Los despidos y suspensiones de trabajadores y los constantes cierre de empresas generan una hemorragia social cada vez mayor. Detrás de la desgracia laboral y proyectos productivos truncos asoman miles de historias de familias golpeadas por la situación que les toca vivir. La seccional Rosario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) estimó que desde que gobierna Mauricio Macri unas 1.500 pequeñas y medianas empresas bajaron la persiana en toda la provincia. Esto representaría en promedio unos 30 mil puestos de trabajo menos en el sector industrial santafesino, aunque desde el Ministerio de la Producción admiten un número bastante menor, unas 1.500 cesantías en el sector.
Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Rosario (Apyme) indicaron que es difícil tener un cálculo fino sobre cuántas industrias dejaron de existir en la provincia en el último año por la sencilla razón de que son pocas las firmas que hacen los trámites para formalizar la baja, ya que “cuesta plata” cancelar todas las obligaciones impositivas. No obstante, desde Apyme dieron crédito a los datos que maneja la UOM por medio de sus delegados y confirmaron que “se están dando cierres importantes por el arrastre de un cóctel explosivo que empezó con la devaluación, inflación, suba de tasas de interés, caída del salario, baja del consumo, apertura importadora y tarifazos en servicios públicos”.
Juan José Sisca, presidente de Apyme Rosario, ante la consulta de el eslabón, analizó:“Esto empezó con suspensiones, recortes de horas extras y de turnos, y hoy hay comercios y empresas que se ven obligados a cerrar sus puertas. El rubro industrial es el más afectado por las políticas del gobierno nacional. La ola importadora y las subas confiscatorias de tarifas fueron el último detonante de esta preocupante situación. El rubro textil se declaró en emergencia, la industria del mueble y del calzado van de mal en peor. Algunos empresarios se mostraron de acuerdo con la quita de aranceles para los insumos informáticos porque se convertirán en importadores directos de computadoras y otros productos, pero al mismo tiempo esto representa menos trabajo nacional, menos salarios, caída del consumo y menos ventas”.
Mientras el gobierno de Macri defendía la quita del arancel del 35 por ciento a productos informáticos importados, porque “habrá más marcas y costarán menos”, el fabricante nacional Banghó anunciaba el despido de unos 400 operarios, la mitad del plantel que tiene la empresa ensambladora repartido en tres plantas industriales, a raíz de la decisión del gobierno de facilitar la avalancha informática.
Desde el 31 de marzo próximo, la importación de computadoras portátiles, accesorios informáticos y de telecomunicaciones, sobre todo made in China, quedarán eximidos de abonar derechos de importación. Esto, se sabe porque ya pasó, trae graves desenlaces para el mercado laboral argentino.
La disposición gubernamental que intenta frenar la suba inflacionaria a costilla de mayor desempleo y destrucción del mercado interno también pegó coletazos en la provincia austral de Tierra del Fuego, donde varias compañías ensambladoras y fabricantes, asentadas en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, despidieron miles de trabajadores y amenazan con profundizar el achique de personal. Por la crisis industrial, varios habitantes fueguinos, muchos de ellos mudados a la isla en los últimos años por la gran oferta laboral que había, decidieron marcharse en busca de nuevos horizontes, una situación que incluso atenta contra una distribución poblacional más expandida en el vasto territorio argentino, que trataba de romper un poco con la concentración que se da en las grandes ciudades del centro del país.
En la saga de cierres de fábricas y despidos masivos se anota el dispuesto días atrás por Atanor en las plantas de Baradero y Munro, fábrica controlada por el grupo estadounidense Albaugh que elabora productos químicos, único fabricante de agua oxigenada en el país. Unos 160 empleados se enteraron de la mala nueva por medio de una nota escrita al llegar al trabajo. La empresa Volkswagen comunicó a sus trabajadores que 600 operarios de la planta automotriz radicada en Pacheco serán suspendidos durante un año y medio a partir de marzo y recibirán sólo la mitad de su salario.
Las infelices historias de suspensiones, despidos y cierre de empresas se replican a lo largo y ancho del país, con mayor impacto en la región centro (Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires), aunque estas noticias no se lean ni se escuchen en la cadena de medios oficialistas.
Por su parte, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política de la Argentina (Cepa), señaló: “Además del aumento de los conflictos en el último trimestre de 2016, sobre todo en diciembre pasado, se destacan los casos vinculados a los reclamos salariales y a los despidos y suspensiones, que representan dos de cada tres conflictos laborales. En el caso del sector privado, cada una de estas dos razones representan 35 por ciento de los casos, demostrando la continuidad de los despidos, particularmente industriales, y las dificultades en la producción y en la cadena de pagos, dado que un tercio de los conflictos en el sector privado están relacionados con cuestiones salariales vinculadas con atraso en los pagos”.
Lo que se viene
En la previa a las negociaciones paritarias va creciendo el malestar sindical por despidos, suspensiones y cierre de fuentes de empleo. Docentes votaron un paro de 48 horas para 6 y 7 de marzo, con lo cual se retrasará el inicio del ciclo lectivo. Para el 7 de marzo está convocada la movilización de la CGT, central obrera que además dejó picando la posibilidad de realizar un paro para fines del mes que viene. Lejos de reaccionar ante el avance de la conflictividad laboral y social, el ministro de Trabajo Jorge Triaca denunció por “mal desempeño” a los jueces que habilitaron el acuerdo paritario de los bancarios por encima del techo que quiere imponer el gobierno.
Letcher, del Cepa, sostuvo que este panorama “permite augurar una mayor conflictividad laboral durante los próximos meses de cara a la apertura de paritarias del año en curso, ante un proceso constante de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, un ritmo inflacionario que no da tregua, y la posición del gobierno de poner un techo a la paritarias de un 17 por ciento de acuerdo a su meta de inflación estimada para 2017”.
Y concluyó: “En la medida que continúen los despidos, como los hechos de la realidad lo están confirmando, también acentuarán los conflictos laborales, sobre todo en aquellas ramas más afectadas por las políticas económicas del gobierno que restringen al mercado doméstico de consumo, como también la apertura de las importaciones de bienes que afectan sobre todo a la industria manufacturera proveedora del mercado interno”.
Fuente: El Eslabón
