La Unidad Penitenciaria Nº 5 está ubicada en Ingeniero Thedy 300 bis, barrio Refinería. En el lugar, que no fue originariamente construido para alojar personas privadas de su libertad, viven 44 mujeres, de las cuales 8 son madres y viven con sus niños y niñas, de entre 20 días y 3 años. El penal está dividido en dos partes y no tiene celdas individuales, ni lugar de recreación o patio propio. La descripción, tomada de un habeas corpus presentado por el Ministerio Público de la Defensa, alcanzaría para dar cuenta que es urgente intervenir sobre las condiciones de vida de estas personas. Pero en comparación a la denuncia del Ministerio, no es más que eso: una descripción. Ya desde 2015, estas mujeres señalan deficiencias del lugar referidas a su salud e higiene. Las problemáticas son numerosas: insuficiente alimentación y provisión de elementos de limpieza, falta de pañales, presencia de alacranes y cucarachas, cloacas que se tapan, que no las llevan al médico o que las llevan engrilladas torpemente, que no hay espacio suficiente para recibir a las visitas, maltratos por parte de los guardias, entre tantas otras. “En líneas generales, el lugar no es apto para la recuperación, sino para la destrucción”, resumieron desde el Servicio Público de la Defensa.
Las mujeres encontraron un canal de denuncia en 2015, a través del Ministerio ya citado. En esa ocasión, se presentó un habeas corpus en favor de las reclusas al que la jueza penal Marcela Canavesio hizo lugar. La resolución de la Justicia nunca terminó de cumplirse. Un segundo habeas corpus se presentó hace un mes. Esta vez, el juez asignado fue Hernán Postma, quien dio lugar a los requerimientos. Eso es: por un lado, concederle al Servicio Penitenciario 30 días de plazo para contestar y acreditar todo lo que se le exige (haber cumplido la sentencia anterior de la jueza Canavesio, entre otras); por el otro, se ordenó constituir una mesa de diálogo entre las partes involucradas. El primer encuentro fue el martes 14 de marzo.
Condiciones de vida y abusos en debate
La reunión del martes convocó a representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia y del Servicio Penitenciario, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Defensoría General de Cámaras (DGC), la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes (DNNA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD). Las discusiones no incluyeron atención sanitaria e higiene, ya que son temas que deberán ser informados primero por el servicio penitenciario al Juez en el plazo de 30 días.
El primer tema que se discutió fue la propuesta del Servicio Penitenciario de trasladar a comisarías a las mujeres madres, con sus hijos e hijas. Las representantes de la DGC y la DNNA consideraron que la propuesta no es superadora de la situación actual y desde la DGC adelantaron, además, que sus defendidas madres no están de acuerdo en ser trasladadas. En ese sentido, el primer acuerdo al que se llegó entre todas las partes presentes fue, mientras sea jurídicamente viable, otorgar la privación de libertad domiciliaria para mujeres madres. Además, se evaluó como necesario que estos casos sean especialmente considerados para establecer prioridades en cuanto a la asignación de pulseras como método de vigilancia electrónica.
Las consultas, denuncias y situaciones problemáticas que continuaron poniéndose sobre la mesa fueron variadas. Las representantes de la DGC insistieron en las actividades disponibles para las privadas de libertad y en la prácticamente nula actividad física. Frente a eso, el Servicio Penitenciario se comprometió a comunicar una propuesta para concretar una oferta de actividades físicas en el plazo de 15 días. El Ministerio Público de la Defensa se sumó y enumeró otras irregularidades no incorporadas al habeas corpus, como alegaciones de poca transparencia e inequitativa distribución del trabajo, sospechas de actos de corrupción por parte de autoridades de la institución en la distribución y asignación del dinero; quejas de que los productos de primera necesidad que se venden en la Unidad Penitenciaria tienen precios excesivos; y abusos y maltratos por parte del personal. El Servicio Penitenciario dijo, en cuanto al costo de los productos de primera necesidad, que los precios pueden deberse a que las compras de los productos se realizan en comercios de la zona, cuyo costo de vida aumentó considerablemente desde la construcción de Puerto Norte. Además, manifestaron que algunos de los productos requeridos por las privadas de libertad, como por ejemplo determinados tipos de shampoo, son en sí costosos. En relación a estos costos y a la situación de las madres privadas de libertad, el Servicio Penitenciario se comprometió a gestionar para las madres de toda la Provincia alojadas en Unidades Penitenciarias la tarjeta social de mayor monto (1900 pesos).
Las denuncias que expuso el MPD incluyeron también tratos inhumanos y degradantes por parte de personal de enfermería. Según señalaron los representantes de la dependencia, en las entrevistas realizadas con las mujeres se escuchó más de una vez que dos empleados masculinos del servicio de salud otorgaban medicamentos solicitados a cambio de que éstas se levantaran sus prendas y exhibieran sus torsos desnudos. Muchas de las mujeres manifestaron a los defensores que prefirieron soportar dolencias en lugar de solicitar atención al área de salud. Las denuncias del Ministerio también incluyeron requisas corporales intrusivas a bebes, niños, niñas y mujeres, entre tantos otros abusos de poder. Y en ese sentido, remarcaron que las personas privadas de libertad entrevistadas tienen temor a represalias en caso de realizar cualquier tipo de reclamos o denuncias. Por eso, se trató también la planificación de una mesa de diálogo que las incluya.
Un mes para responder por la salud e higiene
La Mesa de Diálogo donde se expusieron estas problemáticas fue el primer resultado del habeas corpus presentado por el Ministerio Público de la Defensa. En ese contexto, las denuncias mencionadas no son las únicas. No sólo porque se hizo un recorte práctico para el lector; sino porque quedan las otras, sobre las que tiene que responder el Servicio Penitenciario en apenas 30 días.
El eje principal sobre lo que resta información es la higiene y salud en el Penal. Una problemática sobre la que ya se había manifestado el Ministerio y sobre la que el 6 de julio de 2015 la jueza penal Marcela Canavesio había fallado. En febrero de este año, el defensor regional, Gustavo Franceschetti, volvió a pedir que el Servicio Penitenciario acredite haber cumplido con la sentencia judicial de aquel momento y de algunas peticiones concretas, reiteradas algunas. Entre ellas, se requiere: tener en funcionamiento la guardia médica activa de 24 horas; haber adquirido una ambulancia para uso de la Unidad Penitenciaria Nro 5; haber efectuado los respectivos exámenes y/o controles ginecológicos a cada una de las internas con menos de un año de antigüedad; haber completado el calendario vigente de vacunas de cada uno de los niños y niñas; haber efectuado los suficientes controles y exámenes pediátricos y haber ingresado al Sistema de Atención Primaria (SICAP) a cada uno de los niños y niñas; que el Servicio Penitenciario indique detalladamente si existe un diagnóstico por parte de profesionales de la salud mental respecto de las dosis dadas a las internas de Clonazepam; informe sobre el estado bucal de las internas.
Fuente: El Eslabón
