Es necesario que se apruebe cuanto antes la nueva ley de alquileres, tal como tuvo media sanción en el Senado.
La extensión mínima a tres años de los contratos con fines de vivienda; la actualización anual a través de un índice que promedia costo de vida y salario, y no según los antojos del mercado como pasa hasta ahora; el pago de los impuestos que gravan la propiedad y las expensas extraordinarias a cargo del propietario; que el depósito de garantía no supere un mes de alquiler y sea devuelto al término del contrato, con un monto equivalente al último mes abonado, son cambios que abren la oportunidad de avanzar hacia un marco de alquiler más equilibrado y justo.
La presentación de un nuevo proyecto por parte del PRO, no busca otra cosa que dilatar su tratamiento y que no sea aprobado, en sintonía con los intereses de la especulación inmobiliaria y su rechazo a la nueva ley.
En lo que va del año los aumentos de los alquileres para vivienda promedian un piso que supera por largo el 30%, y crece más aún en el sector comercial.
En nuestra ciudad, más de la mitad de las familias no pueden acceder a un departamento de un dormitorio sin comprometer sus ingresos. Mientras que el 60% queda excluida del acceso a un departamento de dos dormitorios y el 80% a uno de tres dormitorios.
Sostener un alquiler hoy se lleva la mitad de los ingresos que tiene un trabajador.
Como venimos diciendo, esta realidad tiene que ver con la total desregulación del mercado inmobiliario, la complicidad del Estado y la falta de herramientas que defiendan a los inquilinos y promuevan el derecho a la vivienda.
Los precios y aumentos de los alquileres se fijan sin otra referencia que el antojo de la cámaras que concentran las grandes empresas inmobiliarias, valores que siempre están por encima de los salarios y la inflación.
La aprobación de la nueva Ley de Alquileres en Diputados, tal como tuvo media sanción en el Senado el año pasado, y la creación de una Defensoría Pública del Inquilino en el marco del Estado municipal, serían dos herramientas concretas para poner un freno a los abusos y avanzar hacia un mercado de alquileres más justo y transparente.
(*)Titular de la Defensoría del Inquilino y candidato a concejal de Rosario. Autor de los Proyectos de Ordenanzas locales para crear una Defensoría Pública del Inquilino y una Tasa al Inmueble Ocioso.
