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Las segundas partes de las películas, sostiene un dicho dogmático sobre el mundo del cine, nunca fueron buenas. Una apreciación absoluta cuya veracidad debe comprobarse en cada caso. A partir de los próximos días los santafesinos tendrán la posibilidad de realizar esa verificación con el segundo arribo de las fuerzas federales en apenas dos años, en cantidades aún no precisadas pero bajo el mismo método de la “ocupación del territorio”.

Una muestra irrevocable del déficit no superado por Santa Fe en materia de seguridad pública y control de su policía. En la parte II, “El Regreso de los Verdes” presenta un condimento nuevo: quien los envía es un Gobierno que ha declarado “la guerra al narcotráfico”, conflicto bélico cuyos ineficaces resultados han quedado de manifiesto allí donde se aplicó esa política guerrera, que produce efectos analgésicos en el corto plazo y fracasa en un horizonte más extendido.

Aspirina social

El envío de más gendarmes –hay unos tres mil actualmente en la provincia de Santa Fe, ochocientos de ellos en Rosario- produce, como se dijo, una sensación de alivio en lo inmediato. Ese efecto analgésico fue comprobable cuando en abril de 2014 el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, aterrizó en la ciudad con dos mil verdes para reventar casi 70 búnkeres y decomisar casi nada de droga, con apenas un puñado de detenidos.

Sin embargo, ese segmento social que por pereza intelectual los medios de comunicación suelen reducir a la categoría de “la gente”, aplaudió la virtual intervención de la seguridad santafesina.

Existía una razón tangible: en las calles se comenzaban a ver efectivos patrullando y realizando controles, un paisaje infrecuente para la mirada de los rosarinos. Aquel operativo tuvo por objetivo otorgarle tiempo al gobierno provincial para crear un policía que ofreciera soluciones en vez de problemas. Nacieron así las policías Comunitaria y la de Acción Táctica. El Regreso de los Verdes, dos años después, explica mejor que cualquier análisis el resultado de aquellos apresurados partos.

Para el gobierno de Santa Fe, en esta ocasión existe una destacable diferencia respecto al arribo de fuerzas federales durante el kirchnerismo. Ahora, dice el gobernador Miguel Lifschitz, se produce de un modo coordinado. Azules y verdes no se mezclarán, promete, sino que se complementarán. Veremos. Los celos y rencillas entre fuerzas federales y provinciales tienen antecedentes históricos. Y negativos.

La otra diferencia, no marcada públicamente pero que abre un temible interrogante, es el contexto bélico que Cambiemos le imprime a su “combate al narcotráfico”. La intervención de hecho de Santa Fe será, así, el ensayo de un modo de intervención en materia de seguridad pública que probará la eficacia del Gobierno de Mauricio Macri.

Si bien los resultados se podrán mensurar en el futuro, algo ya se puede adelantar. Tras la declaración de emergencia en seguridad en todo el país, la ministra Patricia Bullrich lanzó un plan federal cuyo nombre puede confundirse con lo ambicioso de las metas trazadas, cuando en realidad denuncia su irrevocable carácter ficcional: “Argentina sin narcotráfico”.

Es decir que, mientras en la mayoría de los países del mundo el consumo de sustancias prohibidas crece y el tráfico de drogas acompaña ese incremento de la demanda, Argentina no se propone reducir los índices actuales –una política sensata- o bajar los niveles de criminalidad vinculados al fenómeno, sino directamente construir un territorio libre de narcotráfico. Una increíble manera de preanunciar el fracaso, por la irrealidad de los objetivos planteados.

Paz a los tiros

La respuesta oficial a las masivas movilizaciones en Rosario “contra la inseguridad” o en demanda de una mejor seguridad pública, realizadas en un contexto de temor y angustia social, es el avance de un Estado policíaco. Que redundará, probablemente, en el adelgazamiento de derechos civiles de los sectores más descuidados por el mismo Estado que los marginó y ahora los señalará como motivo del problema –previa construcción de un prejuicio de clase- y los perseguirá.

El enemigo está claramente recortado: joven, moreno y de barrio marginado. Si se sube a una moto, su peligrosidad aumenta. Como se informó en el eslabón hace dos semanas, ese sector social es el que aporta, de acuerdo a las estadísticas oficiales, el mayor número de víctimas y victimarios, que son muy parecidos entre sí.

De los homicidios dolosos de 2014, el 94 por ciento fueron varones. El 67 por ciento tenía menos de 35 años.

Recién cuando los asesinatos traspusieron ese límite socialmente admitido para incluir a víctimas de clase media, Rosario comenzó a sangrar.

Lo que en pequeña escala se intentará en el laboratorio santafesino fue probado anteriormente en otros países latinoamericanos: México, Colombia y Brasil.

El primero cuenta más de cien mil asesinatos en pocos años; el segundo con bandas paramilitares y aumento de la producción y tráfico de sustancias ilícitas; el tercero con la estéril militarización de las favelas (equiparables a las villas argentinas) de Rio de Janeiro, regadas de sangre y frustraciones.

Los resultados fueron desastrosos. Enormes cantidades de muertos, en su mayoría jóvenes provenientes de sectores populares, e intensificación del problema del tráfico de drogas.

El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, alertó sobre el asunto. “El resultado de eso fue que hoy la primera exportadora de cocaína de América, hacia Europa, es Colombia y tiene 20 mil muertos, la mayoría de esos muertos son chicas y chicos menores de 25 años de sectores populares. El segundo exportador es Brasil, con 20 mil desaparecidos. Y el tercer exportador es Argentina”, señaló.

“Cuidado con lo que proponemos como idea superadora: la llegada de Gendarmería al territorio nacional, porque es la misma Gendarmería la que deja entrar toneladas de cocaína por la frontera”, agregó.

El legislador pidió no caer “en las viejas recetas conocidas de la guerra contra el narcotráfico que termina siendo funcional a controles sociales sobre las juventudes de los sectores populares, porque ha pasado así en la historia del mundo”.

“Las leyes que tienen que ver con el narcomenudeo o la llegada de fuerzas nacionales son alentadas por contextos en los que generalmente lo primero que hay son ajustes, despidos y emergencia social, mientras la guerra contra el narcotráfico no se resuelve”, advirtió Del Frade.

El crimen justo

Un usuario de Twitter posteó: “Algún carnicero que quiera perseguir al CHORRO DE NIEMBRO??? AFANO 22 millones, está libre…”. Se refería, de ese modo, al meneado caso del carnicero de Zárate que atropelló con su auto a un hombre que lo había robado en su comercio.

Si bien aún no está probada ni la responsabilidad penal ni la inocencia del comentarista deportivo y frustrado candidato a diputado del PRO, Fernando Niembro, en el affaire por los cuantiosos dineros recibidos a través de una de sus empresas de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Macri, el twit ilustra eficientemente el carácter selectivo que posee una parte de la sociedad sobre a quién está bien matar y a quién no. Los asesinatos legítimos y las víctimas ilegítimas, ambas previamente construidas.

Los dichos del presidente Macri al respecto, quien solicitó la excarcelación del carnicero porque es un “ciudadano sano”, contribuyen a comprender la lógica que Cambiemos le quiere imprimir a la seguridad pública.

Los dichos de Macri son, desde el punto de vista jurídico, comprensibles. Planteó que si no existía riesgo de fuga, el carnicero acusado de homicidio simple no debía estar más tiempo detenido y regresar a su hogar. Es decir, lo que establecen las normas procesales.

Pero el caso de presunta justicia por mano propia, que no es justicia sino venganza, reviste peligrosidad si es alentado por la máxima figura política del país. De hecho, el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, se vio obligado a aclarar que “la justicia por mano propia no ayuda en este proceso, sino que agrava y profundiza la situación”.

De todos modos, la señal política es clara e inapelable. La “gente” se cansó de los hurtos y robos y, ante la falta de una adecuada respuesta policial y penal a esos problemas, troca robo por homicidio. Una respuesta desmedida, más grave incluso que comerse al caníbal.

Lo contradictorio es que quien debe garantizar desde el Estado estándares mínimos de seguridad pública, sea quien aliente la ley de la selva.

Guerra al pucho

Las cuestiones vinculadas a la seguridad pública y el narcotráfico están plagadas de prejuicios y lugares comunes. Algunos más cercanos a la realidad, otros pura construcción ficcional. Uno de ellos señala que “las drogas matan a nuestros hijos”.

Pero, ¿qué drogas? Según el último informe oficial del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) sobre consumo de sustancias psicoactivas, publicado en agosto de 2014 pero sobre datos de 2011, en Santa Fe el 81,91 por ciento de las Muertes Relacionadas al Consumo de Drogas (MRCD) se produjeron por el tabaco. El 16,9 está vinculado al alcohol y sólo el 0,88 a “sustancias ilícitas”. El 0,3 de esos fallecimientos obedece a “sustancias de uso prohibido”.

Fuente: El Eslabón

 

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Un comentario

  1. Avatar

    Vicky

    19/09/2016 en 9:54

    Acaso no genera más terror mediático, titular entre líneas y de forma tan liviana una nota de este tipo como «Rosarilombia»? Primero fue la Chicago Argentina y ahora la Medellín de Argentina, reproducir este tipo de discursos, así sea sólo por la referencia sin aludir a un contexto más amplio, termina por respaldar el argumento que habilita en el sentido común la llegada de los gendarmes a la ciudad y la crítica que pretenden hacer queda en la nada misma.

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