El fiscal federal Adolfo Villate solicitó este jueves la pena de prisión perpetua para los diez imputados en la causa “Guerrieri III” por 47 secuestros de personas, de las cuales 24 permanecen desaparecidas desde la última dictadura cívico militar. Este viernes es el turno de escuchar la acusacón de los abogados de Hijos.

El alegato de Villate se inició el 7 de abril pasado y, tras un receso, concluyó este jueves con el pedido de penas perpetuas para los imputados, por cometer los delitos de genocidio; desaparición forzada de persona y privación ilegítima de libertad, agravada por persecución política a las víctimas. En el debate oral, iniciado el pasado mes de octubre, están acusados los tenientes coroneles retirados Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Jorge Fariña y Marino Héctor González.

También están imputados los ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) Alberto Pelliza, Walter Pagano; Eduardo Costanzo, Ariel López; Juan Andrés Cabrera y el ex comisario Rodolfo Daniel Isach, que al parecer por entonces duplicaba su sueldo al percibir otro del Ejército.

Isach es el único de los acusados que no posee una condena anterior por crímenes de la dictadura, pues estuvo prófugo desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2012, cuando fue capturado en su casa del balneario de Ostende, entre Pinamar ý Valeria del Mar.

Rodolfo Isach –cuyo hermano permanece prófugo y también es requerido por la Justicia Federal por delitos de lesa humanidad- también integró la Policía de Santa Fe durante los años de la última dictadura.

Según el fiscal Villate, existen pruebas en el juicio para demostrar la participación de Isach como PCI del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, en cuyos registros quedó inscripto como “Ricardo Infante”.

Según testimonios producidos en el proceso oral, el nombre de guerra utilizado por Isach -que en democracia fue el titular de una comisaria en San Lorenzo- era “Agustín”.

En cuanto al “Tucu” Constanzo, describió con muchos detalles las actividades de la patota, por lo que hay expectativa acerca de si el tribunal lo considerará un atenuante.

Todos los acusados formaban parte de un “grupo de tareas” del Destacamento de Inteligencia 121 bajo cuyo mando operacional funcionaron los centros clandestinos de detenciones conocidos como “La Calamita”, “Quinta de Funes”, “La Intermedia” y “Escuela Magnasco”.

En la causa se ventilan los casos de 47 víctimas del Terrorismo de Estado, de las cuales 24 permanecen desaparecidas.

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