Marcelo Parrilli es el abogado que presentó la denuncia penal contra Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia que firmaron el cuestionado fallo que aplicó la derogada ley del 2×1 a un represor de la última dictadura. Representante de varias querellas en investigaciones por crímenes de lesa humanidad –uno de los primeros que llevó la causa Cambiaso Pereira Rossi en los 80–, el ex legislador porteño acusó por “prevaricato” a los magistrados, una figura que, de avanzar la causa que tomó el mediático fiscal Guillermo Marijuán, y que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, implica la remoción de los cortesanos. En diálogo con El Eslabón analizó la resolución que sacudió el escenario político nacional y opinó sobre el proyecto recién sancionado en el Congreso, que según el presidente Mauricio Macri, citando a su aliada Elisa Carrió, vino “a llenar un vacío” legal. “No sirve para nada”, aseguró Parrilli.

“El fallo de la mayoría de la Corte, desde el punto de vista técnico, es bastante pobre”, evaluó el ex legislador porteño, quien coincidió con la mayoría de las abogados de derechos humanos en calificar a la resolución como un “engendro”.

La base del planteo de Parrilli es que no se puede aplicar al cómputo de una pena por delitos de lesa humanidad, una ley que estaba prevista para delitos comunes. “La ley del 2×1, además de estar derogada, estaba prevista para delitos comunes. Es violar los tratados internacionales y las leyes internas”, remarcó el abogado.

Entre las leyes “violadas” por la Corte Suprema, el ex legislador porteño mencionó en su escrito –y en la entrevista– la Nº 27.156 que, según precisó, “prohíbe reducir de cualquier manera, a través de indultos, conmutaciones o amnistías, las condenas que se impongan por delitos de lesa humanidad”.

“Es una cuestión desde el punto de vista técnico bastante simple. No opinable”, subrayó Parrilli y abundó: “La ley 27.156 termina reseñando lo que surge de todos los tratados internacionales, que fueron convertidos en leyes internas en Argentina previamente. En ese sentido no era ninguna novedad. Todo esto es algo primario, básico, bastante sabido, que no se pueden reducir las condenas en los casos de delitos de lesa humanidad”.

—En tu denuncia acusás a los tres jueces que firmaron el fallo de haber cometido “prevaricato”, ¿qué implica esa figura legal?
—Prevaricato es dictar resoluciones contrarias a la ley. Para los jueces significaría inhabilitación absoluta y perpetua. Es decir, que debería dejar sus cargos. Y que no podría ocupar nunca más cargos públicos en la administración.

—¿Qué expectativa tenés con el curso de la denuncia, sabiendo que la causa la tiene el fiscal Marijuán y que recayó en el juzgado de Rafecas?
—La verdad es que en el arco de todas las especulaciones que podía hacer, pensaba que Marijuán finalmente iba a imputar, cosa que hizo. Me parece que él ve que efectivamente hay delito y me parece también que empezó a medir la realidad social.
Ahora vamos a ver que hace Rafecas, que es un juez que tiene mucha trayectoria en el terreno de los derechos humanos, pero también es un juez muy vulnerable porque tiene una causa en el Consejo de la Magistratura por el desistimiento de la denuncia de Nisman, que a mi modo de ver es un fallo correcto. Espero que no quiera balancear eso con esto.

—¿Cuál es tu opinión sobre la ley que se aprobó esta semana en el Congreso para excluir los delitos de lesa humanidad de la aplicación del derogado 2×1?
—No sirve para nada. Es una redundancia. Son las típicas cosas que hacen los diputados y senadores cuando están en modo campaña. Actuaron ante la conmoción social que había. No sirve para nada porque le está diciendo al juez: «señor juez, no tiene que aplicar una ley de cómputo de penas de delitos comunes en una condena por delitos de lesa humanidad»”.

—Tras cambiar su discurso, luego del enorme repudio social, el oficialismo dijo que esta ley del Congreso viene a llenar un “vacío legal”…
—No cubre ningún vacío legal, porque no había ningún vacío. Pero entra en la lógica peligrosa del PRO, y que describió Carrió en su discurso de que acá había un vacío legal. Y no sirve para nada tampoco, porque es posterior a los hechos. Con la misma lógica los jueces que están ahora en la Corte deberían decir «esta ley es penalmente más gravosa entonces no la puedo aplicar». Con lo cual la situación que tenemos desde el punto de vista institucional es grave. Los recursos de excarcelación de los genocidas van a seguir llegando a la Corte, y la Corte va a seguir fallando. Y por más que avance el pedido de juicio político o la causa penal contra los magistrados, la remoción por cualquiera de esas dos vías va a tardar mucho tiempo. Y además el PRO los va a defender.

—¿Cuál es el camino a seguir entonces?
—Si acá nos seguimos movilizados y denunciando socialmente esto, y presionando para que los miembros de la Corte renuncien, estamos en una situación muy compleja, yo no creo que cambien de parecer. No pueden en una semana, en veinte días, decir «cambié de idea».

—¿Pero así como firmaron este mamarracho jurídico ¿no pueden hacer otro engendro para tratar de zafar del encierro en el que se metieron, del repudio popular, y descomprimir el reclamo de juicio político?
—Ojalá que hagan un engendro en sentido opuesto. Ojalá haya sido una gran maniobra del Congreso de tratar de lavarle la cara a ellos y darles esta ley y decirles «bueno agárrense de esto».
Pero el camino a seguir es continuar denunciando. Como dijo Estela, que dijo que espera que renuncien. Firmar petitorios, impulsar denuncias, seguir reclamando el juicio político. La solución es que se vayan.

Fuente: El Eslabón

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