08 Docentes

Una vez más, los gremios docentes salieron a marcar la agenda laboral al gobierno de Mauricio Macri. Con los ajustes, caídas de programas y diferentes cambios impulsados por el ministerio de Educación como fondo, los maestros públicos y privados (de Ctera, UDA, de Sadop, de CEA y Amet) se movilizaron el jueves pasado desde Congreso de la Nación a la delegación porteña de la cartera laboral para exigir “la inmediata convocatoria a paritaria”.

“Hace muchos años que nuestra organización peleó en la calle contra la dictadura; estuvo en la calle en la Marcha Blanca, y fue parte de la Carpa Blanca. Nadie nos regaló nada”, expresó la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, frente a los docentes movilizados. Y luego remarcó: “Cada una de las conquistas de los maestros y profesores son parte de la lucha histórica de la movilización docente, a la que le costó muertos, asesinados, compañeros presos y nuestro compañero Carlos Fuentealba, que este 4 de abril nos va a encontrar marchando nuevamente”.

La dirigente destacó la unidad de los cinco gremios nacionales, “que somos parte de la paritaria” y subrayó: “Esta unidad que estamos construyendo con los pibes, con los estudiantes, con nuestros alumnos, con los compañeros universitarios, tiene que ver no solamente con un porcentaje. Tiene que ver claramente, con que el gobierno nacional de Mauricio Macri quiere hacernos retroceder 30 años”.

“Quiere que no tengamos derechos –continuó Alesso–, quiere que no tengamos paritarias, pero quieren también cargarse a la escuela pública. Quieren también que nuestros pibes no terminen la secundaria ni la universidad. No estamos discutiendo solamente un porcentaje. Estamos discutiendo un modelo de país. Eso está en disputa y nosotros, los maestros, los profesores nucleados en los gremios de la CGT y la CTA demostramos que es posible luchar en la unidad, demostramos que codo a codo hemos peleado en la paritaria”.

“Si no hay paritarias, hay paro nacional. Si no hay paritarias, hay marcha nacional.
Si no hay paritarias, vamos a llenar las plazas de todo el país y la Plaza de Mayo”, concluyó la titular de la Ctera, que al finalizar el acto entregó en el ministerio de Trabajo una nota exigiendo “la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente para establecer el salario mínimo nacional del sector garantizándose de esta forma el respeto de las prescripciones contenidas en el art. 10 de la Ley 26.075, Decreto 457/2007 y art. 14 bis de la Constitución Nacional”.

Democratizar y federalizar la educación

Por su parte, el secretario general de los maestros del sector privado Sadop a nivel nacional, Mario Román Almirón, señaló ese mismo jueves que “la paritaria nacional docente es una herramienta, sobre todo, de democratización de las relaciones laborales de la actividad”, y consideró que “su fragmentación abre la puerta al autoritarismo”.

“La lucha docente, no sólo es defensa del salario y condiciones de trabajo, sino por la Educación de nuestro país tiene una historia que merece ser respetada”, apuntó Almirón. Y añadió: “La pelea por el salario docente fue impulsada por todos los gremios de la Educación tras la fenomenal brecha que se fue produciendo entre los salarios docentes en las distintas provincias por aplicación de la entonces Ley Federal de Educación (1995) y la Ley de transferencia de servicios educativos (hija de las políticas del FMI y del Banco Mundial) que provocó grandes desigualdades y la dispersión del salario docente. No olvidamos que la aplicación de las políticas neoliberales de los noventa implicó el desguace del Estado en el que la educación corrió esa misma suerte. Se generaron enormes desigualdades sin ningún tipo de justificación”.

“¿Por qué un docente de Jujuy, Formosa, Chaco o Corrientes debe percibir un salario distinto al que perciben sus pares de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires?”, se preguntó el dirigente de Sadop. Para luego responder: “La tarea es la misma, el título es análogo, la responsabilidad de la tarea no tiene diferencias. Ninguna razón hay para que los salarios no tengan un piso común, un mínimo garantizado por el Estado Nacional”.

 

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