Lo distintivo del modelo económico neoliberal que despliega el macrismo en la Argentina desde diciembre de 2015 es que conjuga recesión con alta inflación. Si bien el consumo popular viene en caída, con el consecuente cierre de empresas y comercios, los precios al consumidor no aminoran su marcha ascendente, pese a que el gobierno de Mauricio Macri, rumbo a las elecciones legislativas de octubre, insiste con que le está “torciendo el brazo a la inflación”: una aseveración ilusoria que busca establecer un tope para las negociaciones salariales en paritarias y así achatar la capacidad de compra de los trabajadores.

Cambiemos esperaba para todo 2017 una suba de precios por debajo del 18 por ciento, tal como lo contempla el Presupuesto, aunque la expectativa inflacionaria anualizada a partir de los datos oficiales ya se ubica en torno al 30 por ciento. El Indec que dirige Jorge Todesca informó que la inflación de marzo fue de 2,4 por ciento: alimentos subió 3%, indumentaria 4,8 y el rubro educación 5,6%. Así, el índice de precios al consumidor acumuló en los primeros noventa días del año un alza de 6,3 por ciento: 1,3 en enero, 2,5 en febrero y 2,4 por ciento en marzo.

Como contrapartida, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) informó que en marzo la cantidad de ventas de comercios minoristas tuvo una caída interanual de 4,4 por ciento y acumuló en el primer trimestre una baja de 3,7 con respecto a los primeros tres meses de 2016. Los rubros más golpeados fueron el textil, joyería y juguetería.

La asociación de usuarios y consumidores Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac) difundió días atrás el relevamiento de precios al consumidor con base en la ciudad de Rosario correspondiente a marzo. La entidad local estimó la canasta en 23.500 pesos: eso es lo que necesita una familia tipo por mes para afrontar gastos del hogar. El Cesyac registró subas en energía eléctrica, telefonía fija y otros productos que llevaron a elevar la canasta en un 9 por ciento en lo que va del año.

El director del Cesyac, Juan Marcos Aviano, destacó que en el arranque de 2017 “hay incrementos en rubros clave, como son alimentos y servicios, que a su vez generan otros incrementos, como es en el caso de la energía eléctrica y los combustibles”. Y agregó: “En marzo tuvimos aumento del 6 por ciento en las prepagas, y vamos a ver cómo repercuten los aumentos de energía y el gas en el general de los productos y servicios. Al igual que en 2016, el inicio de año ha sido complicado, y un aumento de más de 3 por ciento mensual en marzo es mucho”.

Aunque es el “objetivo más claro”, la alianza PRO-UCR no consigue domesticar la espiral inflacionaria, pese a los divagues presidenciales, el de varios funcionarios de gobierno y de economistas conservadores que van construyendo el relato M sobre una supuesta rebaja de precios que la billetera no consigue registrar. El impacto de la segunda vuelta de los tarifazos se hizo sentir en la evolución de la inflación, además de los constantes incrementos en productos sensibles de la canasta básica, con la consiguiente retracción en el consumo de los mismos, como carne y leche.

Para 2016, la gestión Macri calculó una inflación del 25 por ciento y terminó siendo del 41 gracias a la megadevaluación, la quita de retenciones a las exportaciones agrarias y los tarifazos. Para este año, la meta de inflación se trazó en 17 por ciento y ya se habla de que alcanzará el 28. Este desfasaje es sufrido por los bolsillos de los trabajadores, por eso las tensiones y la conflictividad alrededor de la pulseada paritaria.

En esta coyuntura que los economistas denominan como estanflación, que mezcla un estancamiento de la actividad económica con incremento en el ritmo inflacionario, se explica que 4 millones de personas se hayan convertido en nuevos pobres, que se hayan destruido unos 400.000 empleos formales e informales y que el salario real perdiera unos diez puntos en su poder adquisitivo durante 2016. La política económica de Macri, a la luz de las variables económicas, empeoró las condiciones de vida de buena parte del pueblo argentino.

El gobierno nacional quiere enfrentar el contexto inflacionario echando más nafta al fuego. La estrategia es comandada por Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, que después de la divulgación del dato de inflación del Indec volvió a subir la tasa de interés de referencia a 26,25 por ciento, con el fin de frenar la suba de precios. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que la política restrictiva del Banco Central para combatir la inflación “es una condición necesaria” y que de lo contrario la inflación sería más alta. Sin embargo, José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial, criticó la fórmula oficial para “combatir” la inflación porque “comprime el mercado interno y da lugar a la especulación financiera en lugar de fortalecer la oferta productiva”.

Otra estrategia fallida para bajar la inflación es la apertura importadora. Como se indicó más arriba, uno de los rubros que más subió sus precios durante marzo fue indumentaria, sector que a la vez es afectado por la eliminación de barreras aduaneras que permite el ingreso de pilchas importadas. Crece la importación de ropa pero los precios internos no caen. Los fabricantes de ropa y calzado nacional se ven perjudicados por la política de desregulación comercial. Además, en estos sectores de la economía hubo cierres de empresas, despidos y suspensiones de trabajadores.

La realidad socioeconómica es desfavorable, sobre todo para los sectores de clase media y media-baja. Hay parate de la actividad económica y menos trabajo, en un contexto recesivo y de alza inflacionaria. Sube la inflación, bajan los salarios: esta es la marca indeleble que deja el modelo Cambiemos. La discusión y definición sobre las negociaciones paritarias en curso y por venir serán clave en la recuperación o no del salario real de los trabajadores.

Fuente: El Eslabón

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