Los partidos bonaerenses de La Matanza y Merlo fueron escenario de nuevos operativos de acallamiento de radios de frecuencia modulada impulsados por el gobierno nacional, denunciados como un ataque ilegal a los derechos a la comunicación y la libertad de expresión por entidades que agrupan a medios alternativos y comunitarios.
El martes 25 de abril a la mañana, personal del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) llegó hasta las sedes de Radio M, de la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza; y de FM Fórmula, de Merlo. Los enviados del organismo oficial cortaron las transmisiones, decomisaron los equipos y también se llevaron a los responsables de las emisoras, quienes estuvieron varias horas detenidos en sedes policiales y fueron notificados del inicio de sendas causas penales en su contra.
En ambos caso, el argumento del Enacom para justificar los operativos fue que las radios provocaban interferencias en las comunicaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y desde el sector afectado no se niega que eso pudiera haber ocurrido. Pero lo que se repudia es que, en lugar de intervenir para corregir los eventuales problemas –que son habituales y de sencillas soluciones técnicas–, el Enacom apela a lo de las interferencias para ir cercenando voces y amedrentando a los radiodifusores.
“El Afsca, que era el organismo competente anterior al Enacom, si uno molestaba o interfería en las comunicaciones aéreas, te avisaba para que lo corrijas porque había una intención de que el medio siga existiendo. Ahora hay una clara decisión de atacar a los medios comunitarios, que hablan de otros temas, que los grandes medios no tocan. El gobierno con esto nos quiere decir que los únicos que van a poder hablar son los poderosos y los que consideran la comunicación como una mercancía”, dijo al informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) Gustavo Cibreiro, presidente de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza (Ucaya), tras la agitada jornada del martes en el oeste del conurbano bonaerense.
En esa misma zona, en la populosa Moreno, también hubo una emisora acosada por el Enacom. Es la FM comunitaria Ocupas, sostenida por una asociación civil que trabaja con jóvenes con discapacidad y recibió la visita de los gendarmes del espectro radioeléctrico un domingo, el 26 de febrero de este año. Los enviados del gobierno macrista les dijeron a los trabajadores de Ocupas que debían cesar la transmisión también por una interferencia, aquí ya no con Ezeiza si con el bastante menos activo aeródromo de Moreno.
En este caso no hubo decomiso de equipos. Y a poco de la visita y el corte de transmisión, desde la FM se presentó al organismo oficial el descargo correspondiente. Después, como desde entonces no habían tenido ningún tipo de respuesta del Enacom, en Ocupas resolvieron no seguir esperando y volvieron a encender la radio este jueves 27 de abril.
También en las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes hubo operativos de acallamiento de emisoras de Frecuencia Modulada durante febrero y marzo.
Después, el 6 de abril, el Enacom dictó la resolución 2064 E/2017, por la que establece que se puede saltear toda instancia previa a los cierres y decomisos de emisoras no sólo por las eventuales interferencias sino también por el mero hecho de ser “no autorizadas” para operar.
Lo de la exigencia de autorización es tristemente paradójico. Lo que el Estado exige a las radios es justamente lo que debe otorgarles: licencias y frecuencias definitivas. Claro que esa adjudicación debe hacerse en el marco de lo establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todavía vigente en lo referido a la regularización del espectro radioeléctrico, dividiendo espacios para las emisoras privadas, públicas y de la sociedad civil. Al no avanzar con los concursos y las asignaciones correspondientes, el gobierno incumple la ley vigente –a la que ya anuló en parte y quiere reemplazar por otra–; pero al mismo tiempo se faculta a sí mismo a declarar unilateralmente ilegales a las radios, secuestrar sus equipos y denunciar penalmente a sus titulares.
Ante los embates, la Coalición por una Comunicación Democrática recordó a través de un comunicado “el mandato constitucional sobre las garantías para el debido ejercicio de la libertad de expresión y la obligación del Estado de abstenerse de impedir por medios directos o indirectos la búsqueda, recepción o difusión de ideas y opiniones sin obstáculos de ningún tipo”.
“La Constitución Nacional, los Pactos y Tratados Internacionales son claros en cuanto a que la libertad de expresión protege tanto al orador de la esquina (como es el caso de los docentes reprimidos en la plaza Congreso de Buenos Aires), como a los medios silenciados por la concentración mediática o impedidos del acceso a facilidades esenciales como las frecuencias radioeléctricas”, recordaron desde la Coalición. Pero en el macrismo, que tanto invocaba el republicanismo y el diálogo, parece que no quieren saber nada con escuchar voces críticas.
Fuente: El Eslabón
