Tras un año de ajuste y recesión económica, el macrismo proyecta elevar el gasto rumbo a los comicios legislativos de 2017 en busca de la ansiada “reactivación”, aunque recorta fondos en varias áreas. La iniciativa pone el eje en el reendeudamiento externo.
El primer Presupuesto diseñado por el actual gobierno nacional, con ingresos y egresos calculados para la gestión 2017, que ya cuenta con la media sanción de Diputados, proyecta un fenomenal reendeudamiento externo del país con el objetivo de tapar el rojo fiscal, cubrir gastos corrientes y así tratar de evitar que se profundice la recesión económica en año electoral, receta del neoliberalismo experimentada en otros momentos del país, con sus pésimos resultados por todos conocidos.
Con los comicios legislativos de fondo, el Presupuesto refuerza la inversión estatal destinada a obra pública –que viene planchada– y a la seguridad social, aunque hay que tener en cuenta que este año finalizará con una inflación de alrededor del 45 por ciento, el doble del promedio que arrojó 2015. El gobierno apuesta a una levantada de la economía para el próximo año, aunque basada en la ayuda externa y no en el mercado interno, en salarios e industrialización.
Diputados opositores señalaron que la proyección numérica de Cambiemos sigue por el camino del ajuste. Recorta subsidios a ciencia, tecnología y al área de derechos humanos, pese a los cambios introducidos a último momento que no fueron más que un maquillaje al tijeretazo que figuraba en el texto original, tras el pedido de opositores light que suelen respaldar las iniciativas del gobierno.
El proyecto presupuestario de Cambiemos incluye recortes de fondos para determinadas áreas de ciencia y tecnología, tema que generó varias protestas de los afectados. Si bien el gobierno aceptó sumar 1.300 millones al sector, los profesionales pedían no menos de 4.000 millones para no afectar los procesos investigativos en marcha y por venir, además de preservar los puestos laborales.
El proyecto de ley de Presupuesto despertó el enojo de algunas provincias, que pidieron más obra pública y recursos coparticipables. El reclamo de gobernadores presionó al oficialismo para que retoque el escrito y sea un poquitito más generoso al momento del reparto de la torta federal. Esto le garantizó al gobierno de Mauricio Macri el acompañamiento de “opositores responsables”, que con sus votos ayudaron a darle la media sanción al proyecto en la Cámara baja.
El Presupuesto fue aprobado en Diputados con 177 votos a favor de los legisladores de Cambiemos, aliados y renovadores y justicialistas encolumnados detrás de los ex directores de Ansés Sergio Massa y Diego Bossio, y también del frente Progresistas. Doce legisladores del FpV acompañaron el proyecto, entre ellos el titular del PJ, el sanjuanino José Luis Gioja. El grueso del bloque kirchnerista, el Frente de Izquierda y resto de la oposición reunieron 58 votos en contra. Hubo 4 abstenciones, como la del diputado sindicalista Héctor Daer, integrante del triunvirato de la CGT, quien ocupa una banca por el massismo.
A partir de algunos retoques cosméticos, el macrismo también obtuvo respaldo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista para avanzar con el proyecto de contratación público-privada para obras de infraestructura, una propuesta privatizadora de la obra pública que insiste con el interés oficial de “atraer” inversiones extranjeras.
En el caso de Santa Fe, el primer proyecto de Presupuesto nacional que se conoció semanas atrás estimaba una caída del denominado fondo sojero, por lo cual se reducirían los recursos destinados a municipios y comunas de la provincia que sirven para hacer obras. Según el documento original elaborado por Cambiemos, el territorio santafesino iba a recibir 300 millones de pesos menos que en 2016 por el Fondo Federal Solidario (fondo sojero). Pero a pedido de las provincias, el gobierno nacional girará recursos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) al Fondo Federal Solidario, que absorbe el 30 por ciento de las retenciones de la exportación de soja para enviar a las provincias y cuyo destino es la realización de obras de infraestructura.
Entre los cambios está además la refinanciación de deudas de las provincias con la Nación. El oficialismo también aceptó modificaciones presupuestarias para afrontar el pago de las sentencias judiciales de la Corte a favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba por la “indebida” –según el fallo supremo– detracción del 15 por ciento de la coparticipación por parte de la Ansés. El gobierno nacional, por su lado, les solicitó a las provincias una baja del déficit fiscal y “moderar” el gasto público. ¿El premio? Darle a los distritos mayor flexibilidad financiera para salir a tomar deuda.
Explota la deuda
Con el Presupuesto 2017 se viene el “boom de la deuda” externa para financiar el déficit fiscal. De todos modos, en su primer año en el poder, el macrismo ha llegado a niveles inéditos de endeudamiento. En el transcurso de 2016, la emisión de títulos del Tesoro ascendió a 45.800 millones, con lo que finalizará el año cerca de los 50.000 millones de dólares con las emisiones de los próximos dos meses. Esto equivale al 9 por ciento del producto bruto interno. Por culpa de la “pesada herencia” del desendeudamiento, la deuda con privados en moneda extranjera creció este año más de un 50 por ciento y en 2017 el gobierno espera tomar 25.000 millones de dólares más de deuda externa.
“Para el 2017 el presupuesto proyecta un resultado primario deficitario. La principal fuente de financiamiento del déficit presupuestario será el endeudamiento externo. A esta deuda externa que emite el Estado nacional deberá sumarse la deuda externa que proyectan emitir las provincias y municipios, que no aparece en el presupuesto. Vale subrayar que la mayor parte de esta deuda no será para financiar gastos de infraestructura o importación de bienes de capital (centrales atómicas, trenes), sino para refinanciar deuda vieja y cubrir gasto corriente”, se señaló en un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) donde se analiza los pormenores del proyecto de ley del Presupuesto.
Después de un 2016 con aumento de la desocupación, retracción del consumo, baja de la actividad económica e industrial y una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios que ni el bono de fin de año revertiría, el gobierno de Macri regala optimismo y estima en el presupuesto que se debate en el Congreso un crecimiento de la economía de 3,5 por ciento, un dólar a 19 pesos en diciembre de 2017 (promedio anual 17,92) y una inflación al 19 por ciento, menos de la mitad del nivel proyectado para todo 2016 según diferentes mediciones. Para el próximo año, el resultado estimado de las cuentas públicas será deficitario, casi un 5 por ciento del PBI.
Billetera y tarifazos
En año electoral, mejor abrir la billetera, pero hasta ahí nomás. En el Presupuesto, el gobierno proyecta un aumento promedio del gasto total de 22 por ciento con relación a 2016. “El gasto en inversión pública para el 2017 considerando la que lleva adelante el gobierno nacional (inversión real directa) y la que gestionan las provincias y los municipios (transferencias de capital) alcanza los 192 mil millones de pesos, un 38 por ciento más que el total de gasto proyectado a ejecutar en 2016”, se señaló en el citado informe del Ceso.
Que continuó: “La obra pública es la partida que más crece, por encima de la seguridad social (+35,2%) y los pagos de deuda externa (+32%). Por ello, en términos netos más que un ajuste del gasto por la caída de las transferencias al sector privado lo que se registra es un reordenamiento de partidas: se reducen los subsidios (aumento de tarifas al consumidor) y aumentan las transferencias de capital”.
“¿Se viene otro tarifazo en 2017?”, se preguntaron en el análisis elaborado por el centro de investigaciones que dirige el economista Andrés Asiain. “En el presupuesto, los subsidios a los servicios públicos caen (nominalmente) un 30 por ciento. Por lo tanto las tarifas de gas, luz y el transporte podrían aumentar hasta un 200 por ciento adicional promedio”, se anticipa. Este ítem genera antipatía social desde el punto de vista electoral.
Gastos en la bota por debajo de la inflación
En el proyecto de Presupuesto 2017, el gobierno de Mauricio Macri prevé gastar en la provincia gobernada por el socialista Miguel Lifschitz 90 mil millones de pesos. Adicionalmente, el Estado nacional distribuirá 68 mil millones en carácter de coparticipación federal de impuestos, un 30 por ciento más respecto a lo que se estima para este año –con 45 por ciento de inflación– y 5.700 millones se destinarán a las universidades nacionales de la provincia, según detalló un informe del Ceso Santa Fe.
“El principal destino del gasto de la Nación en la provincia serán los 65 mil millones de pesos que se destinarán a la seguridad social”, se indicó en el reporte, y continuó: “Esto representa el 72 por ciento del gasto total, que a través de la Ansés cubre a 480 mil jubilados, 257 mil beneficiarios de la asignación universal por hijo, 35 mil beneficiarios del plan Progresar, entre otros. En cuanto a este último programa, cabe resaltar que el monto destinado al mismo no se incrementa respecto al año 2016, lo cual puede repercutir en el nivel de beneficiarios. Se destaca, también, el gasto de 1.532 millones de pesos que el Ministerio de Seguridad destinará a la provincia, de los cuales el 75 por ciento irá destinado al despliegue de Gendarmería” con la idea de reforzar la seguridad ciudadana, principalmente en Rosario.
El Presupuesto nacional también prevé una inversión en obras en Santa Fe de 1.400 millones de pesos (14% más que lo presupuestado para el corriente año) que serán destinados principalmente a obras viales. Tan sólo 7 millones se prevén para obras ferroviarias. En 2017 Santa Fe recibirá para sus universidades unos 5.700 millones de pesos distribuidos en tres instituciones: Universidad Nacional de Rosario (3.730 millones), Universidad Nacional del Litoral (1.918 millones) y la recientemente creada Universidad Nacional de Rafaela (76 millones).
