Las cabezas del sistema de jueces santafesinos y el de defensores oficiales podrían quedar anudadas en un lecho matrimonial si la Legislatura aprueba el pliego enviado por el gobernador Miguel Lifschitz para designar al frente del Servicio Público de la Defensa a Jaquelina Balangione, la esposa del ex presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, primo político del senador Carlos Reutemann. El mandatario dijo que la postulante posee “excelentes antecedentes” y que “no hay impedimentos desde el punto de vista legal” para que ocupe el cargo para el que concursó. El diputado Carlos Del Frade, en cambio, se preguntó “cómo vamos a explicarle al pueblo que eso no es nepotismo” y el ex Defensor General suspendido en sus funciones, Gabriel Ganón, consideró que “no hubo concurso, sino una farsa”. Otro postulante al mismo puesto que Balangione, el abogado penalista Paul Krupnik, renunció a la terna y denunció que existe “un plan” para designar a la compañera sentimental del titular del máximo tribunal provincial, del que Lifschitz “es víctima”.
Yo te avisé
El primero en advertir el intento de que Balangione ocupe la cabeza del Servicio Público de la Defensa fue, justamente, quien poseía ese cargo: Gabriel Ganón.
Ganón lo obtuvo a través de un concurso de antecedentes y oposición, y fue el primero en desempeñar esa función en el nuevo sistema judicial santafesino.
Molesto para el poder político como un grano en las nalgas por su vocación de revelarse ante las injusticias del sistema penal –que reproduce, digamos, las del sistema en general–, el defensor general fue objeto de intentos de destitución casi desde que inició su tarea.
Para mayo de 2014, ya acumulaba dos denuncias en la comisión bicameral de Juicio Político de la Legislatura santafesino. La segunda, impulsada por el senador radical hard hand Lisandro Enrico, apuntaba a otra vocación de Ganón: la de exponer su pensamiento a través de la red Twitter.
Allí, el defensor hacía referencias al “turismo judicial” que beneficiaba con viajes a Gutiérrez y su consorte Balangione, además de denunciar sistemáticamente presuntos manejos del Poder Judicial y su inclinación por los acuerdos familiares. Y hacía referencias a la indumentaria del ex presidente de la Corte, que cuestionaba.
Hace seis meses, Ganón fue el primero en exponer el presunto intento de colocar en su lugar a Balangione, la esposa de Gutiérrez y camarista santafesina. La inquina del poder político sobre su figura hizo que no se lo tomara muy en serio.
Hasta que hace dos semanas el abogado penalista Paul Krupnik, conocido públicamente por su participación como defensor particular en algunas causas resonantes de narcotráfico, renunció a la terna a la que había accedido mediante un concurso para el cargo de titular del Servicio Público de la Defensa.
Fue entonces que comenzó a crecer el escándalo.
Carta a Miguel
Como resultado de un concurso, Krupnik integró la terna para ese puesto junto a Balangione y la defensora regional de Reconquista, Adriana Quiroga.
Pero renunció a su postulación mediante una misiva dirigida al gobernador Lifschitz, en la que, entre otras cosas, expuso: “Considero que se encuentra en gestación desde hace ya mucho tiempo, un plan para instituir como cabeza del servicio público de la defensa penal a la Dra. Jaquelina Balangione”.
“Me apresuro a decir –sigue la carta– que no tengo ninguna objeción a su persona, es más, en su trato personal me ha resultado una persona sumamente agradable, ni a su capacidad intelectual y aptitudes, pero me encuentro en el convencimiento profundo de que existe una clara colisión de intereses por su relación marital con el Dr. Rafael Gutiérrez, ex presidente y actual miembro de la corte Suprema de Justicia de Santa Fe”.
El propio interesado aclara que no se interpone un escollo normativo que impida tal designación, pero sí uno de tipo funcional, reñido con la independencia.
“Desde ya que no existe ninguna ley que le impida acceder al cargo, pero entiendo que se pondría en jaque la independencia funcional y la autarquía financiera, que son pilares fundacionales del Servicio Público de la Defensa, y consagraría en cabeza de un mismo matrimonio dos de los tres pilares en los que se asienta el sistema de Justicia de la provincia de Santa Fe”, señaló el abogado.
Para Krupnik, estaba en marcha “un plan” con el fin de designar a Balangione en el lugar que –a esa altura– había quedado vacante tras la suspensión de Gabriel Ganón por parte de la Legislatura.
“En definitiva, no quiero formar parte de ninguna terna y renuncio expresamente a su integración para evitar consagrar maniobras político-judiciales que a lo único que apuntan es a aglutinar cada vez más poder en los mismos actores de siempre y que lejos tienen el servicio público y el bienestar de la gente”, añadió en la nota enviada al gobernador.
Al que le advirtió que “no lo hago responsable de integrar ninguna de esas maniobras pero sí lo veo víctima de las mismas”. Krupnik también dijo que “el proceso de selección que debía ejercer el gobernador había perdido absolutamente transparencia”.
Defensa de la defensora
“En la mañana de hoy envié a la Legislatura los pliegos del defensor general, del fiscal general para toda la provincia, auditor general del Ministerio Público de la Acusación y de fiscales y defensores regionales para cinco regiones menos Venado Tuerto que tiene un plazo de vencimiento mayor y por lo tanto se van a realizar los concursos posteriormente”, dijo el miércoles pasado el gobernador Lifschitz al anunciar el pase al Poder Legislativo de la decisión de designar mediante acuerdo parlamentario a los postulantes.
Sobre la decisión de enviar los pliegos respetando el orden de mérito destacó: “Me tomé un tiempo para esperar que se resolvieran todos los concursos, no quise avanzar con ninguno de manera aislada sino poder analizar el conjunto de los concursos realizados y una vez que tuve todos los expedientes en mi mesa tomé la decisión más transparente de enviar los primeros en el orden de mérito de cada uno de los concursos”.
“No usé mi poder discrecional y respeté la opinión de los jurados en los concursos transparentes, ahora le queda a los legisladores la decisión final”, continuó el mandatario durante una rueda de prensa.
Conocedor del lío que se había armado por la designación en la cabeza del Servicio Público de la Defensa, Lifschitz la ejerció en favor de la esposa de Gutiérrez: “La doctora Balangione tiene excelentes antecedentes. Fue seleccionada por un jurado absolutamente independiente en el primer lugar en el orden de mérito y no hay impedimentos desde el punto de vista legal para que sea Defensora General”.
Nepotismo
Una mirada distinta ofreció, el jueves pasado, el diputado del Frente Social y Popular (FSP), Carlos Del Frade. Durante una intervención en la sesión extraordinaria de la Cámara baja, el legislador recordó que “se está por designar como defensora oficial de Santa Fe a la esposa del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe”. Lo que consideró, prescindiendo de metáforas, como “una vergüenza”.
Y se preguntó: “¿Cómo le vamos a explicar al pueblo que no es nepotismo eso, que no es acuerdo a dedo con el familiar del presidente de la Corte Suprema?”.
Entre los interrogantes que el tema le provocaron a Del Frade, planteó otro: “¿Quién se cree que es para decirle a todo el poder político de la provincia que tiene que designar a su señora como defensora oficial?”. El ex presidente de la Corte, podríamos responder.
“Lo que se está jugando –abundó Del Frade– es la sangre derramada en los barrios”.
En la misma línea se pronunció el suspendido defensor general, Ganón, a través de Twitter. “Nepotismo al palo en Santa Fe. Lo denunciamos hace un año. ¿Somos adivinos? No. No hubo concurso, sino una farsa”, planteó el abogado.
Abundó en el asunto al afirmar que “no hubo concurso porque se eliminaron los puntajes para permitir que el jurado acomode el orden a pedido del Poder Ejecutivo”.
Y se preguntó: “¿Puede existir mejor posición si no existen referencias numéricas? ¿Cómo justifico sin dar puntajes que A estuvo mejor que B en antecedentes y oposición? Si no califico a los candidatos en antecedentes y oposición con ninguna escala, ¿con qué parámetro digo que A es mejor?”.
Ganón apuntó al gobernador como responsable de esa situación. “Si Lifchitz eliminó los puntajes en los concursos, que no nos tome el pelo. No hay forma de establecer quién es el mejor”.
A pesar de los cuestionamientos –que, como se dijo más arriba, no son de índole legal sin éticos y funcionales– la designación de Balangione como responsable del Servicio Público de la Defensa avanza por los carriles institucionales. Basta que la Asamblea Legislativa –integrada por senadores y diputados– le dé el visto bueno para perfeccionar el maridaje político-judicial.
Fuente: El Eslabón
