Un puente y los carros. Así dicho parecen vinculados, aunque en realidad lo único que los unió fue la discusión ideológica en el Concejo. Ambos fueron los temas que chisporrotearon el clima en la última sesión donde además se prorrogó la emergencia en seguridad con argumentos que van más allá de la concepción lineal de violencia.
Un mensaje de la Intendencia activó un áspero cruce entre los ediles. Se trata de un pedido de la Fundación Churchill para construir un puente peatonal, con fondos a su cargo, sobre la avenida Wilde, a fin de unir dos sectores del Old Resian Club. El pedido se aprobó por mayoría parlamentaria pero sacó a la luz argumentos contrapuestos. Hubo propuestas que no prosperaron, a modo de ejemplo, permitir su uso público y soterramiento. Para Mariana Magnani (Unidos y Organizados-FpV), todo espacio exclusivo divide en lo material y simbólico, barrera a superar con la interacción de los distintos sectores de la sociedad, hecho que habilitaría a todos a peticionar en pie de igualdad.
Pero no fue el único debate. La ordenanza que pone fin a la tracción a sangre, también fue parte de la agenda, que arrancó temprano, con los carreros haciendo oír su reclamo frente al Palacio Vasallo. Según dijeron los ediles, el tema insumió varias horas en la previa al recinto y hasta deslizó una confusión: no estaba en cuestión la prórroga, sino convocar al órgano de aplicación de la misma para que ayude en forma perentoria a quienes no pudieron reconvertir su actividad de recolectores informales, utilizando la tracción a sangre.
Eso fue lo que finalmente se aprobó con la expresa recomendación de que se realice en diálogo y en paz. “El objetivo excluyente de la reunión es brindarle a aquellos recolectores informales que apoyan sus tareas en la tracción a sangre, y que aún no han logrado reconvertir sus actividades en el marco de la ordenanza referida, una solución mediante la construcción consensuada de una alternativa superadora para la actividad o la reconversión para quienes así lo deseen hacia otro rubro productivo”.
Prorrogan Emergencia en Seguridad
El Concejo prorrogó la Emergencia en Seguridad, aprobada en septiembre del año pasado, por otros seis meses, tal como venía planteando el edil Diego Giuliano (Rosario Federal). Al proyecto, también lo acompañaron Eduardo Toniolli (PJ), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), Marina Magnani (Unidos y Organizados- FpV), Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario) y Carlos Cossia (Peronismo Solidario).
“A través de la Emergencia, el Concejo otorgó al Ejecutivo herramientas útiles y necesarias para impulsar políticas y acciones, para abordar la problemática de la inseguridad y la violencia”, explicó Giuliano. “Una ciudad con 1066 víctimas en cuatro años, requiere atención a las víctimas”, dijo el edil, y abogó por rigurosidad en la evolución.
Pero, según Giuliano, los cambios aún son imperceptibles para los vecinos. “Por cuanto las razones que justificaron la sanción de emergencia, continúan vigentes. La nueva prórroga incluye control en tiempo real de fondos por parte del Concejo, descartar las compras directas y publicitar las pasos en la página de internet de la Municipalidad”.
Un Concejo certificado
El Concejo recibió el diploma Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, creado para asegurar los procedimientos de compras y contrataciones, de parte del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). La entrega tuvo lugar el jueves en el Salón Puerto Argentino.
“Es un logro que nos llena de orgullo, nos pone en un lugar diferente. Fue todo un desafío y resaltamos el enorme compromiso del trabajo diario”, dijo la presidenta del Cuerpo, Daniela Léon, para destacar el desempeño de los trabajadores del lugar.
Según León, haber obtenido la certificación IRAM implica compromiso y transparencia aplicada a los procesos de compras y contrataciones del Concejo. “Ahora vamos a seguir agregando procesos en defensa de una de las instituciones más importantes de la democracia”, enfatizó.
En la entrega del diploma se proyectó un video para ilustrar el proceso de certificación, así como los logros alcanzados con la optimización de recursos y los objetivos de eficiencia, eficacia y transparencia.
Para el gerente de IRAM filial Litoral, Jorge Coulter, “la mejora en instituciones públicas cada vez se hace más compleja y más necesaria”, y anticipó el camino que viene: la etapa de los seguimientos anuales.
Acompañaron a León representantes de las distintas bancadas, además de los titulares de la secretarías Administrativa y Parlamentaria, Silvia Rodríguez Soto y Alejo Molina; y Habilitado, Mariano Roca. Además de directores y trabajadores de las áreas involucradas en el proceso que logró la certificación IRAM.
¿Privatización?
Durante la semana, la comisión de Gobierno fue escenario de una discusión sobre el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, que no llegó a la Sesión pero es reveladora en sus fundamentos. El socialismo pidió gestionar ante la Nación, encargado de fiscalizar el lugar, la autorización de las obras anunciadas por la Provincia, además de lograr que se reafirmara su administración por parte del gobierno santafesino. Como las necesidad de las refuncionalización es por todos conocidas, ¿qué podría salir mal?
Por empezar, no se logró aprobar la segunda parte de la iniciativa. El portavoz del PRO, Gabriel Chumpitaz, fue categórico: “No estamos de acuerdo, porque la provincia no está en condiciones de manejarlo. El aeropuerto de Mendoza fue remodelado en tres meses, en el de Rosario se plantean obras hasta el 2030”. Dijo que para hacer competitiva la estación aérea local, como sus pares de Córdoba y Mendoza, se necesitan unos mil millones de pesos, y realizó duras críticas sobre la administración actual.
Para el socialista Horacio Ghirardi, el punto de vista era el opuesto, y en función de eso resaltó el proyecto presentado por el gobernador Miguel Lifschitz y la gestión pública. Ahí sí, el tema se acercó a su foco.
A estudiar la tarifa
Taxistas y remiseros se apersonaron en la Comisión de Servicios Públicos con un tema de interés para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero: ¿cuánto aumentarán las tarifas? El interrogante deberá esperar para tener una respuesta. “Recibimos a taxistas, le entregamos el estudio de costos del Ente de la Movilidad y hay un desfasaje del 62 por ciento en las tarifas. Todos entendemos que es imposible traducir este porcentaje en la suba”, explicó a el eslabón el presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Carlos Comi (ARI- Coalición Cívica). Además, dijo que los portavoces del servicio público compartieron la postura.
“Ellos mismos plantearon una suba del 25 por ciento y un 30 en la bajada de bandera, y creo que sobre ese parámetro se va a discutir. Ahora analizaremos las distintas posiciones políticas del Concejo y tomaremos una decisión”, anticipó Comi. Y dijo que el servicio desde mayo del año pasado al momento, vio cambiar sus costos. “Después veremos hasta dónde llega la suba de tarifas”, concluyó.
Otra de tarifas
Cuando el 13 de agosto de 2015, el Concejo votó con mayoría reglamentaria la ordenanza N° 9413, hubo turbulencias premonitorias. La norma dispone la actualización automática del valor de la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros por parte del Ejecutivo en los meses de marzo y diciembre de cada año. Los ediles que no la aprobaron sintieron que quedaban con las manos vacías para plantear otras series de cuestiones de alta incumbencias, además por supuesto de la discusión del costo del boleto.
Dos semanas después de aquella fecha, el concejal Carlos Cossia (Peronismo Solidario) presentó un proyecto de Ordenanza que no vio, y se presume no verá, la luz. La iniciativa aún tiene vigencia y propone derogar en todos los términos la actualización automática y que el Legislativo local tome nuevamente facultad sobre la tarifa de transporte públicos.
Ahora, cuando el aumento se hizo realidad, disparado por el gatillo automático, Cossia salió al ruedo para validar postura. “En 2015, y en total desacuerdo, presentamos un proyecto de Ordenanza para derogar dicha norma y devolver a este cuerpo legislativo y representativo de los ciudadanos, la facultad de discutir el valor de la tarifa, teniendo en cuenta principalmente la calidad del servicio. Y como si fuera poco, recordamos que este mecanismo no respeta lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades, que dispone que la misma es una atribución de los Concejos Municipales”, tronó el edil.
Esta semana, la concejala Claudia Lepratti (Frente Social y Popular) presentó una ordenanza con el mismo pedido. “Que se derogue la actualización automática a fin de que el cuerpo legislativo recupere las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 39, inciso 35”.
En los pasillos no hay mucha esperanza que cuaje el tema de Cossia, al que se adjuntaría Lepratti, porque deberían reunir los votos que dos años atrás fueron esquivos. Por el momento, son como piedra de toque para el debate fuera del Palacio Vasallo.
Fuente: El Eslabón
