El fiscal ante la Cámara Federal de Rosario, Claudio Palacín, consideró “apresurada” la decisión del juez federal N°4, Marcelo Bailaque, de sobreseer a los tres patovicas y dos policías imputados por la muerte de Gerardo Pichón Escobar, el empleado municipal que desapareció a la salida de un after hour de Tucumán 1149 el 14 de agosto de 2015 y apareció flotando sin vida en el río Paraná siete días más tarde. En la audiencia de apelación que tuvo lugar esta semana, Palacín se preguntó “qué intereses” hay detrás de la causa para que el juez dictara los sobreseimientos, y señaló que en 35 años de carrera judicial nunca vio una premura semejante sin investigación previa. En dos semanas, los camaristas deberán resolver por un lado el planteo de apartamiento del caso del juez Bailaque y la apelación de los sobreseimientos dictados en agosto pasado.
El abogado querellante por la familia de Escobar, Guillermo Campana, dijo a El Eslabón que durante la audiencia se planteó “la arbitrariedad del fallo de Bailaque”. “Nos parece una resolución arbitraria porque lo que hizo el juez fue desglosar las pruebas, analizarlas por separado y de manera parcial”, amplió el abogado.
Para Campana, la decisión de Bailaque de desligar del caso a los cinco acusados por la muerte de Escobar sin profundizar la investigación, se explica porque “fue recortando las pruebas en base a lo que él tenía decidido de antemano, que era sobreseer a los imputados”.
El abogado recordó, además, que en la resolución apelada el magistrado “expuso las cuestiones de los exámenes médicos y de las conclusiones médicas que arrojaron que Gerardo entró sin vida al río, y que murió por asfixia seca. Lo menciona en sus consideraciones pero no en las conclusiones, y deja entrever una duda sobre la posibilidad de que haya sido un accidente, pero no dice qué es”. Por esa razón fue apelada.
La autopsia del cuerpo de Escobar determinó que no había agua en sus pulmones. Es decir, que no murió ahogado en el río Paraná, sino que lo tiraron o cayó al mismo ya sin vida.
Los estudios forenses indicaron, con alto grado de probabilidad, que la causa de la muerte fue por “asfixia seca”.
Pichón fue visto por última vez con vida al salir la madrugada del 14 de agosto del año pasado del after hour La Tienda, y tres testigos declararon –mientras la causa estuvo en la Justicia ordinaria- que fue golpeado por Cristian Vivas, un custodio de 37 años perteneciente a la seguridad privada del boliche.
La grabación de una cámara de videovigilancia incorporada al expediente muestra al patovica golpeando al empleado municipal en calle Tucumán cerca de la intersección con Sarmiento.
Para el abogado Campana, el juez “trata de desvirtuar la prueba contra los imputados y se contradice”. Porque, explicó, “primero dice que no está determinado quién es el que golpea a Escobar, y en otra parte del fallo sostiene que tiene probado que es Vivas, pero que no son tan grave” los golpes. “Denotada la necesidad de desligar a los imputados”, interpreta Campana.
En la audiencia del miércoles pasado, tanto los abogados que conforman la querella particular de la familia de Escobar cuanto el fiscal Palacín, le solicitaron a la Cámara Federal el apartamiento de Bailaque de la investigación.
Además, las partes fundamentaron la apelación del fallo del juez que dictó el sobreseimiento de Vivas y de los otros cuatro imputados: los patovicas José Luis Carlino –un ex barra de Newell’s– y César Ampuero; y los policías Luis Noya y Maximiliano Anselmi. Los dos uniformados prestaban servicio adicional en el boliche La Tienda, y el último tenía carpeta médica en la fuerza de seguridad.
La investigación
Para los querellantes, la decisión de Bailaque de desligar del caso a los acusados es arbitraria, pues no profundizó la investigación ni analizó en su conjunto el material probatorio existente.
Apenas recibió el expediente, que había comenzado a tramitarse en la Justicia provincial pero luego fue recaratulado como desaparición forzada de personas y pasó a la federal, el magistrado rechazó la competencia.
En esa resolución, sostuvo que no había elementos para considerar que la muerte de Escobar pudiera considerarse una desaparición forzada de persona. Delito que, únicamente, puede cometer un agente del Estado. Es decir, un policía.
Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo y le ordenó al juez de primera instancia que investigara el caso. No fue lo que hizo Bailaque. El magistrado llamó a indagatoria a los cinco acusados, sin solicitar ninguna medida de prueba adicional a las recolectadas por la investigación de la Justicia provincial. “Los imputados no iban a autoincriminarse”, sostuvo Campana.
Como eso no ocurrió, el juez dictó entonces el sobreseimiento de todos. Un dato llama la atención y realza el planteo de premura en la decisión que señaló el fiscal Palacín y con el que coinciden las querellas. Las defensas de los tres patovicas y los dos policías habían pedido que dictara la falta de mérito. Pero el juez fue más allá y los desligó del caso.
Pata policial
La presunta participación policial –es decir, del Estado- en el caso Escobar, lo que ameritaría la figura de la desaparición forzada, no sólo está fundada en los dos efectivos que prestaban adicionales en La Tienda. También existen indicios de que Pichón fue llevado a la seccional tercera.
El paso de Escobar por la comisaría es materia de discusión en el expediente. La teoría del caso elaborada por el abogado querellante de la familia de Pichón, Salvador Vera, señala que “es levantado en Sarmiento y Catamarca y llevado a la comisaría tercera”.
“No se registró el ingreso, pensamos que Escobar muere en la tercera, luego es trasladado desde ahí, no sabemos si directamente hasta el río o a otro lugar y, de ser así, cuánto tiempo estuvo en ese otro lugar”, explicó.
Entre el 13 y el 16 de agosto, el libro de guardia de la comisaría no registra el ingreso de Pichón. Su presunto paso por la seccional de Dorrego al 100, en cambio, se sustenta en la declaración de un joven que en ese momento estaba detenido allí.
“Recuerdo que la noche del jueves entró un chico, pude ver el movimiento de gente pero no vi ninguna cara. Vi el personal de negro que llevan a este chico incomunicado a un lugar que no es el penal transitorio. Se escuchaban gritos, siempre le pegan a los que ingresan”, detalló.
Y explicó, mediante un croquis, las barreras arquitectónicas que impiden ver al que llega: “Cuando ingresa un detenido al incomunicado lo ves entrar y escuchás los movimientos, pero no se pueden distinguir las caras”.
Cuando en la declaración testimonial le preguntaron cómo se entera de la desaparición de Escobar, respondió: “En la comisaría me entero escuchando una conversación entre los policías, quienes decían que había desaparecido este chico y que la familia lo estaba buscando. (…) Los policías decían que la familia estaba haciendo quilombo”.
Algo inhabitual ocurrió esa jornada para los detenidos en la tercera. Los “engomaron”, es decir, no hubo salida a ver el sol en el patio del penal. “Ese día cuando volví del (test) psicológico me dijo un policía que no iba a darme patio ese día porque había quilombo con un pibe desaparecido”, testimonió.
La querella que representa a la familia también reclama que el juez adopte otras medidas pendientes. Por ejemplo, determinar si uno de los videos incorporados a la causa fue adulterado, como creen los abogados de los Escobar.
También solicitaron en su momento que se investigue la presunta activación del teléfono de Vivas en una celda de telefonía cercana al puerto de Rosario, dos días después de la desaparición del joven. Cerca de ese sitio apareció cinco días más tarde el cuerpo de Escobar.
En la pericia efectuada al teléfono móvil de Vivas –cuando el caso fue seguido por la Justicia provincial- los investigadores encontraron datos que refuerzan la hipótesis de la participación policial. En el celular del patovica se encontraron más de 13 contactos telefónicos policiales, entre los que figura la seccional tercera. La querella sostiene que el vínculo entre el personal de seguridad de La Tienda y la policía era fluido, tal vez como consecuencia del acuerdo de seguridad ampliada señalado por los vecinos del boliche.
Otro elemento llamativo del caso es que cuando la policía allanó el domicilio particular de Vivas, secuestró dos chalecos tácticos “sin revestir éste la calidad de agente policial”.
En dos semanas, la Cámara Federal resolverá si los pasos dados por el juez Bailaque –y cuestionados por la fiscalía y las querellas- fueron correctos y confirma los sobreseimientos, o si amerita que la investigación continúe hasta determinar qué pasó con Gerardo Escobar.
