Prisión perpetua con prisión efectiva en el marco de un genocidio. Ese fue el pedido de pena en el que coincidieron el titular de la Unidad Fiscal de asistencia en causas de lesa humanidad, Adolfo Villate; la abogada del equipo jurídico de Hijos y querellante particular Nadia Schujman y el patrocinante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Santiago Bereciartúa, durante sus alegato en el juicio oral de la causa “Guerrieri III”, en la que son juzgados diez acusados –entre militares retirados y espías civiles– que cumplieron funciones represivas en el Destacamento de Inteligencia 121 durante la última dictadura.
La patota de Guerrieri está imputada y procesada, en ese debate oral, por homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, desaparición forzada de persona y el delito internacional de genocidio. Todos ellos calificados como crímenes de lesa humanidad.
Villate concluyó su alegato el jueves 20 de abril con el pedido de penas ante los jueces del Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1). El fiscal entendió, luego de precisar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados y fundamentarla, que a los diez imputados les cabe la pena de reclusión perpetua.
Los delitos achacados, según el fiscal, se cometieron con el agravante de ser las víctimas perseguidos políticos. Un día después, en un alegato conjunto, Schujman y Bereciartúa solicitaron igual pena para los diez acusados.
La abogada de Hijos sostuvo ante el tribunal que es difícil escoger las palabras para iniciar el alegato, atento a que es la tercera parte de una misma causa. Pero, enfatizó, “cada víctima, cada vida arrasada merece justicia, merece que ustedes se pronuncien sobre los hechos aquí ventilados, y cada verdugo debe recibir una pena por los delitos cometidos”.
En este juicio, la tercera parte que llega a proceso oral de la causa denominada Guerrieri, se analizaron los casos de 47 víctimas del Terrorismo de Estado de los cuales 24 aún permanecen desaparecidas.
De las 47 víctimas, según precisó el fiscal Villate durante el alegato, 39 tenían entre 16 y 35 años al momento de ser secuestradas por el grupo operativo que estaba a cargo del circuito represivo formado por cinco centros clandestinos de detención.
Eran militantes políticos que enfrentaban a la dictadura, cuyo principal objetivo, como admitió en un anterior proceso oral uno de los imputados, era modificar la estructura económica del país para colocarla al servicio de la especulación financiera y los capitales internacionales.
Así lo planteó Schujman en su alegato: “No podemos dejar de destacar que los delitos juzgados en este juicio son de lesa humanidad pero también de lesa patria (porque) fueron cometidos con el objetivo de rediseñar la economía de nuestro país, para servir a intereses ajenos a nuestro pueblo”.
Los diez acusados por los que el fiscal y las querellas pidieron reclusión perpetua son los militares retirados Pascual Guerrieri; Marino Héctor González; Alberto Pelliza; Jorge Fariña y Juan Amelong, todos integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, organismo militar dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército –comandado primero por Ramón Díaz Bessone y luego por Leopoldo Galtieri, hasta 1979)– y bajo cuyas órdenes operacionales se encontraba la Policía provincial.
Los restantes cinco imputados en el juicio formaron parte de la trama de espías civiles montada por la Inteligencia militar: Walter Pagano; Eduardo Costanzo, Ariel López; Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.
El caso de Ricardo Infante
Si bien los cinco fueron Personal Civil de Inteligencia (PCI), Isach también integraba en aquel momento la policía de Rosario.
De los diez acusados, Rodolfo Isach es el único que aún no fue condenado por su presunta responsabilidad en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el circuito represivo comandado por la Sección Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia.
En los anteriores juicios denominados “Guerrieri” se dio por probado que tanto los integrantes militares como los civiles de esa sección conformaron un grupo de tareas, recordó el fiscal en su alegato.
Pero Isach se mantuvo prófugo entre septiembre de 2009 –cuando la Justicia solicitó su captura– y febrero de 2012, cuando fue apresado en la localidad balnearia de Ostende, en la provincia de Buenos Aires. Por esa razón, nunca había sido juzgado. Quien aportó el dato para interrumpir su vida de prófugo con vista al mar fue su consorte de causa en este juicio, el Tucu Costanzo, cuyo interés no radica en proporcionarles una reparación judicial a las víctimas sino en no ser el único otario que pague por los crímenes que cometieron todos.
Por su condición de prófugo, la conducta de Isach no fue evaluada durante los anteriores juicios orales de la causa Guerrieri. Ahora le llegó el turno.
Nacido el 29 de julio de 1947 en la localidad de Cepeda, Santa Fe, Rodolfo Isach se convirtió en policía. Según los registros incorporados a la causa, el 1º de diciembre de 1976 –ocho meses después del golpe de Estado- se incorporó a la estructura de espías del Destacamento 121 de Rosario como PCI, cargo que ostentó formalmente hasta el 1º de enero de 1978.
El seudónimo escogido para la doble vida fue, según los registros históricos, Ricardo Infante. Pero en los chupaderos de la represión, sus víctimas lo conocieron por el nombre de guerra “Agustín”.
Fue el mismo sobrenombre que, en su declaración indagatoria, proporcionó Costanzo para señalar a Isach como integrante de la patota de Guerrieri, que operaba al margen de las actividades legales del Destacamento.
Agente especial
Isach fue designado PCI como “agente S”, letra que no posee más misterios que describir la condición de “secreto”. Lo burocracia militar lo asignó en el cuadro C, subcuadro C2, categoría in 14, según su legajo, que cuarenta años después sirve como prueba de su integración de la inteligencia civil.
Ese documento menciona a Marino González –acusado ahora en la misma causa– quien puede avalar sus “antecedentes morales e ideológicos” requeridos para el trabajo sucio del secuestro, la tortura y los asesinatos clandestinos en los chupaderos de la represión ilegal.
En su legajo también figura una evaluación de sus primeros meses de trabajo como espía civil, en el que el mayor Alberto Scunio lo señala como un “PCI de grandes condiciones” porque “ha satisfecho ampliamente las misiones asignadas”. En segunda instancia, lo evalúa también el coronel Alfredo Sotera. Isach muestra en todos los rubros puntaje diez. Un servicio muy aplicado.
En otra evaluación posterior, según señalaron el fiscal y los querellantes durante el juicio, fue el jefe del Destacamento, el coronel Guerrieri, quien evaluó la tarea de Isach.
Lo consideró, de acuerdo al documento, “versátil, criterioso y subordinado”, una virtud invalorable en la institución castrense, aunque se tratara de un civil. Que, en rigor, era policía. El test de Guerrieri concluye con una alabanza al espía Ricardo Infante: “Es un verdadero agente especial”.
Lo que en aquel momento pudo haber sido una caricia a su ego, y un mérito en la foja de servicio, hoy constituye un salvavidas de plomo. Rodolfo Isach, señalan los documentos, fue felicitado en dos ocasiones por su accionar contra “extremistas”.
Costanzo declaró que era quien se encargaba de los fusilamientos de los militantes secuestrados en el centro clandestino de detenciones “La Intermedia”.
Tres víctimas de la represión que sobrevivieron al terrorismo de Estado señalaron la presencia de un tal “Agustín” entre los represores de la patota de Guerrieri. Los testimonios de Adriana Arce, María Luisa Rubinelli y María Amelia González lo ubicaron en los centros clandestinos que operó el grupo de tareas. Que fueron cinco: La Intermedia, la Quinta de Funes, La Calamita, la Escuela Magnasco y la Fábrica Militar Domingo Matheu (edificio que actualmente ocupa la Jefatura de Policía de Rosario). Los casos de detenidos-desaparecidos en el último centro clandestino mencionado no forman parte del juicio oral Guerrieri III.
Condenados
Los demás acusados ya fueron condenados en los anteriores procesos orales de la causa Guerrieri, expediente que lleva el nombre de quien fuera el jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario.
Marino González, por entonces capitán del Ejército y cuyo nombre de guerra era “Pepe”, ocupó la jefatura de la Sección A del Destacamento.
Pelliza, Fariña y Amelong eran oficiales que integraron la patota de Guerrieri y también están acusados por secuestros, torturas, desaparición forzada y homicidios.
La misma situación comparte con los ex PCI imputados en el caso, a excepción, como se dijo, del policía Isach, quien durante la recuperación democrática fue comisario en la ciudad de San Lorenzo.
En el proceso se analizaron los casos de los desaparecidos Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand De Del Rosso, Carlos Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Negro, Marta Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Traverso, Guillermo White, Fernando Agüero, Rubén Flores, Edgar Tulio Valenzuela y Jorge Luis Ruffa –sus restos fueron identificados–.
También se imputa a los acusados los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos de los ex detenidos y sobrevivientes Jaime Dri, los hermanos Carlos y Alejandro Novillo, Graciela Zitta, Susana Zitta, Emma Stella Buna, Rafael Bielsa, Carmen Cantalejo, Patricia Coria, Francisca Domínguez, Mercedes Domínguez, Eduardo Francisco Ferreyra, Daniel Fuhr, Diego Fuhr, Juan Carlos Gesualdo, María Amelia González, Luis Megias, Viviana Nardoni, Adriana Quaranta, Laura Repetti, María Luisa Rubinelli y Elena Sarnari.
Fuente: El Eslabón
