Policías de la seccional 7ma están “a un paso de las indagatorias” por su presunta participación en el asesinato de Franco Casco (20), el joven de Florencio Varela desaparecido en Rosario el 6 de octubre de 2014 cuyo cuerpo fue hallado 22 días después flotando en el río Paraná. Este jueves a las 18 habrá un acto en tribunales federales.

Al cumplirse dos años de la muerte de Casco, la causa por desaparición forzada de personas que tramite en la Justicia Federal comienza a moverse con el pedido de declaraciones indagatorias que preparan el fiscal del caso y las querellas particulares. Guillermo Campana, representante de la familia de Casco, dijo que “estamos a un paso de las indagatorias” puesto que “la investigación está avanzada y hay mucha prueba producida”.

Por una cuestión de estrategia procesal, el abogado prefirió no detallar sobre quiénes recaerán los pedidos de declaración, aunque aclaró que se trata “del personal de la seccional 7ma” donde fue visto por última vez con vida la víctima.

Campana explicó que de acuerdo al planteo que realizarán los querellantes particulares junto al fiscal federal Marcelo Degiovanni, se acusará “por distintas participaciones dentro del delito de desaparición forzada, tanto por la realización como por el encubrimiento”.

Franco Casco desapareció el 6 de octubre de 2014 luego de despedirse de unos parientes de Rosario, para ir a abordar un tren que lo llevara de regreso a su casa de Florencio Varela. Tras pasar por la seccional 7ma de Rosario, donde habría estado demorado unas horas, el joven desapareció hasta que su cuerpo fue encontrado por Prefectura Naval el 30 de ese mes flotando en el río Paraná, a la altura de la costanera central de Rosario.

Según la querella, Casco fue “secuestrado” el 6 de octubre por la noche y fue “golpeado y torturado” en la comisaría, donde habría muerto. “Después lo fondearon en el río, aunque no sabemos con exactitud cuándo”, refirió Campana, quien añadió que «se pudo determinar a través de la autopsia que ingresó sin vida al agua –siguió el abogado– y que fue para ocultar el cuerpo como un elemento clave del delito”.

La versión policial, en tanto, sostiene que el joven de Florencio Varela fue demorado el 7 de octubre al mediodía y que esa noche fue dejado en libertad por orden de un fiscal, tras la rutinaria revisión médica. Para Campana, “el acta del médico está fraguada” y el joven fue detenido la noche anterior.

El caso fue tramitado en un primer momento por la Justicia ordinaria de Rosario hasta ser recaratulado como desaparición forzada de persona, por la presunta participación policial, lo que obligó el traspaso del expediente a la órbita federal.

Este jueves a las 18, frente a los tribunales federales de Rosario, familiares y organizaciones sociales realizarán un festival para recordar los dos años de la desaparición del joven.

«Familiares de Franco Casco junto a organizaciones sociales, gremiales, políticas y de Derechos Humanos vienen multiplicando acciones para denunciar los hechos y construir justicia popular, tanto dentro como fuera de los tribunales», señala el evento de Facebook desde el que se invita para este jueves a un acto «al cumplirse dos años de la desaparición y asesinato nos convocamos frente a Tribunales (Oroño y Rioja)».

«Ante este hecho de violencia institucional, resulta indispensable el esclarecimiento de los hechos, teniendo en cuenta la potencial responsabilidad internacional del Estado argentino», añade la convocatoria, que reclama «el compromiso del mayor número de actores sociales e institucionales posible a los efectos de visibilizar el estado de la causa y de dialogar sobre los aportes necesarios para su esclarecimiento y la necesidad de evitar que sucedan acontecimientos similares». El acto incluye un festival con grupos culturales y musicales de la ciudad.

Por Jonatan Herrera

“A Jonatan lo mató la policía”, “NO al juicio abreviado”, “NO a la unificación de querella”, fueron algunas de la consignas que se escucharon este miércoles en los Tribunales provinciales de boca de los familiares de Jonatan Herrera, el joven que el 4 de enero de 2015 fue asesinado por agentes de la Policía de Acción Táctica provincial (PAT).

Los pedidos y reclamos de la familia para que el hecho no quede impune y cree un precedente importante en la provincia de Santa Fe sumó un episodio más este miércoles, cuando la madre de Jonathan, junto a sus abogadas, Analía Abreu y Cintia Garcilazo presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del Juez Penal de 2da Instancia, Alfredo Ivaldi Artacho. El magistrado había decidido unificar la personería de las dos querellas que tiene la investigación, una en manos de la madre, y la restante presentada por la mamá del hijo de Herrera quien está asesorada por los abogados Gustavo Feldman y Paul Krupnik.

 

Fuentes: Redacción Rosario/Télam

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