El fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte, impulsó la acción penal y pidió la declaración indagatoria de 102 civiles –funcionarios de gobierno, miembros de grupos paramilitares y empresarios–, ex policías federales y provinciales, ex miembros de la Prefectura Naval y ex militares por los crímenes cometidos entre enero de 1975 y septiembre de 1976 en Villa Constitución para reprimir a los trabajadores metalúrgicos que habían protagonizado la reivindicación obrera recordada como “El Villazo”.

Según informó el portal Fiscales, en la presentación de 430 carillas, formulada ante el Juzgado Federal N°4 de Rosario a cargo de Marcelo Bailaque, el fiscal detalló los casos de 77 víctimas que fueron allanadas ilegalmente, secuestradas, torturadas y, en algunos casos, asesinadas, además de despojadas de bienes. Todas eran trabajadores y/o dirigentes gremiales metalúrgicos que -pese a una enorme presión de la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de las empresas del rubro- habían logrado importantes reivindicaciones laborales. También fueron víctimas las abogadas de la comisión interna de la empresa Acindar. El fiscal señaló que el número de víctimas podrá crecer con el avance de la investigación.

El representante del Ministerio Público señaló que todos aquellos delitos ocurrieron en el marco de una asociación ilícita y los encuadró en las categorías internacionales de crímenes de lesa humanidad y de genocidio, este último con “la especial finalidad de ‘destrucción parcial de un grupo nacional'”. “Se implementó un plan sistemático para aniquilar a una parte del grupo nacional definido como opositor, que comenzó a delinearse antes del golpe de Estado”, expuso, y remarcó que los perpetradores tuvieron “la voluntad manifiesta de eliminar a una generación de conciudadanos para imponer un proyecto económico y socio-político”, tras un meduloso análisis de la normativa internacional, de jurisprudencia nacional e internacional y de doctrina.

La presentación se detiene en analizar, en base a testimonios de protagonistas del conflicto, de víctimas, de declaraciones de represores y de bibliografía, el contexto previo a la represión, con los logros históricos de los trabajadores que se conocieron como “Villazo”, y la represión posterior, que tuvo entre sus principales característicias la actuación de miembros de la empresa Acindar -que fue sede de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio- y de miembros de la UOM.

En efecto, Villatte enumeró y analizó diferentes medidas adoptadas por Acindar para acoplarse y participar del plan criminal en la represión a los trabajadores. De acuerdo a los elementos probatorios, la Fiscalía sostuvo que la empresa, además de la disposición de un lugar para el funcionamiento del centro clandestino que funcionó en el denominado “Albergue de solteros”:

– Dispuso de lugares para la utilización, el alojamiento y vivienda de las fuerzas represivas.
– Aportó vehículos y reparación y cuidado de los pertenecientes a Policía Federal, la mayoría de ellos Ford Falcon sin patente.
– Pagó sobresueldos al personal de fuerzas represivas que prestaba “servicio”.
– Facilitó el ingreso a la fábrica de los integrantes de los grupos de tareas para el secuestro de obreros.
– Consintió el acceso de esos mismos grupos con personas secuestradas a efectos de requisar sus casilleros personales.
– Brindó información que resultó primordial a la hora de identificar a las víctimas para privarlas de su libertad
– Confeccionó listados de las personas a detener.

Concluyó, en ese sentido, que “Acindar digitó y habilitó violaciones específicas de derechos humanos, las que no hubieran ocurrido sin la contribución de la empresa; exacerbó las violaciones específicas, ya que empeoró la situación; y facilitó las mismas, ya que con su conducta hizo más fácil llevar a cabo las violaciones de derechos humanos”.

El fiscal recordó que en 1974 la seccional local de la UOM estaba intervenida y que los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución iniciaron medidas de fuerza para poder elegir a sus propios representantes. En Acindar se gestó una comisión interna encabezada por Alberto Piccinini, que se enfrentó a la conducción de Lorenzo Miguel. La empresa intervino en el conflicto con la expulsión de doce delegados.

El conflicto derivó en un huelga en marzo de 1974. En ese contexto, la Policía Federal inauguró una sede en dependencias del “Albergue de Solteros” de Acindar. De las centrales fabriles más importantes, los trabajadores tomaron en señal de protesta Marathon y Acindar y abandonaron Metcon, que había sido ocupada por la Gendarmería Nacional.

Luego de una semana, los interventores de la UOM les informaron a los trabajadores que se llamaría a elecciones, por decisión de la dirigencia oficial. A tal efecto, se realizó una reunión, al cabo de la cual se supo que aquella promesa no sería llevada a cabo. “Por esa razón se decidió tomar de nuevo Acindar. La medida fue acompañada por todo el pueblo de Villa Constitución, en especial los comerciantes, que de diversas maneras colaboraron con los trabajadores: les enviaban comida y cosas que necesitaban”, reconstruyó la Fiscalía en base a testimonios.

Villate formuló la imputación por el delito internacional de genocidio, que tuvo “la especial finalidad de ‘destrucción parcial de un grupo nacional'”.

Después de unos días, intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. La comisión interna de Acindar logró la reincorporación de los despedidos y la promesa de elecciones en 120 días a cambio de desocupar las empresas. Tras los comicios, triunfó la Lista Marrón, encabezada por Piccinini. El interregno hasta las elecciones -que se concretaron recién en noviembre de 1974- estuvo signado por actos violentos y atentados con bombas a las sedes donde se reunían los representantes sindicales opuestos al oficialismo en la UOM.

“Ese triunfo -describió la Fiscalía- cambió radicalmente la situación y dio lugar a una serie de avances respecto a los derechos de los obreros que generaron numerosas tensiones con el sindicalismo hegemónico. Además, ello se tradujo en una alerta de los sectores empresarios, en especial pertenecientes a empresas siderúrgicas, que normalmente tenían negociaciones espurias con los representantes sindicales, las que en muchas ocasiones iban en contra de los intereses de los trabajadores”.

La investigadora de FLACSO y del CONICET Victoria Basualdo, cuya tesis doctoral versó sobre estos hechos, declaró en la causa que el triunfo de la lista Marrón “desencadenó una larga lista de reformas en el sindicato local, se mejoró la atención médica, se propuso crear un Policlínico que no existía, se trabajó con los delegados para elaborar anteproyectos de paritarias, se reactivaron los Congresos de Delegados entre Fábricas, y se logró una articulación con otros sectores de trabajadores locales, incluyendo trabajadores portuarios, ferroviarios, municipales, textiles, aceiteros, de comercio, bancarios y maestros entre muchos otros; con los cuales se hacían reuniones periódicas y planes de trabajo conjuntos. En este marco se lograron reivindicaciones económicas muy importantes para los trabajadores, aumentos de salarios en la mayor parte de las empresas y se concretaron acuerdos muy por encima de los convenios y lineamientos del gobierno”.

El fiscal señaló que la tensión con el empresariado y el sindicalismo oficial aumentó de manera paralela con los logros laborales. “Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo –que luego se profundizó- en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas, como veremos más adelante”, describió.

El 20 de marzo de 1975 la ciudad fue “literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provincial de Santa Fe –incluyendo a la división de guardia rural “Los Pumas”- y bonaerense, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército”. En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que “hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas”. La represión se generalizó y hubo homicidios y allanamientos a las viviendas de los trabajadores y al comité local de la UOM, que fue intervenida.

Los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante sesenta días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas.

La “estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial” e incluyó a Villa Constitución, Rosario, San Nicolás y San Lorenzo, señaló el fiscal.

“A partir de ese momento -narró Villatte-, se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo”.

Las víctimas secuestradas en esos días fueron trasladadas a la jefatura policial de Villa Constitución, a la Delegación Rosario de la Policía Federal, al “Albergue de Solteros” de Acindar, a la jefatura de Policía de Rosario, a la Prefectura, a la Brigada de San Nicolás, a Coordinación Federal y al propio local de la UOM, “lo que demuestra la coordinación y planificación entre las fuerzas represivas”, indicó el Fiscal.

Villatte precisó que las razones alegadas por el gobierno para llevar adelante esta represión constan esencialmente en un comunicado conjunto de varios ministerios nacionales, emitido el 22 de marzo de 1975, que dice que los informes de inteligencia permitieron detectar un “complot inusual, consistente en una vasta operación subversiva terrorista” en la zona industrial del río Paraná, entre Rosario y San Nicolás. Los objetivos, señalaron, consistían en paralizar la producción industrial y copar y usurpar las delegaciones gremiales y que, por ello, fuerzas coordinadas de la Policía Federal, Prefectura, policía de Buenos Aires y de Santa Fe comenzaron el 20 de marzo a las 4 de la mañana un operativo para desvertebrar el complot, que obtuvo “exitosos resultados” y, a raíz del descubrimiento de nuevas “ramificaciones”, obligaban a las fuerzas de seguridad a continuar su acción operativa.

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