Todavía no se conocen los autores intelectuales del asesinato de la activista ambiental, feminista e integrante de la comunidad originaria Lenca Berta Cáceres, que fue víctima de un grupo de sicarios mientras militaba contra el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
La madrugada del 3 de marzo de 2016, la activista hondureña Berta Cáceres se encontraba en su vivienda en la localidad de La Esperanza. Estaba abocada a una de sus tantas luchas en favor de la mujer, el medio ambiente y los pueblos originarios. En esa ocasión, se preparaba para presentar alternativas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que dejaría sin agua al pueblo indígena Lenca, al que ella pertenecía. Luchaba, junto a un amplio espectro de organizaciones sociales, contra un atropello al medio ambiente, uno más, de los tantos que soporta la región en esta época de extractivismo desenfrenado en el que las grandes corporaciones vulneran el medio ambiente y el derecho a la vida de los pueblos con la complicidad de los gobiernos entreguistas.
En el mismo domicilio se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro. Varias personas forzaron las puertas de su vivienda. Berta preguntó: “¿Quién está ahí?”. Luego de eso, un sicario disparó y la mató, además de herir a Castro.
Los responsables intelectuales del crimen siguen impunes, pero la lucha de Berta frente a la imposición del Proyecto Agua Zarca, de la Empresa DESA, sigue vigente y sus compañeras y compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) siguen enfrentando amenazas, criminalización y ataques de todo tipo. La impunidad sigue intacta, al igual que la violencia estatal, paraestatal y corporativa contra la militancia popular. Los militantes continúan siendo asesinados.
Cáceres había recibido el Premio Medioambiental Goldman, el más importante en el mundo para el activismo ambiental, justamente por su lucha contra la empresa DESA, que pretende instalar el proyecto hidroeléctrico con apoyo del Estado hondureño y cuenta con financiamiento de firmas multinacionales.
Por estos días, el expediente jurídico del caso ha revelado que los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en EEUU y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras.
Hasta ahora son ocho las personas capturadas y señaladas como responsables del asesinato. Tres de ellos son militares hondureños. Pero nada se sabe de quiénes ordenaron el ataque, que se dio en el contexto de una serie de actos de violencia y amenazas contra militantes sociales y organizaciones populares, ambientalistas y de pueblos originarios, permanentemente amenazadas, hostigadas y criminalizadas.
Desde el golpe de Estado contra el ex presidente Miguel Zelaya en 2009, al menos 120 activistas han sido asesinados en Honduras. El país centroamericano fue declarado el lugar “más peligroso para defender el planeta”, según un informe de la organización internacional Global Witness, que denunció “una relación entre la clase política y empresarial del país y la represión y asesinato de activistas políticos en los últimos años”.
El Copinh desarrolló esta semana una protesta en Tegucigalpa exigiendo justicia por Berta Cáceres y el fin de la impunidad en Honduras. “Es una manifestación para conmemorar lo que el Copinh llama la siembra de la vida de Berta Cáceres en la conciencia nacional”, expresó Víctor Fernández, coordinador de la unidad de pueblos indígenas de Honduras y apoderado legal del caso Berta Cáceres.
“Exigimos justicia para Berta Cáceres”, gritaban los manifestantes, reiterando la exigencia principal de los que se movilizaron: dar con los autores intelectuales de este crimen ocurrido el 3 de marzo del 2016.
“Su muerte fue un gran impacto en la conciencia colectiva”, aseveró en conversación con Radio Canadá Internacional, el periodista hondureño Félix Molina.
“Berta fue una mujer destacada, con incidencia pública reconocida, defensora de los bienes comunes de la naturaleza. Su muerte resultó un recordatorio de lo frágil que es ser defensor de los derechos humanos en Honduras”, agregó Molina.
Las evidencias contenidas en el expediente apuntan a la hipótesis de que la muerte de la activista indígena fue una ejecución extrajudicial. Así lo había denunciado ya el único testigo de la muerte de la indigenista, Gustavo Castro, quien señala al Estado hondureño como responsable.
Según informó el diario hondureño El Heraldo, las primeras capturas por el crimen de Cáceres se lograron dos meses después del hecho mediante la operación Jaguar, en la que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la ATIC ejecutó 10 allanamientos, cuatro en Tegucigalpa, cuatro en La Ceiba y dos en Trujillo.
En esa oportunidad, informó El Heraldo, se capturó a Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez y Sergio Ramón Rodríguez Orellana en Tegucigalpa, además de los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza, todos actualmente detenidos en La Ceiba y guardando prisión.
Además, el pasado 8 de febrero de 2017 detuvieron al octavo supuesto implicado en este crimen. El detenido es Óscar Aroldo Torres Velásquez, alias “Coca”, de 22 años, quien fue arrestado en la colonia Pizatty de La Ceiba, al norte de Honduras.
Pero más allá de estas detenciones, poco se sabe de los autores intelectuales y nada se ha indagado sobre las ramificaciones estatales y corporativas de este crimen.
Por eso, se exige la conformación inmediata de un Grupo de Investigación Independiente que eche luz sobre el asesinato de la líder indígena y otros cuatro integrantes del Copinh, del cual Berta era coordinadora general, para así contar con una investigación autónoma del Estado hondureño, considerado responsable de las muertes.
Además, se demanda la cancelación inmediata y definitiva de la concesión otorgada a la empresa DESA, constructora del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, contra el que lucha la comunidad originaria Lenca, a la que Berta pertenecía.
Fuente: El Eslabón.
