Un grupo de 35 familias que fueron embaucadas en 2015 por una mujer que prometía un plan de viviendas falso, todavía esperan respuestas del Estado a su situación habitacional. Habían logrado un acuerdo por la compra de terrenos en la zona de Garibaldi y Felipe Moré pero dicen que la provincia aún no cumplió.
Un grupo de 35 familias empieza, después de dos años, a vislumbrar una solución por el conflicto de viviendas al que llegaron por una estafa. Los vecinos y vecinas fueron estafados en 2015 junto a unas 400 familias más por una mujer que ofrecía viviendas de la provincia a cambio de dinero. Si bien ellos reconocen que no fue la provincia la culpable, sí habían llegado a un acuerdo con el Estado para acceder a planes de vivienda. Las promesas, sostienen, nunca se cumplieron y ellos ya entregaron 4 mil pesos cada uno como “seña” de un terreno ubicado en la zona de Garibaldi y Felipe Moré. El jueves psçasado, sin embargo, la Dirección de Vivienda accedió a empezar a generar un acuerdo para que el crédito sea por viviendas pre-fabricadas.
La pregunta se repite entre los reclamantes en cada uno de estos conflictos: “¿Tenemos que meternos de prepo en el terreno para que nos den una solución?”. Esta vez, la interlocutora se llama Claudia y en 2015 su situación –y la de unas 400 familias más– fue noticia: todos habían sido víctimas de una mujer que desde 2009 hasta 2015 ofreció a familias adquirir una vivienda social de la Dirección Provincial de la Vivienda y Urbanismo (DPVyU) en cuotas. A la hora del ofrecimiento, aseguraba que usaría contactos políticos que evitarían todos los pasos legales y administrativos necesarios para acceder a una casa. La mujer y su concubino fueron condenados en agosto de 2015 en juicio abreviado.
El conflicto, sin embargo, continuó, porque los estafados continuaron sin vivienda. Un grupo de ellos –ahora son 35 familias – se acercó a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo pidiendo una solución, en este caso, tener acceso a un plan de viviendas. “Nosotros sabíamos desde un principio que no fue la provincia la que nos estafó”, aclara Claudia. Y explica que la solución que encontraron fue un terreno ubicado en Garibaldi y Felipe Moré, a pagar en 72 cuotas de 650 pesos y 4 mil pesos entregados previamente para acceder. También acordaron que el estado provincial le otorgaría créditos para materiales. Los vecinos aseguran que ellos ya pagaron esos 4 mil pesos y todavía no recibieron ni materiales ni la chequera para comenzar a pagar las cuotas. La semana pasada, los vecinos y vecinas cortaron calle Santa Fe, frente a la Dirección de Vivienda, reclamando por una solución, mejor dicho, reclamando al Estado que cumpla su parte. Y este jueves esa solución comenzó a vislumbrarse en el horizonte. Después de una reunión de casi dos horas, el acuerdo podría ir, en vez de por materiales, por casas pre-fabricadas.
El caso
La Justicia condenó a mitad de agosto de 2015 a Lidia Rosa Grecco, de 73 años, a cinco años de prisión efectiva por estafar a 460 personas cuando les prometió viviendas sociales en la Zona Cero y se quedó con el dinero. Su pareja, Ricardo Modesto Ugarte, fue considerado cómplice y condenado a tres años de prisión domiciliaria. La condena fue el cierre de un procedimiento de abreviado llevado adelante por el fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación, y la defensa de los acusados.
La investigación que llevó a esta decisión judicial empezó en junio de 2015, cuando un grupo de 250 personas denunció a Grecco ante la Fiscalía Regional Nº 2. Los fiscales Sebastián Narvaja y Fernando Sosa ordenaron detener a Grecco y Ugarte con la colaboración de tareas realizadas por la Policía de Investigaciones, las agencias de análisis del Ministerio de Gobierno, del Banco Central y de la Afip.
“Estas personas pedían dinero desde 2009, ya que se presentaban como que tenían cierta capacidad de influir sobre altos funcionarios del gobierno tanto provincial como municipal y aseguraban que eran capaces de conseguir, digamos un atajo, para ello”, señalaron los fiscales en aquel momento, y agregaron: “Hay que recordar que para conseguir una vivienda social hay registros públicos donde las personas tienen que inscribirse, llenar una ficha, ingresar en una especie de padrón y todo eso conforma una reglamentación bastante específica. Luego se procede al otorgamiento de viviendas a aquellos que se encuentran en una determinada regularidad, lo que se hace por sorteo”, según publicaba el diario El Ciudadano. Siempre según contaron desde la Fiscalía, investigaron si los condenados tenían una relación con algún representante de las áreas de Vivienda. “Nunca habían pertenecido a ninguna área del Estado”, explicó Narvaja.
Fuente: El Eslabón.
