Todo el marco de impunidad que el gobierno de Macri viene gestando desde que asumió tiene por objeto evitar que las responsabilidades civiles durante la última dictadura sean juzgadas como delitos de lesa humanidad. Y si lo son, que nadie vaya preso. Las presiones de la última semana.

Las más diversas fuentes consultadas por este semanario coinciden en calificar de “apriete” al feroz embate del gobierno de Mauricio Macri sobre el máximo tribunal de Justicia de la Nación. En modo alguno se trata de una justificación, sino más bien de una visibilización de los factores que jugaron para que luego de una seguidilla de sucesos hilvanados en torno de la verdad histórica del genocidio en la Argentina se desembocara en tamaña resolución, que retrocede el reloj político, jurídico e histórico a los años previos a la llegada al gobierno de Néstor Kirchner.

Lo que no queda tan claro en boca de esas fuentes es el porqué de esta avanzada, una ofensiva que en los últimos diez días ganó mucho más terreno que las aseveraciones patológicas de Darío Lopérfido, los permanentes zigzagueos del ministro de Derechos Humanos Claudio Avruj, o el habitual galimatías del titular de Justicia Germán Garavano.

Las razones parecen estar vinculadas con el riesgo de que la prosecución de los juicios por Memoria, Verdad y Justicia llegue al umbral de los grandes grupos económicos que colaboraron con la última dictadura.

Macri tiene sellado un pacto de sangre con los generales empresarios que comandaron “la represión blanca”, la que consistió en delatar delegados, obreros, dirigentes gremiales, militantes, brindando información con la que los militares cargaban sus ficheros para salir de cacería y cumplir la misión de aniquilar toda resistencia al criminal plan económico de José Martínez de Hoz y su banda.

Los grupos económicos no quieren que se repita el caso del magnate del azúcar, Pedro Blaquier, quien fue llevado a juicio por ser el responsable del “apagón de Ledesma”, el operativo conjunto entre las fuerzas del Ejército, Gendarmería y Policía de la provincia de Jujuy. Entre el 20 y 27 de julio de 1976 ese comando conjunto secuestró en Ledesma a unos 400 estudiantes, militantes políticos y sociales, sindicalistas que llevaban adelante protestas sociales contra la intervención militar y el Ingenio propiedad de la familia Blaquier.

Carpetazos

“La apretada a la Corte fue descomunal, pocas veces vista. Y lo aseguran ellos mismos, los ministros”, revela una fuente con llegada a funcionarios muy cercanos al Palacio de Justicia, allí donde tienen sus despachos los integrantes de la Corte Suprema. Según esos mismos voceros, la administración macrista no se ahorró nada. Usó el dispositivo de servicios de inteligencia que tienen relación directa con la diputada nacional Elisa Carrió, movió al grupo que reporta en la otra banda de agentes, la que responde a Antonio Horacio Stiuso, alias Jaime, y sacó a relucir carpetas con información muy sofisticada que afecta a los ministros Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. El voto de Carlos Rosenkrantz –no hace falta que lo sostenga fuente alguna– es atribuible a su padrino, Héctor Magnetto, aunque  pocos recuerdan que el ex rector de la Universidad de San Andrés fue asesor del ex presidente Raúl Alfonsín.

Es un secreto a voces que la ministra Highton pretende continuar en la Corte, como en su momento lo hizo el extinto Carlos Fayt, pese a que la ley indica que deben jubilarse al cumplir 75 años. En los últimos tiempos, el ministro Garavano y otros funcionarios del gobierno de Macri plantearon que Highton debería cumplir la normativa, y ésa parece ser la moneda de cambio con la que se forzó su voto.

Aunque parezca absurdo, en el espíritu del apriete a los cortesanos imperó la lógica de “la pesada herencia”. El Gobierno nacional prefirió que la única mujer del tribunal y Rosatti votaran a favor del 2×1 al represor Luis Muiña por haber sido nombrados ministra de la Corte y ministro de Justicia, respectivamente, por el fallecido ex presidente Kirchner. Algunos militantes y dirigentes intermedios del kirchnerismo plantean en las redes sociales que esos nombramientos, y otros, corresponden a “errores” del anterior proceso político, aunque eluden mencionar que sin el voto de la abrumadora mayoría de los senadores del Frente para la Victoria-PJ, los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti no hubieran sido aprobados por la Cámara alta.

La batalla entre Carrió y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti no estuvo ausente en el apriete, aunque se desconoce por qué el rafaelino quedó del otro lado del mostrador que se esperaba, ya que algunos dan por seguro que la estrategia del titular del máximo tribunal es canjear el beneficio de la prisión domiciliaria a represores por la excarcelación de Milagro Sala. “De este modo se logra lo primero sin resignar lo segundo”, confió un veterano militante peronista, que conoce a la perfección las jugarretas de Palacio. “Y encima, Lorenzetti se dio un baño de ética y juridicidad”, completó.

Los capítulos de una novela negra

Foto: Manuel Costa.

La saga de acontecimientos que culminaron con el fallo de la Corte Suprema de Justicia otorgando un beneficio que emana de una ley derogada a un criminal condenado por delitos de lesa humanidad explica sólo algunos de los aspectos de la resolución, calificada por algunos organismos de DDHH como “abominable”.

Para no ir tan lejos en el tiempo, el primer episodio fue la resolución de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al criminal ex comisario Miguel Etchecolatz, mano derecha del ex jefe de Policía bonaerense, coronel Ramón Camps en el período 1976-1979.

De todos modos, rápidamente se supo que el genocida no podrá hacer uso de ese atenuante porque está condenado a prisión perpetua en otras causas vinculadas con crímenes de lesa humanidad.

Un segundo capítulo lo protagonizaron el presidente de los EEUU Donald Trump y su par Mauricio Macri, cuando el primero le entregó una segunda tanda de documentos desclasificados por los yanquis y que corresponden al período en que gobernó la última dictadura cívico-militar.

El martes 2 de mayo, el diario La Nación publicó un artículo que tituló “Hará el Episcopado un inédito llamado a la reconciliación”. De inédito, nada, puesto que el llamado a la “reconciliación es un clásico producto de la jerarquía eclesiástica desde la dictadura a la fecha, con un notorio paréntesis entre 2003 y 2015, o sea durante el período kirchnerista.

La nota proclamaba lo siguiente: “El Episcopado comenzará hoy (por el martes pasado) la primera asamblea plenaria del año, que se extenderá hasta el sábado, y entre los principales temas abordará el llamado a la reconciliación. En un hecho inédito, los obispos recibirán mañana (por el 3 de mayo) el testimonio directo de familiares de desaparecidos y de víctimas de organizaciones guerrilleras.

Citando a una fuente “cercana a la conducción episcopal”, La Nación reveló parte de la metodología de ese “acercamiento” programado: «Es una primera etapa y la idea es escuchar. Más adelante se darán otros pasos, como el diálogo entre ellos». El matutino de la familia Mitre agregó: «Hace tiempo que los obispos piden en las asambleas disponer de un tiempo para tener una mirada sobre el período histórico, en orden a la reconciliación».

El vocero eclesiástico desmiente el título de La Nación al indicar que la intentona reconciliatoria nada tiene de inédita: «Es un camino que se transitará en las sucesivas asambleas episcopales fruto del camino iniciado en 2012, cuando se reiteró la necesidad de contribuir a la reconciliación». Tampoco se hace referencia a los repudios que recibió ese “camino iniciado”, pero sí se menciona que en el documento que el Episcopado aprobó aquel año se exhortaba a «quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes». El diario recuerda, con especial énfasis, que el documento “fue firmado, entre otros, por el entonces cardenal Jorge Bergoglio”, pero no da cuenta de que no se produjo avalancha alguna de reconocimientos ni identificaciones de paraderos de desaparecidos o niños arrebatados a sus padres capturados clandestinamente.

La civilidad milica al palo

El domingo pasado, el periodista Horacio Verbitsky, a propósito de la entrega de los archivos a Macri, publicó un artículo en el que se destaca el siguiente párrafo, que se refiere a los secretarios de Estado norteamericanos Madeleine Albright y Colin Powell, y a los presidentes Bill Clinton y George W. Bush: “Sin embargo todos ellos coinciden en un punto de extrema importancia para nuestro país y éste es que la desaparición forzada de personas, las torturas a detenidos, las ejecuciones clandestinas constituyen crímenes contra la humanidad, que la comunidad internacional no consiente, bajo ninguna circunstancia. Hasta el presidente argentino Maurizio Macrì, cuya fortuna familiar se multiplicó con los negocios espurios que se facilitaban a los responsables civiles de la dictadura, tiene que plegarse a los repudios y las conmemoraciones, con el puño cerrado y la boca apretada”.

Pero Macri y sus aliados trabajaron denodadamente para oscurecer el proceso de enjuiciamiento a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y uno de los puntos con los que se machacó en el último año y medio fue el del número “real” de desaparecidos. Lo que parecía una infamia propia de personajes patológicos como Darío Lopérfido pasó a ser casi un discurso de Estado apoyado por “formadores de opinión” en la cadena nacional del terror desinformativo que tiene predominio en la televisión pero se extiende a emisoras radiales y ofrece perlas audaces en las tapas de los principales matutinos nacionales.

Pues bien, entre los documentos que el Departamento de Estado ya desclasificó a principios del siglo XXI se encuentra el Briefing Memorandum From Richard Feinberg of the Policy Planning Staff to Secretary of State Vance, fechado el 19 de noviembre de 1977 en Washington. El paper revela que luego de enero de 1977, luego de asumir la presidencia de los EEUU, el demócrata James Carter encomendó a su primer secretario de Estado, Cyrus Vance, y su secretaria de Asuntos Humanitarios, Pat Derian, que se entrevistaran con Jorge Rafael Videla. Según asegura Verbitsky, ambos funcionarios entregaron al gobierno militar argentino “una lista con 7.000 nombres sobre los cuales el gobierno de Carter reclamaba información. Pero en uno de los documentos desclasificados ahora se estima el número en 15.000”.

En otra de sus primeras acciones de gobierno, Carter encargó a su asesor de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski que prepare una evaluación global de política sobre América Latina. El encargado de elaborar el análisis fue el asesor de Brzezinski para la región, Robert Pastor. Verbitsky cuenta que éste funcionario arranca su trabajo formulando la siguiente pregunta: “¿Necesitamos una política latinoamericana?”. En realidad, Pastor consideraba que “la idea de Latinoamérica es un mito, porque «está compuesta por economías y políticas muy distintas, que sólo pueden agruparse para formar una posición colectiva cuando existe necesidad simbólica de confrontar con los Estados Unidos»”.

A contrapelo de la tesis del conglomerado militar-industrial de Washington, Pastor concluye su trabajo en forma taxativa: “En términos objetivos, no necesitamos una política latinoamericana y espero que en el futuro no la tendremos”. Queda claro que ni Brzezinski ni el resto de los funcionarios del Departamento de Estado le dieron mucha bola al análisis.

En la reciente visita a EEUU, luego de reunirse con Trump y recibir de manos de éste los documentos desclasificados, Macri mantuvo un encuentro con miembros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Csis). Participaron varios integrantes de ese think tank, pero hubo alguien que en alguna medida cierra el círculo histórico que se comenzó a trazar en tiempos de Jorge Videla y James Carter: el politólogo y ex consejero de Seguridad Nacional norteamericano Zbigniew Brzezinski.

Otro importante dato surgido de los documentos que fueron entregados por Trump a la Argentina es el relacionado con el Plan Cóndor. El editorialista de Página 12 señala que en la evaluación final de esa siniestra planificación conjunta, se “informa que la Operación Cóndor estaría derivando hacia actividades “no violentas”. Verbitsky recuerda que en el archivo se “pone como ejemplo una reunión realizada en diciembre de 1976 cuyo tema principal fue la planificación de operaciones de guerra psicológica contra grupos de izquierda y radicales (lo cual no debe confundirse con grupos de la UCR)”, y que antes de ello “se había aprobado un programa por el que un país miembro publicaría piezas de propaganda útiles para otro miembro, de modo que el país más interesado no quedaría al descubierto como fuente de la información falsa. Este programa de guerra psicológica requiere un intenso uso de los medios de comunicación”.

Aquella campaña contó con la activa colaboración de empresarios periodísticos que se apropiaron de Papel Prensa, una de las claves del crecimiento del Grupo Clarín, que asociado con La Nación y La Razón arrebataron a la familia Graiver-Papaleo las acciones de la compañía que proveía el principal insumo a diarios y revistas. La agencia de inteligencia norteamericana debe saber muy bien cuál fue el destino cierto del empresario David Graiver, que sufrió un misterioso accidente aéreo en México, jamás esclarecido.

No es más que una especulación, pero no sería extraño que lo que más preocupa al gobierno de Macri, y específicamente a uno de sus principales apoyos, Héctor Magnetto, CEO de Clarín, sea lo que aún no se ha desclasificado: los archivos del Pentágono y de la CIA.

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