Una de las pocas causas por lavado de dinero que tramita en la Justicia de Rosario, ciudad donde el narcotráfico florece, avanzó esta semana con la solicitud de los fiscales de elevación a juicio del caso que tiene a once imputados, a quienes los acusadores les pidieron penas que van de los cuatro a los catorce años de prisión y multas por un monto global que supera los 500 millones de pesos. La denominada megacausa, en la que están involucrados escribanos, empresarios de negocios legales y de los otros y un alto ejecutivo del diario La Capital, avanzó así un casillero, a la espera de que se establezca la fecha del debate oral. “Esa causa es la síntesis de cómo se mueve el negocio narco”, dijo a el eslabón el diputado provincial Carlos Del Frade.

Cinco por uno

Iniciada a partir de cinco denuncias independientes entre sí, por presuntos casos de estafas inmobiliarias a través de poderes truchos que eran empleados para luego realizar ventas con visos de legalidad, la denominada megacausa representa la oportunidad del Poder Judicial de avanzar sobre un sector social que no suele ser el predilecto de la persecución penal: el delito económico de los poderosos.

En el expediente se analizan la presunta apropiación ilegal de un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia, un terreno de menores dimensiones en la misma localidad, y tres inmuebles urbanos ubicados en Rosario. En uno de éstos últimos la maniobra no llegó a concretarse, puesto que los propietarios la advirtieron antes de que se consumara la estafa.

Según el fiscal de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Sebastián Narvaja, las maniobras podrían ascender a unos 50 millones de pesos.

Cuando efectuó la acusación contra los once imputados, Narvaja deslizó que detrás de las operaciones inmobiliarias podía advertirse el dinero producido por otra actividad ilegal: el narcotráfico. Puntualmente, señaló la relación de tres involucrados en la causa con la banda de Los Monos.

Para el diputado del Frente Social y Popular (FSP), Carlos Del Frade, “lo central” en la cuestión del lavado de activos originados en la comercialización de estupefacientes “es la megacausa”.

“Porque ahí claramente se demuestra que el nexo con la usurpación de inmuebles es Lelo Pérez, que era lugarteniente de Luis Medina”, dijo Del Frade a este semanario.

Leandro Lelo Pérez es uno de los acusados en la megacausa por estafas inmobiliarias. Ganó notoriedad pública por un romance que mantuvo con la vedete Vicky Xipolitakis, aunque antes su nombre había sido mencionado en la causa judicial contra la banda narco Los Monos y en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) remitido a la Justicia Federal rosarina, sobre el origen dudoso de los recursos económicos que manejaba.

Luis Medina, cuyo crimen ocurrido en diciembre de 2013 permanece impune, estaba sindicado como uno de los principales narcotraficantes de Rosario, administrador del negocio en la zona oeste y noroeste de la ciudad. Había montado empresas de venta de automóviles y hasta obtuvo la franquicia del boliche Esperanto en Rosario, que le permitía quitar la cabeza del mundo del hampa para airearla en la de la farándula.

Para Del Frade, Pérez se pregunta “cómo hacer para lavar el dinero” y, con ese fin, “se contacta con contadores (Marcelo Jaef) y con el gerente del diario La Capital (Pablo Abdala)” para introducir dinero negro en el circuito formal, mediante la adquisición del campo de Villa Amelia que luego fue revendido –siempre a precios muy por debajo de lo valores de mercado– al agente de bolsa Jorge Onetto, a cambio de dos departamentos en la lujosa torre Aqualina.

“Ésa causa –siguió Del Frade en relación a las estafas inmobiliarias– es la síntesis de cómo se mueve el negocio. Lo expresa mucho mejor que la causa de Los Monos”.

Los acusados

La investigación del fiscal Narvaja se centró en cinco casos de supuesta apropiación indebida de inmuebles rurales y urbanos, en los que se repetían algunos nombres y el modus operandi.

El más relevante, por el monto en juego, es el campo de 124 hectáreas en Villa Amelia desapoderado a Ana Josefina Luppi, ex esposa de un camarista.

Los otros casos son la compraventa fraudulenta del 50 por ciento de una fracción de terreno también en Villa Amelia; una casa ubicada en Presidente Roca 20 –que no llegó a concretarse–; otro inmueble en Eva Perón al 7600 y un quinto en Viamonte 5390.

En todos los casos la operación se inicia con un poder falso a favor del –también falso– corredor inmobiliario Juan Roberto Aymo, a quien según esos papeles los titulares dominiales de las propiedades lo autorizaban a venderlas. Quien firmaba esos poderes truchos era, invariablemente, el escribano Eduardo Martín Torres.

Al solicitar la elevación a juicio de la causa, el fiscal Narvaja pidió 14 años de prisión para el escribano y una multa de 54 millones de pesos, igual pena y monto que para Aymo.

Para Ramona Rodríguez, esposa de Aymo y receptora de las ventas ilegales de algunos de los inmuebles, el fiscal solicitó prisión de tres años y seis meses y multa por cien mil pesos. Las mismas que para Jonatan Javier Zárate, un ex chofer de un camión que tenía Aymo, y quien aparece en unos de los casos como el comprador de uno de los inmuebles apropiados ilegalmente.

Narvaja solicitó la pena de siete años de prisión y multa por 73 millones para Maximiliano González De Gaetano, un dirigente sindical que participó de la presunta estafa con el campo de Villa Amelia. Fue uno de los compradores en un largo pasamanos del inmueble que terminó vendiéndose a un comprador de buena fe. Es uno de los mencionados en la acusación por su supuesto vínculo con Los Monos.

Para el escribano Juan Bautista Aliau, que participó de ese mismo caso, el fiscal pidió cinco años y seis meses de prisión y multa de 54 millones, más diez años de inhabilitación especial para ejercer su profesión. “Es el facilitador de las maniobras ilícitas de fraude y de puesta en circulación de bienes producidos ilícitamente, dándole con su actuación aparentes visos de legalidad e insertando la documentación apócrifa en los carriles institucionales”, había planteado el fiscal.

Otro de los escribanos involucrados fue Luis María Kurtzemann. El fiscal pidió cinco años y seis meses de prisión y multa de 54 millones. También diez años de inhabilitación.

Los últimos cuatro acusados también están involucrados en el caso de la apropiación del campo de Villa Amelia, el más emblemático de la megaestafa.

Son el gerente general del diario La Capital, Pablo Abdala, para quien Narvaja pidió cuatro años y seis meses de prisión y multa por 36 millones de pesos. Según la investigación y las escuchas telefónicas de la causa, Abdala habría participado de la estafa del campo como testaferro, acompañando en una de las compra-ventas al contador Marcelo Jaef, de quien es amigo.

Quien sería el verdadero destinatario del inmueble rural es Lelo Pérez, aunque no aparecía en los papeles.

A Jaef, un contador de gran fortuna y dueño de la clínica de implantes dentales que lleva su apellido –aunque era de su hermano– ubicada en San Juan y Oroño, el fiscal le solicitó siete años de prisión y multa de 73 millones.

Según la acusación, Jaef “aporta a la banda su posición social, su capacidad de mostrar actividad patrimonial lícita y sus contactos y relaciones”.

Para los fiscales –además de Narvaja también participa del caso Valeria Haurigot– Jaef tuvo un “rol es esencial para la continuidad de los sucesivos traspasos” del campo, “ya que no sólo disimula ese origen ilícito, sino que necesariamente financia esa actividad delictiva previa”.

Además, los fiscales pidieron siete años de prisión y multa por 73 millones para Lelo Pérez, uno de “los administradores de la banda” que organizaba y coordinaba su funcionamiento en las sombras.

Finalmente, la pena pedida para Jorge Oneto, el agente bursátil y desarrollador de la torre Aqualina que participó del caso de enajenación del campo, es de cuatro años y seis meses de prisión y multa de 54 millones de pesos.

Los delitos que se les imputan son estafas y lavado de dinero, en distintas condiciones y con diferentes roles, según cada caso.

Sombra narco

El fiscal Narvaja acusó tanto a Aymo como a Pérez y al sindicalista González De Gaetano de “vinculación con actividades ilícitas capaces de generar beneficios económicos, en particular vinculaciones con integrantes de la denominada banda de Los Monos, investigada y procesada por delitos vinculados al narcotráfico y otros ilícitos”, según se lee en la imputación.

En los tres casos, para la Fiscalía esas personas reúnen “las características de exteriorizar un flujo de gastos y bienes inusual y de un volumen significativo (propiedades, autos de alta gama, gastos elevados, manejo de sumas significativa de dinero en efectivo)” que no se condicen con su perfil fiscal.

Además, un informe de la unidad de investigación de la Fiscalía sostiene en base a documentos de organismos oficiales la “inexistencia de negocios lícitos que justifiquen la adquisición de bienes o las operaciones financieras que ejecutan” los acusados.

Si bien la imputación se centra en cinco casos de desapoderamiento de inmuebles, el fiscal cree que a través de una asociación ilícita conformado por los acusados circulan recursos de origen ilícito.

“La organización también contaba con la capacidad y se encontraba predispuesta para procesar flujos financieros provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, con el fin de aplicarlas a operaciones con la consecuencia posible que adquieran apariencia de origen lícito”, sostiene la acusación.

Narvaja indicó en el caso de Pérez que “canaliza movimientos de fondos ilícitos a través de la compra y venta de autos de alta gama, valiéndose de la posibilidad de comprar y vender vehículos sin figurar registralmente en las operaciones”.

Una sociedad en la que participa Pérez, Reina Automotores SRL, es investigada por la Justicia Federal de Rosario a partir de un informe de la UIF sobre presunto lavado de dinero a través de esa concesionaria.

A la vez, Pérez compartió acciones en “Repuestos Exclusivos SRL” con Gustavo Spadoni, un hombre detenido en julio de 2013 y luego procesado por el envío de 1.235 kilos de cocaína a Portugal camufladas entre peras.

Coincidencias

Al mismo tiempo que se conocían las penas solicitadas por los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot contra los imputados en la causa por estafas y lavado de dinero, entre los que se encuentra el gerente general del diario La Capital, el periódico –que hizo caso omiso al tema– publicó una noticia sobre la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Un control de alcoholemia en Funes le dio positivo a Haurigot, quien tenía 1,2 gramos de alcohol en sangre según el test. Coincidencias.

Vendo campo barato

El caso del campo de Villa Amelia es uno de los más trascendentes. La presunta estafa se inició en febrero de 2014 cuando el falso corredor inmobiliario Aymo obtuvo un poder especial de venta a su favor de parte de Ana Josefina Luppi –mediante una firma falsa–, propietaria del inmueble.

Un mes después, el 31 de marzo, Aymo vendió el campo al sindicalista Maximiliano González De Gaetano por 3 millones de pesos. Según una tasación oficial solicitada en el expediente, el predio rural tiene un valor de mercado de 18 millones.

A pesar del buen negocio realizado por De Gaetano, apenas tres meses después de haberlo adquirido les vendió en partes iguales el campo al gerente de La Capital, Pablo Abdala, y al contador Marcelo Jaef, por 3,2 millones de pesos. Barato. Estos, a su vez, lo transfirieron menos de un año después, el 27 de mayo de 2015, al agente financiero Jorge Oneto por 3,5 millones de pesos, precio también considerado “vil” por los fiscales.

De acuerdo a un análisis patrimonial efectuado por la jefa de investigaciones de la Fiscalía de Delitos Económicos, “la operación en la que Aymo le vende a González De Gaetano implicó costos estimativos por $243.000, luego en la venta que éste último le hace a Jaef y Abdala los costos estimativos implicaron $374.000, luego en la venta que éstos últimos le realizan a Oneto los costos estimativos fueron de $547.000, por lo que en todos los casos se verifica que los costos incurridos superan ampliamente la supuesta ganancia que debía registrarse en una operación comercial del tipo, para resultar una decisión económicamente viable”.

Para los fiscales, dicha venta se realizó “con el objetivo de que el mismo siguiera circulando en el mercado y adquiriera apariencia de origen lícito”. El 2 de septiembre del año pasado el campo volvió a ser vendido: esta vez Oneto se lo transfirió a Juan Marcelo Borgui –ligado a la inmobiliaria Gilli– por 1,6 millones de dólares, es decir a precios de mercado. Esa operación se consideró “de buena fe”.

Las conversaciones grabadas por la Justicia entre Jaef y Abdala tras la venta también echan luz sobre el asunto. El primero trata de tranquilizar al gerente de La Capital diciéndole que el problema “cada vez está más lejos”.

“Nosotros ya pasamos a ser un intermediario”, se alivia, creyendo que la venta a Oneto los desliga de responsabilidad penal.

Abada, igualmente, continúa preocupado por su situación. Si bien ante la Justicia declaró que el campo lo compró a medias con Jaef a cambio de un dinero que le había prestado, en las charlas con su amigo asegura que sólo figuró como testaferro.

“Yo soy dueño de la mitad del campo por hacer un favor, y dentro de tres años capaz que tengo que pagarle la mitad de algo a alguien, y ni siquiera la recibí”, se lamenta sobre un posible reclamo.

Finalmente, le dice a Jaef que es un prestanombre del negocio de otro: “Vos lo tenés (al campo), no yo, ¿Entendés? Yo voy a tener que pagar de mi plata, el millón setecientos cincuenta”, en referencia a la mitad del valor que le pagaron a De Gaetano por el inmueble rural. “Es sencillo lo que te digo. Porque es una cosa súper lógica, porque como yo soy testaferro, ¿entendés? Por eso cago, porque soy testaferro”.

En otra llamada, Jaef revela que el negocio era de Lelo Pérez, dueño de la concesionaria de autos Reina Automotores, mencionada en la causa de Los Monos por la venta de vehículos a integrantes de la banda.

Jaef le dice a Oneto: “Pablo (Abdala) tiene que salir. Y no entra más…y yo tampoco, y yo tampoco porque yo no hice nada. Yo no te vendí nada a vos Jorge. La operación la hizo él (por Lelo), la operación de compra mía la hizo él, entonces que se ocupe él”.

Últimos movimientos judiciales

Este viernes hubo nuevos movimientos en el expediente. El ex novio de Xipolitakis, Leandro “Lelo” Pérez, obtuvo la prisión domiciliaria en la causa, mientras  otro acusado quedó en libertad y dos vieron reducidas sus fianzas, informaron fuentes judiciales.

Al revisar las detenciones, el camarista rosarino Daniel Acosta dispuso este viernes la prisión domiciliaria de Pérez. En la resolución que analizó las apelaciones de las defensas, el magistrado confirmó la prisión preventiva de otro imputado, el contador Marcelo Jaef, aunque le pidió al juez de primera instancia que dictamine sobre la posibilidad de detención domiciliaria por un problema de salud.

A la vez, Acosta redujo de 1.200.000 pesos a 600 mil la fianza fijada en primera instancia contra el agente de bolsa Jorge Oneto, y a 700 mil en el caso del escribano Luis María Kurtzeman, ambos imputados en el causa que investiga un fraude superior a los 50 millones de pesos.

Fuente: El Eslabón

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