Monticas le dio dinero al Partido Socialista en 2007. Un año antes Hermes Binner aprovechó el accidente del colegio Ecos en campaña. Ahora, el gobierno progresista, cívico y social pide no sacar partido del choque que dejó trece muertos mediante una desmentida que es puro humo.
Otra tragedia en una ruta santafesina. Como la del 8 de octubre de 2006, hace once años, cuando también fallecieron 12 personas, la mayoría chicos muy jóvenes, alumnos del Colegio Ecos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Aquel tristísimo episodio ocurrió en la Ruta 11, a la altura de la localidad de Margarita, en el norte santafesino. El socialismo destrozó al gobierno de Jorge Obeid, intentando por todos los medios hacerlo responsable exclusivo de esas muertes. Hermes Binner estaba en campaña, quería ser gobernador. Un año después logró satisfacer esa aspiración política, dejando atrás una campaña ríspida en cuanto a acusaciones y reproches, en la que se invocó la necesidad de un cambio tras casi un cuarto de siglo de gobiernos justicialistas.
Hoy, diez años después de la asunción de Binner, el socialismo sigue siendo gobierno, y cabe esperar que disponga todas las medidas para establecer las responsabilidades que llevaron a que se produzca otra tragedia que, vaya a saber por qué fatídica coincidencia, vuelve a dejar un saldo de trece personas muertas en una ruta, la 33, cerca de Zavalla, en el sur de la misma provincia de Santa Fe.
Tal vez incluso el socialismo pueda aprovechar que la oposición no actúa de la manera impiadosa con que los hombres de la rosa en campaña desfilaban por los medios provinciales y nacionales sacando tajada política de aquella tremenda tragedia de Margarita.
Es necesario dejar establecido, antes que nada, que detrás de aquellas muertes y las de la semana que pasó se esconden, además de las que fundamentalmente corresponden a la empresa, responsabilidades políticas. Y en torno de ellas es que se elaboró este informe.
Esas responsabilidades políticas tienen dos ejes: en su momento, el socialismo recibió dinero de la empresa Monticas como aporte a la campaña proselitista de 2007; y hace apenas dos meses y medio, los choferes de esa empresa le advirtieron a toda la sociedad que las unidades que salían a la ruta carecían de las mínimas normas de seguridad. Lo que está en juego es la relación entre los responsables políticos y la empresa de transporte. Los primeros sabrán o podrán responder qué hicieron luego de aquella advertencia, que es tan tremenda y precisa que al leerla causa escalofríos.
El bochornoso episodio de los aportes al socialismo
En octubre de 2014, Redacción Rosario reveló la investigación judicial sobre el aporte con que, entre otras empresas, la compañía de transporte público de pasajeros Monticas SA contribuyó a la campaña proselitista del socialismo en 2007.
El artículo, que luego fue ampliado por el periodista Nicolás Lovaisa en el semanario el eslabón, ponía en evidencia que “el Partido Socialista no pudo justificar el origen de casi dos millones de pesos que recibió para la campaña de 2007”.
En aquel momento se supo que la justicia desaprobó el balance y, según confirmó este semanario, también el Informe Final de Campaña. El fiscal solicitó medidas para investigar esas irregularidades que complicaban a quienes rubricaron el balance, un ex gobernador, Hermes Binner y el actual mandatario santafesino, Miguel Lifschitz.
Binner era presidente del Partido Socialista, y Lifschitz su tesorero, y el balance que firmaron en aquella campaña de 2007 –en la que el primero venció a Rafael Bielsa– fue desaprobado por el juez federal Reinaldo Rodríguez.
Como se recordará, en la campaña de 2007, además, otro socialista –Rubén Giustiniani– acompañó la fórmula presidencial de Elisa Carrió, y en el marco de aquella contienda electoral el PS recibió los aportes por casi dos millones de pesos que no pudo justificar, entre los cuales se encuentran los dineros de Monticas SA.
Las observaciones, que nunca fueron contestadas por las autoridades partidarias, derivaron en la desaprobación del balance, decidida por el juez federal Reinaldo Rodríguez, quien en su escrito expresó: “El Partido Socialista no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma clara la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007”.
La Cámara Nacional Electoral tampoco aprobó el Informe Final de Campaña de ese año, ni en la elección legislativa ni en la presidencial. Los “responsables de la información” (así figura en el texto) de ese informe son el presidente, Hermes Binner; el tesorero, Miguel Lifschitz; el responsable económico-financiero, Omar Saab y el responsable político, José León Garibay, hoy nada menos que ministro de Infraestructura y Transporte de Lifschitz.
Los aportes privados que durante 2007 recibió el Partido Socialista por un total de 1.879.207,07 pesos, estaban divididos de la siguiente manera: $565.394,48 de Aportes Partidarios para Fines Generales; $938.172,59 de Aportes Privados para Campaña Provincial; $316.740 de Contribuciones y Donaciones Privadas de Personas Jurídicas para Campaña Nacional y $58.900 de Contribuciones y Donaciones de Personas Físicas para Campaña Nacional.
Pero Binner y Lifschitz no presentaron documentación alguna que respaldara esas cifras, según el informe del auditor León Derhovsepian, que integraba el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral. Aquel funcionario, además, planteó que “no se acompaña la documentación respaldatoria de los ingresos”, sino “una lista detallada de aportes de personas físicas titulada Aportes Partidarios 2007 que totaliza 781.907,07 y que no coincide con ninguno de los totales detallados”.
En 2008 el auditor le solicita al PS “la lista completa y detallada de aportes y la documentación respaldatoria del ingreso de los fondos”. Nunca tuvo respuesta.
El listado de aportantes privados es el siguiente, y se observa que la penúltima empresa mencionada es Monticas SA. El juez Rodríguez explicó que los siguientes aportes estarían incluidos en las prohibiciones dispuestas por la ley 26.215:
1) Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de Rosario ($10.000).
2) Asociación de Cooperativas Argentinas CL ($5.000).
3) Cámara de Estaciones de Servicio y Garaje ($6.000).
4) Terminal Puerto de Rosario S.A. ($11.000).
5) VFM S.A. ($15.000).
6) Monticas S.A. ($10.000).
7) Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento Castellanos ($30.000).
Lo que no desmiente el socialismo
Luego del accidente protagonizado por los dos colectivos de Monticas, al menos dos medios recordaron lo publicado por Redacción Rosario en 2014: el propio diario digital que lo reveló en aquella oportunidad y el portal de noticias Rosario3. La intendenta Mónica Fein y el propio Partido Socialista salieron de inmediato a intentar descartar ambas publicaciones.
En El Informe, de Venado Tuerto, se produjo una verdadera paradoja comunicacional protagonizada por la jefa comunal rosarina. Mientras por un lado sostenía que “nunca hubo financiamiento de Monticas para campaña electoral”,
Fein explicó que si bien hubo un aporte de dinero de la empresa de transporte, fue «devuelto”, y subrayó: “Eso se aclaró varias veces, pero quieren seguir embarrando la política, diciendo que todos somos lo mismo”. De todos modos, no aclaró quiénes serían los demás que serían lo mismo que ellos.
El partido de la rosa fue más amplio en su intento de desmentida. El Eslabón reproduce el texto completo para no dejarlo librado a interpretación alguna o sujeto a una posible descontextualización.
“Por enésima vez en los últimos años un sector de la política santafesina abandona el debate de ideas para confrontar a través de operaciones mediáticas y buscar por esa vía lo que no consiguen en las urnas. Ahora, intentan imponer en la agenda pública que la empresa Monticas compró impunidad en la provincia por ser aportante a la campaña electoral nacional de 2007”.
Ciertamente, la empresa de colectivos Monticas aportó 10.000 pesos a la campaña antes mencionada y el Partido Socialista, advertido de la posible incompatibilidad, procedió a la devolución del dinero. Así consta en el expediente “CONTROL DE ESTADOS CONTABLES ANUAL –BALANCE 2007” Expediente 21000907/2008.
Allí, el auditor contable de la Cámara Nacional Electoral manifiesta en fecha 11-12-2012 que entre la documental respaldatoria “se acompaña también fotocopia certificada de los recibos en los que constan los reintegros de los aportes observados en la campaña electoral” a Monticas SA por la suma de $ 10.000 (fs 201). Utilizar este tema para mentir vilmente luego de una tragedia es demencial.
En relación a las notas periodísticas, que cuentan una parte de la historia y ocultan otra, solo con la intención manifiesta de plantar sospechas, lo primero que no se dice es que el dinero fue devuelto ante la eventual incompatibilidad. Además, en 2007 Monticas SA pertenecía a dos socios locales y con bastante posterioridad fue adquirida por los actuales propietarios.
También es de remarcar que el Partido Socialista reintegró los aportes de otras tres empresas o asociaciones que fueron observadas a partir de la nueva legislación electoral. Desde hace cinco años quedó resuelto en la Justicia Electoral lo que ahora se presenta como un eventual delito, incompatibilidad o inmoralidad, siempre con la teoría de mentir y mentir para que algo quede”.
Por cierto, la desmentida no es tal por varias razones. En principio se reconoce que la firma realizó el aporte dinerario, que no fue rechazado, sino devuelto, en el mejor de los casos, un año después, no cuando los responsables financieros de la campaña notaron de quien provenía la plata sino ante requisitoria oficial de la Cámara Nacional Electoral.
Y lo más grave, que el socialismo no puede desmentir, es que a la Justicia Federal no le importó en absoluto esa “devolución”, ya que el inicio de la causa fue posterior, y ese proceso continuó su curso.
Tan es así que hace dos años, en abril de 2015, Redacción Rosario reveló que “el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó el desafuero del diputado nacional socialista Hermes Binner y del (en ese momento) candidato a gobernador de Santa Fe del mismo partido, Miguel Lifschitz, por no asistir en dos oportunidades a una citación judicial para explicar presuntas irregularidades en los fondos de campaña utilizados en las elecciones de 2007”.
En aquella oportunidad, y a través de un comunicado, el funcionario judicial señaló que “la Fiscalía celebró el acto previsto por el artículo 353 bis del Código Procesal Penal en los casos del Partido del Campo Popular Orden Nacional, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Alianza Santa Fe Federal, Alianza Compromiso Federal, Alianza Proyecto Sur y PRO”.
Sin embargo, se quejó. En su comunicación, agregó que “no así con los referentes del Partido Socialista a raíz de registrar dos inasistencias injustificadas del Presidente y su Tesorero (Binner y Lifschitz), que dieron espacio al impulso de la publicación del Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados previsto en la ley 25.320”.
La prueba de que para la Justicia Federal la desmentida del socialismo es puro humo es que en ese momento el fiscal planteó que la desobediencia de Binner y Lifschitz se enmarcaba en la causa por “la aceptación y recibimiento de contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas por un lado, y de asociaciones sindicales, patronales y profesionales por el otro”. Y de acuerdo al detalle judicial, se trata de los aportes entre los cuales se encontraba el dinero de Monticas SA.
Las advertencias que la Provincia no quiso escuchar
El 13 de noviembre de 2012, Redacción Rosario publicó, bajo el título “Trabajadores del transporte reclaman inspecciones”, el pedido de la Asociación de Obreros del Transporte Automotor (Aota) en torno de la recurrente falta de inspecciones y constataciones de pagos de las empresas. En ese momento, el gremio apuntó a “una posible connivencia entre las mismas y directivos de la cartera laboral de la Provincia”.
Pero no sólo se trataba de un reclamo salarial: “Hace seis meses que hacemos reclamos de constatación de pagos e inspección integral en las empresas y son archivadas”. Los dichos pertenecían al secretario general de la Aota, Alberto Montenegro, y las firmas de larga distancia e interurbana denunciadas eran, Empresa Argentina y Monticas.
Para Montenegro, existía “connivencia entre empresas y directivos de la cartera provincial”, e incluso identificó más específicamente “a la directora y el director de Inspecciones” de la sede rosarina del Ministerio de Trabajo santafesino a partir de lo que le “dicen algunos inspectores”.
Pero tal vez la advertencia más dramática se produjo en diciembre pasado, apenas dos meses y medio antes de la tragedia. Nuevamente fue Redacción Rosario el medio que informó el acampe que los trabajadores decidieron realizar frente a los galpones de las empresas Monticas y Las Rosas debido al mal estado de los coches de media distancia.
“Los trabajadores junto al gremio pasaremos las fiestas frente a estas empresas”, sostuvo Montenegro en diciembre, y remarcó que las denuncias que venía realizando el gremio eran “por la falta de mantención de las unidades tales como la falta de aire acondicionado, luces rotas, neumáticos en mal estado, y unidades sin frenos”. Y en otro orden, pero estrechamente relacionado con lo anterior, otra de las anomalías denunciadas respecto de Monticas era la “precarización laboral con los conductores”, aseguró Montenegro. En ese sentido, los trabajadores “trabajan más de las horas convenidas por igual sueldo y lo más grave es la falta de descanso de los compañeros”, precisó el dirigente gremial.
Si el gobierno provincial hubiese prestado oídos a esos reclamos, tal vez se hubiese podido evitar la tragedia de la Ruta 33.
