primera reunión de gabinete, Temer se sentó en la cabecera de una sala del Palacio del Planalto y a su derecha se ubicó el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, una pieza importante en el nuevo engranaje de poder y de su escalada represiva.
De Moraes, con quien Temer mantiene una relación de larga data, es defensor de la nueva ley antiterrorista. La norma, en algunos casos, equipara a los manifestantes con guerrilleros urbanos que ponen en peligro la seguridad nacional. Si un manifestante rompe una vidriera, por ejemplo, o bloquea el tránsito, puede ser acusado de violar la seguridad nacional.
El sociólogo y profesor de Relaciones Internacionales de la Pontífice Universidad Católica de Sao Paulo, Reginaldo Nasser, señaló que la ley antiterrorista “tiene como objetivo criminalizar a los que no son terroristas, el terrorismo es un caballo de Troya, hay otras cuestiones que vienen con él”.
Invasión yanqui (con marines y todo) durante los Juegos Olímpicos
Los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Río de Janeiro entre el 5 y el 21 de agosto de 2016 sirvieron para probar esa ley, con la ayuda, siempre estimada hasta el cholulismo por las derechas de la región, de la policía federal de EEUU (FBI) y el cuerpo de marines de ese país, que patrulló las aguas de la bella bahía de Guanabara. De hecho, por estos días y hasta el 18 de septiembre, el operativo continúa, porque se están realizando en Río los Juegos Paralímpicos.
Y no faltó el show ni el vodevil. En los días previos al inicio de los Juegos Olímpicos, la Policía Federal detuvo a doce personas en diferentes estados por sospechas de tener vínculos con el Estado Islámico, en una operación llamada Hashtag.
Fueron las primeras detenciones en Brasil relacionadas con la ley antiterrorista. Dilma la firmó en marzo de 2016 y ahora Temer se regodea con la norma, que en manos de un gobierno represivo constituye un peligro mayúsculo.
Las detenciones fueron anunciadas con bombos, platillos y mojiganga en una conferencia de prensa (con la impronta de Patricia Bullrich) el día 21 de julio. El show estuvo encabezado por el gran defensor de la ley antiterrorista, el ministro Moraes.
Según Moraes, los sospechosos preparaban un atentado contra las olimpiadas. Pero con el correr de los días fue quedando claro que las pruebas eran muy endebles. Para realizar las detenciones se utilizaron comentarios en redes sociales y mensajes. Los servicios de inteligencia de Brasil fueron alertados sobre las comunicaciones de los acusados por el FBI.
Las marchas para que se vaya Temer y se llame a elecciones se repiten. En San Pablo, la semana pasada, se reunieron más de 100 mil personas. “Eran unos cuarenta manifestantes”, dijo Temer desde China. Después tuvo que retractarse. El miércoles 7, decenas de miles de personas marcharon por diez ciudades de Brasil en el marco de la tradicional marcha del “Grito de los Excluidos”. La movilización es convocada cada año por un grupo de organizaciones sociales, entre las que está la Conferencia Nacional de Obispos, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, y la Central Única de los Trabajadores, entre otras.
El pueblo brasileño le sigue poniendo el cuerpo a la democracia, pese a todo.
Denuncia por brutalidad policial ante la OEA
El mismo día en que tuvo lugar la farsa de juicio político con que se consumó el golpe de Estado, el miércoles 31 de agosto, una bala de goma policial le vació el ojo izquierdo a la estudiante Débora Fabri, de 19 años. “Una chica quedó ciega y si esto continúa así en algún momento alguien puede morir. Esto no puede ser consentido, el terrorismo de Estado es algo gravísimo, es así como comienzan las dictaduras”, dijo Dilma ante corresponsales extranjeros, según informó el diario Página|12.
“No vinieron a dispersarnos, directamente vinieron a golpearnos con todo, y a la gente que se retiraba corriendo la perseguían para pegarle”, señaló una manifestante a Página|12. La joven, según señala la nota, pidió al cronista de ese diario que por favor no revelara su nombre porque “ahora las cosas empeoraron, te controlan por todas partes, dicen que en las universidades hay informantes”.
Y como las Fiscalías de Brasil no se muestran muy dispuestas a tomar las denuncias, las víctimas de la represión recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En este contexto de represión sistemática, resuenan con cada vez más fuerza las advertencias que realizó Dilma ante un grupo de periodistas, dos días después del derrocamiento. La ex presidenta advirtió que las “dictaduras” y el “terrorismo de Estado” pueden ser gestionados por civiles o militares. Es un diagnóstico ominoso, además de preciso, porque apunta al corazón mismo del espíritu de estos tiempos: ya no se necesitan las fuerzas armadas para dar golpes de Estado.
Ahora hay mecanismos más sutiles, engañosos y cínicos. Pero el resultado es el mismo. Y además, con la violencia simbólica de la mentira y la manipulación no alcanza. Ante el rechazo popular, los gobiernos neoliberales deben echar mano a la violencia física. Palos, gases y balas.
Fuente: El Eslabón
