El Senado ya debate del proyecto de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que contempla subir de 6 a 10 puntos del PBI la inversión en el área. Los gremios docentes visitaron la Cámara alta para participar de la discusión.

La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, participó este miércoles junto a representantes de otros sindicatos del debate que se realizó en el seno de la Comisión de Educación y Cultura.

La senadora Norma Durango, del bloque Peronismo Pampeano, es la autora del proyecto, que está basado en otro que oportunamente presentara la diputada Adriana Puiggrós, quien se encontraba presente en el debate.

La titular de la comisión, Liliana Negre de Alonso, habilitó el tratamiento del proyecto, y dijo que mientras esperan una propuesta del Poder Ejecutivo, ya se convocó al ministro de Educación, Esteban Bullrich, para que opine sobre el proyecto.

Según Alesso, la iniciativa cuenta con la aprobación de los gremios docentes: “El proyecto propone metas financieras y pedagógicas muy razonables. Para nosotros es muy importante, más cuando el Estado no está cumpliendo las leyes”.

En diálogo con el diario Página/12, la dirigente explicó que la ley que apoyan los gremios postula que en un periodo de 5 ó 6 años el financiamiento educativo salte de 6 puntos del PBI a 8 puntos, más otros 2 puntos para Ciencia y Tecnología y las Universidades.

Alesso, en ese sentido, reconoció: “Que el Senado nos convoque para hacernos parte de este proyecto es una buena salida para el conflicto que mantenemos desde comienzos del año”.

La secretaria general de Ctera subrayó expresamente que “la cuestión de fondo es por qué el Gobierno nacional no quiere convocar a la paritaria, y creo que lo hace porque quiere ajustar a través de los sueldos y la inversión educativa nacional”, al tiempo que agregó: “Se la pasan hablando de diálogo pero no nos han convocado. La última reunión fue el 2 de enero, no hay antecedentes de semejante destrato. Hablan de diálogo pero lo único que hacen es amenazar a los docentes”.

Precisamente, según los gremios, el sólo hecho de comenzar el debate en torno de esta ley podría representar una salida al conflicto presupuestario. “Brinda una respuesta para las provincias porque prevé un financiamiento federal, con un monitoreo para que el dinero no se use para otras cosas”, explicaron los dirigentes presentes.

La iniciativa de Durango, además, desarma las excusas que el gobierno de Mauricio Macri viene exhibiendo en medio de la puja con los docentes respecto de la calidad educativa, puesto que encara “un abordaje de Núcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP)”, propone que los profesores estén en las escuelas “por cargo” y no por hora, y dispone un seguimiento individual de alumnos, docentes y sistema para evaluar la calidad.

Sobre esos tópicos, Alesso opinó que “además de elevar de de 6 a 10 puntos del PBI la inversión, es más equilibrada en cuanto al rol de las provincias, toma metas pedagógicas para garantizar la obligatoriedad secundaria en todo el país y con financiamiento para que haya escuelas y profesores, jerarquiza la carrera docente, aborda el tema de la ruralidad, la jornada extendida y del segundo idioma”.

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