El nuevo aniversario por el Día Internacional de los Trabajadores encuentra a los asalariados argentinos a la defensiva. Despidos, suspensiones, precarización laboral, techo en las paritarias, inflación descontrolada son los principales dilemas que afrontan las personas que viven de un ingreso fijo y están en relación de dependencia. Estas dificultades, con matices, se replican en todo el universo laboral. Atrás parece haber quedado la pelea por el impuesto a las Ganancias que marcó la agenda sindical durante los últimos años, cuando crecía el empleo y el poder adquisitivo de los salarios. Como otras veces, la crisis ideada por políticas neoliberales recae sobre las espaldas de los trabajadores.
La gestión Macri corrió el eje de discusión. Primero pasó la escoba en el ámbito público, luego fomentó despidos en el sector privado, al tiempo que propició una distribución regresiva del ingreso con caída del salario real. Cambiemos propaga el miedo a perder el empleo y así disciplina a los trabajadores organizados. Las conquistas y los derechos adquiridos en la última década no eran indestructibles. La alianza con aires noventosos que gobierna el país desde diciembre de 2015 hizo retroceder en el tiempo a los trabajadores y sus reclamos. Hoy la emergencia ocupacional tomó la delantera en la escalada de conflictividad social.
La protesta se superpone al festejo en la nueva conmemoración que recuerda la lucha de los mártires de Chicago por la jornada laboral de 8 horas. La actualidad del movimiento obrero argentino está atravesada por la inseguridad laboral, en un contexto de recesión y ajuste. La economía no levanta vuelo, la industria no para de caer, la inflación no cede pese a la ola importadora que jaquea al mercado interno, el consumo popular sigue a la baja, se recorta el gasto público, crecen el déficit fiscal y el endeudamiento, aumenta la pobreza, sube el desempleo y se licua el poder de compra de los salarios. A los trabajadores, la revolución de la alegría que trajo Cambiemos no les pasó ni cerca.
En el aniversario del 1° de Mayo del año pasado, a cinco meses de Cambiemos Corporation en el poder, el Congreso debatía una ley antidespidos, burlada y vetada por Macri. Hace un año, el sindicalismo argentino protagonizó una histórica movilización conjunta y un acto multitudinario, mostrando en la calle un proceso de reunificación de las centrales obreras al calor del ajuste macrista. Este 1º de Mayo muestra a la CGT en un profundo debate interno por su posición frente al Ejecutivo nacional, donde un sector busca un perfil más combativo mientras otro hace equilibrio y apuesta al diálogo con un gobierno que ha demostrado con creces que el odio clasista está en su naturaleza. La histórica central obrera convocó a un acto a puertas cerradas.
Con maquillaje obrero y apadrinado por Gerónimo Momo Venegas, el sindicalista del PRO que comanda el gremio de los peones rurales (Uatre), Macri simula afecto por los trabajadores y hace anuncios superfluos con la mira puesta en las elecciones legislativas de octubre próximo para seducir votantes.
Con posiciones claramente opositoras a las políticas económicas de la alianza macrismo-radicalismo, la CTA de los Trabajadores, que conduce Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, que lidera Pablo Micheli, convocaron a un acto conjunto frente al Congreso por el Día del Trabajador, donde los gremios docentes montaron la escuela itinerante en medio de la pelea por la recomposición salarial que mantienen con la administración Macri. Yasky y Micheli coincidieron en que “están dadas las condiciones para un segundo paro nacional”, como continuidad del plan de lucha tras la primera huelga general del 6 de abril contra el gobierno. También anunciaron una nueva Marcha Federal para junio.
Marcha atrás
En su último informe de coyuntura, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) señaló que Cambiemos apunta su plan económico a un tercio del electorado y que entre las principales víctimas de ese programa económico están los trabajadores. “Los sectores productivos que enfrentan la competencia de las importaciones y los trabajadores públicos y privados formales son las primeras víctimas del actual programa económico. La apreciación cambiaria con apertura importadora empuja al cierre de líneas de producción y la reconversión en importadores de las empresas con circuitos propios de comercialización”, se indicó.
El reporte del Ceso sostuvo que “el avance sobre el «costo laboral» parece ser una tarea compleja, ya que requiere doblegar la poderosa organización sindical de los trabajadores. La «guerra» declarada por el gobierno a los sindicalistas y la dura posición oficial en la paritaria docente, son muestras de que el oficialismo piensa ir a fondo en esa agenda”.
“El avance sobre el Estado parece también complejo –se analizó en el informe–, no sólo por la resistencia sindical a los despidos y las necesidades de lograr consensos en el Congreso con la consiguiente apertura de la billetera oficial hacia los gobernadores. Sino principalmente porque la baja del empleo y la inversión privada impulsada por el mismo programa económico obliga al gobierno a realizar inversión pública y aumentar la planta de empleados públicos y beneficiarios sociales para evitar escenarios de ingobernabilidad”.
Por su lado, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), dependiente de la CTA, alertó que “desde la asunción de la alianza Cambiemos se puso en marcha una significativa modificación en la estructura de precios relativos de la economía que se manifiesta, en esencia, en intensas pugnas por la distribución del ingreso. La aceleración del proceso inflacionario, por efecto de las medidas implementadas, conllevó una caída del salario real y, en menor medida, del empleo”.
Para Cifra, “ambas cuestiones, pero fundamentalmente la retracción salarial, indujeron una contracción de la masa salarial con relación al producto bruto interno. La participación de los trabajadores en el ingreso se redujo 3,1 puntos porcentuales al caer del 37,4 en 2015 al 34,3 por ciento en los primeros tres trimestres de 2016. Ello equivale a una transferencia de ingresos del trabajo al capital del orden de los 16.000 millones de dólares. De esta manera, se retrotrae la situación distributiva a niveles que se ubican por debajo del 2011, cuando tal gravitación alcanzaba el 34,9 por ciento del PBI”.
Con Macri en el gobierno, la calidad de vida de los trabajadores argentinos empeoró, más allá del optimismo que busca impregnar Cambiemos. El chamuyo de la pesada herencia ya no surte el efecto deseado por el gobierno que lleva 16 largos meses de gestión. “Segundo semestre”, “luz al final del túnel” y “brotes verdes” fueron un mal chiste. El modelo oficial de ganancias para agroexportadores, sector financiero y establishment empresarial se contrapone al presente y futuro de los asalariados. El proyecto M fisura el mercado laboral y deja víctimas y victimarios.
Fuente: El Eslabón
