La Unidad Fiscal de causas por delitos de lesa humanidad de Rosario concluirá su alegato en el juicio por crímenes de la última dictadura en la causa “Guerrieri III”, y comenzará el del equipo jurídico de la agrupación Hijos.

En la mencionada causa hay diez acusados por 47 casos de detenidos-desaparecidos, y una vez finalizado el alegato de Fiscalía, se espera que este mismo jueves se inicie al alegato del equipo jurídico de la agrupación Hijos.

El alegato del fiscal Adolfo Villate se inició el 7 de abril pasado y, tras un receso, el representante del Ministerio Público lo concluirá este jueves con el pedido de penas a los imputados.

“Mañana (por el jueves) se realizará el pedido de las penas y la fundamentación de cada caso, que incluye los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio y el delito internacional de genocidio”, dijeron voceros de la causa.

En el debate oral, iniciado en octubre del año pasado, están acusados los militares (re) Pascual Guerrieri; Marino Héctor González; Alberto Pelliza; Jorge Fariña y Juan Amelong.

También fueron imputados y procesados por delitos de lesa humanidad los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Pagano; Eduardo Costanzo, Ariel López; Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.

Este último es el único de los acusados que no posee una condena anterior por crímenes de la dictadura, pues estuvo prófugo desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2012, cuando fue capturado en su casa de la localidad balnearia de Ostende.

Rodolfo Isach –cuyo hermano permanece prófugo y también es requerido por la Justicia Federal por delitos de lesa humanidad- también integró la Policía de Santa Fe durante los años de la última dictadura.

Según el fiscal Villate, existen pruebas en el juicio para demostrar la participación de Isach como PCI del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, en cuyos registros quedó inscripto como Ricardo Infante.

Según testimonios producidos en el proceso oral, el nombre de guerra utilizado por Isach era “Agustín”.

Los militares y ex PCI están señalados como integrantes de una patota del Destacamento de Inteligencia 121 bajo cuyo mando operacional funcionaron los centros clandestinos de detenciones conocidos como “La Calamita”, “Quinta de Funes”, “La Intermedia” y “Escuela Magnasco”.

En la causa se ventilan los casos de 47 víctimas del Terrorismo de Estado, de las cuales 24 permanecen desaparecidas.

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