Lo que el Gobierno de Mauricio Macri le exigió al gremio del sector lechero, Atilra, para el presunto salvajate de SanCor fue anunciado, menos de un mes después de la asunción de Cambiemos, por el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. “Cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario sino también cuidar el empleo. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”, dijo el 2 de enero de 2016. Esa lógica patronal de trocar salario por empleo ha sido la que guió los pasos de la gestión macrista, como lo saben los docentes, que no dieron el brazo a torcer. Los lecheros, tras los planteos oficiales de reducir el costo laboral, lanzaron una huelga en toda la industria para defender los puestos de trabajo en la cooperativa santafesina, que se levantó el viernes al llegar a un acuerdo que implica una ayuda financiera a SanCor y la discusión del convenio colectivo de trabajo de Atilra.
Al cierre de este artículo (publicado en la edición de este sábado del semanario El Eslabón), cuando se firmaba el acta acuerdo, no se conocían aún todos los detalles del mismo. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dijo que por el entendimiento entre las partes se liberarán fondos por 450 millones de pesos para Sancor, lo que incluye el compromiso de un nuevo convenio colectivo de trabajo y la rebaja del bono que cobra el sindicato para su obra social, desde el 2009.
El secretario general de Atilra, Héctor Ponce, advirtió que el sindicato está “dispuesto a reducir hasta un 70 por ciento el aporte personal mensual permanente patronal” que reciben “para la obra social”.
Según Ámbito Financiero, Ponce dijo que el Centro de la Industria Lechera (CIL), que representa a las empresas, “también debería dar respuestas»; y cuestionó a esa entidad porque está especulando con “sacar ventajas de la situación de SanCor”. Algo que, parece, logró.
Tres razones
En su paso por la ciudad de Santa Fe, la semana que termina, el presidente Macri identificó tres causas para explicar la crisis de SanCor. Ninguna tiene que ver con su gobierno, todas están relacionadas a “la pesada herencia” recibida.
Una, dijo, fue la “mala política láctea de la última década”, que hasta el momento no varió en forma estructural tras 15 meses de gestión. La segunda, el “enorme desmanejo” del directorio de la cooperativa –sobre lo que existe consenso en distintas fuentes- y por último el “pésimo convenio” sindical del sector. Aclaración necesaria: no es “pésimo” para los trabajadores, sino para la patronal lechera. “SanCor sufre las consecuencias de tres males”, diagnosticó Macri en Santa Fe.
“Una mala política láctea en la última década. Cuando los precios en el mundo eran los mejores, tal vez en la historia, más de 5.000 dólares la tonelada de leche en polvo, se prohibió la exportación y eso impidió que se fortaleciera la industria láctea”, abundó el presidente. Y dijo que “en el caso de SanCor, además se metieron en el tema este de Venezuela (sic), con todos los colaterales que tiene”.
Otro “mal” identificado por el presidente para explicar la delicada situación que atraviesa la cooperativa con sede en Sunchales es “el enorme desmanejo interno en su conducción, con serios problemas de gestión”.
Finalmente, para Macri SanCor sufre las consecuencias de “un pésimo convenio laboral, con un Estado que no actuó con equilibrio en las negociaciones y generó a partir de los avances de Atilra un convenio casi inviable en la industria”.
Macri se quejó por la ausencia del Estado para fijar “equilibrio” en las negociaciones colectivas en favor de la parte más fuerte, las empresas, de cuya mirada no puede deshacerse.
Los zapatos de los lecheros
Sin medias tintas, en el caso de SanCor el Gobierno hizo pública su propuesta de bajar el costo laboral como salida a la continuidad de la cooperativa láctea, en consonancias con las empresas del sector. Un ostensible objetivo de Cambiemos que hasta ahora aparecía, en forma de denuncia, en el discurso opositor.
Si Macri señaló el convenio colectivo de trabajo de Atilra como “pésimo”, más directo fue el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, quien la semana pasada sostuvo: “Estamos pidiendo sentarnos a hablar del convenio colectivo de trabajo, en esto también está el ministro (Jorge) Triacca”.
En sintonía con la metáfora del calzado empleada por Prat Gay hace más de un año, Buryaile planteó que “hay que privilegiar los puestos de trabajo”.
Sin disimulo por la extorsión, agregó: “Tenemos aprobado el crédito (para SanCor), pero queremos gestionarlo responsablemente”. Es decir, con costo laboral a la baja.
En declaraciones a Radio Continental, el ministro explicó que el Gobierno tiene “aprobado el crédito por 450 millones de pesos pero queremos hacerlo responsablemente. Queremos que esta situación mejore. No estamos pidiendo que se eche gente ni que se bajen los salarios. Lo que estamos pidiendo es que hay un aporte que hace el sector empleador que va al sindicato y queremos que se baje eso”.
El reclamo era acompañado por la Cámara de la Industria Lechera (CIL) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel).
50% off
La propuesta para reducir el costo laboral de la industria lechera –no sólo de SanCor, que posee cuatro mil empleados directos- apunta a reducir un bono que las empresas pagan mensualmente al sindicato Atilra. Las asociaciones gremiales, se sabe, suelen constituir un escollo en los planes flexibilizadores que permitan hacer “competitivo” el trabajo argentino en dólares, todavía muy por encima del costo laboral de países de la región. Los inversores requieren empleo barato.
El bono en cuestión es un aporte extraordinario que las grandes empresas lácteas derivan a Atilra a partir de un acuerdo alcanzado en 2009. Originalmente se estableció en 417 pesos por trabajador, ajustable por la paritaria anual del sector lechero.
Actualmente, según el Gobierno, el bono asciende a poco más 3 mil pesos per cápita y su función es financiar prestaciones médicas de Ospil, la obra social del de Atilra, gremio que posee unos 30 mil afiliados en todo el país.
Para avanzar en el plan de salvataje de SanCor el ministro Buryaile apuró a Atilra a reducir el bono. Le planteó bajarlo a la mitad como condición para que el Gobierno destrabe el crédito del programa Fondear por 450 millones que de alivio a SanCor.
“Hay que privilegiar los puestos de trabajo. Hay que resignar algunas cuestiones que poco tienen que ver con los puestos de trabajo y sí con la sustentabilidad”, abundó Buryaile que, por si alguien no habían entendido, explicó: “Esto no es flexibilizar el trabajo”.
El mostrador
El pronunciado declive de SanCor, que cerró su planta de Centeno y tiene parada la de Gálvez, expuso en estos días la participación de funcionarios del gabinete nacional en el negocio lácteo.
El diputado provincial Luis Rubeo pidió que los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, se aparten de la negociación por Sancor en cuanto poseen intereses en la empresa del sector Pampa Cheese SA, cuya planta de producción está ubicada en la localidad santafesina de Progreso.
El legislador dijo que Lopetegui se ubica, en este asunto, “de los dos lados del mostrador”.
La participación accionaria de ambos está incluida en sus declaraciones juradas y figuraba, al menos hasta 2014, en los registros de la empresa productora de quesos. Luego son la esposa de Lopetegui, los socios de Quintana y dos hijos del secretario de Comercio, Miguel Braun, quienes aparecen en los papeles. Braun pertenece a la familia propietaria de la cadena de supermercados La Anónima y es, justamente, quien tiene entre sus funciones controlar los precios.
Lopetegui, además, tuvo un paso por la láctea Milkaut, cuyo destino fue similar al que ahora se avizora para SanCor.
Según el suplemento económico del portal Infobae –que no lo conduce el Partido Comunista sino Daniel Hadad- en mayo del año pasado Quintana planteó que el Gobierno debía dejar caer SanCor. Que quebrara y luego fuera comprada por un privado que gestionara la que, hasta ahora, funcionó como cooperativa.
Según Infobae, en ese encuentro del que también participaron autoridades del Banco Nación y el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, convencieron a Quintana que la caída de SanCor iba a crear un nuevo “Cresta Roja”, por la fábrica bonaerense que generó un conflicto de dimensiones por la lucha de sus trabajadores. Por ahora no fue necesario: el Gobierno logró mediar para reducir el costo laboral de los lecheros.
Fuente: El Eslabón
