Lo que desde el gobierno provincial se establece a través de un decreto, extrañamente sin tanta difusión pública, como un conjunto de disposiciones tendientes “garantizar el normal cumplimiento de los objetivos de alojamientos, asistencia y reinserción” de menores en conflicto con la ley; para un conjunto de trabajadores de uno de los institutos, el Hogar Granja “Casa Joven” – en General Lagos–, es un avance hacia políticas de encierro. Además, advierten sobre la posibilidad de que se estén generando condiciones para albergar a pibes ante un eventual cambio de escenario, que se pudiera producir como consecuencia de la baja de la edad de imputabilidad en la que se incrementaría el número de detenidos.

Sus argumentos se sostienen en atención a lo que ya viene ocurriendo en el espacio donde trabajan, para el que se estaría planteando una “refuncionalización” que ellos ven de otra manera: como “un vaciamiento” que ya empezó y que también es concordante con esa lógica política que avizoran. Además, temen que, de ser un centro “abierto”, pase a ser “semicerrado”, con las consecuencias negativas que eso traería para los jóvenes. Cabe una digresión, un tanto obvia: cuando se resaltan mejoras edilicias en centros de detención, ¿qué se celebra: más comodidad para los alojados o un avance en la consolidación de un política de encierro?

Casa Joven depende de la Dirección Provincial Penal de Justicia y, junto a su instituto vecino de Alvear, son los dos centros denominados “abiertos” de la zona. Ocupa un predio de seis hectáreas, sobre la ruta 21 a la altura de General Lagos, y tiene una estructura edilicia deteriorada en la que se trasunta la ausencia del Estado. Está pensado para alojar a jóvenes en conflicto con la ley, que proceden del Irar (Instituto para la Recuperación del Adolescente Rosario) e inician allí el tramo final con vistas a su salida, en un ámbito de libertad –sin personal penitenciario sino con operadores y personal administrativo–, con la posibilidad de asistir a talleres y salir a la escuela, a Centros de Salud y a otras actividades de capacitación. En la actualidad solo lo habita un joven.

El vaciamiento y sus consecuencias

En los últimos tiempos, su personal está preocupado y alerta, perciben el vaciamiento. Pese a que desde el Gobierno provincial se niega la posibilidad de cierre, se habla de refuncionalizacion y, al respecto, se alude a la construcción de un centro deportivo y cultural, sin demasiadas precisiones sobre sus alcances, en especial si es cerrado, abierto o ambulatorio.

Entonces, se piensa en términos de vaciamiento el hecho de que en la actualidad haya solo un joven –hubo tres más hasta fines de 2016–, pese a que el Irar está altamente poblado y resultaría muy atinado que, desde los juzgados, se derivaran algunos muchachos para mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, se deja entrever cierta presunción de complicidad del Poder Judicial por no autorizar traslados. A esto se suma el hecho de que a empleados de “Casa Joven” les ha llegado la notificación de traslados a otros ámbitos laborales.

En suma, ante una estructura deteriorada a la que se deja caer, sin jóvenes y con el desguace de su planta de personal, es razonable pensar –como entienden sus empleados– en una lenta agonía inducida por el gobierno provincial “para no pagar el costo político del cierre”, como dice una joven operadora del lugar.

De todos modos, las consecuencias de esto son, según entienden los trabajadores, más graves aún. Como ya se dijo, la ausencia de centros “abiertos” es funcional al avance de políticas de encierro. En lo concreto, esta situación niega a muchos chicos la posibilidad de dejar un espacio cerrado como el Irar para estar en otro abierto y con mayores perspectivas de desarrollo.

Un decreto sin debate y cuestionado

Tiempo atrás, la conciencia de ese vaciamiento llevó a los trabajadores a buscar explicaciones en los funcionarios y, si bien en un principio hubo algunos intercambios, de pronto irrumpió el decreto número 713, con fecha 10 de abril. Así, lo que era una insinuación se transformó en una decisión a la que sus autores no le asignan demasiadas chances de debate. Es lo que hay.

Entre sus puntos más salientes –que a simple vista resultan atractivos–, se plantean la coordinación de dos ministerios –el de Justicia y Derechos Humanos y el de Desarrollo Social–, “metas superadoras” de los programas y de la infraestructura de los institutos de menores tanto los punibles, de entre 16 y 18 años, y no punibles, menores de esa edad.

Al malestar generado por habérseles negado la posibilidad de participar del diseño de esos programas, se suman críticas concretas al decreto. “Por la experiencia que tenemos y por haber discutido con los funcionarios que armaron esto, vemos que tienen más dudas que certezas en algunas cuestiones de las políticas”, afirma Fernando Ragel, operador en “Casa Joven” y con un par de décadas de trabajo vinculado a menores. Tanto él como otros compañeros que dialogaron con El Eslabón, muestra un perfil de empleado estatal digno de destacar ante tanta injuria de la que suelen ser objeto: más allá de algunos cambios desfavorables, no están amenazados por la pérdida del trabajo; su lucha pasa por la defensa de un modo de abordar la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley y, de esta manera, da cuenta de un compromiso con las políticas públicas que darán marco a sus prácticas.

Fernando Ragel explica: “Nosotros trabajamos en instituciones de puertas abiertas y este decreto corre la vara de dureza en el sentido de tratamiento de jóvenes, porque lo desarrollan en tres sistemas: los cerrados, que son el Irar acá en Rosario y “Las Flores” en Santa Fe; los semiabiertos, que también se los puede pensar como semicerrados; y dejan de puertas abiertas a lo que serían los centros de día”. En ese sentido, Daniel Ragel, también trabajador del lugar y delegado, opina que el decreto representa “un cambio sustancial de la política con jóvenes judicializados y con no punibles”.

Lo que se teme y lo que puede pasar

Según uno de los coordinadores de talleres –quien también se desempeña en otros instituto y tiene décadas de trabajo territorial–, lo que se está gestando contribuirá a profundizar más la exclusión de los pibes, privándolos de una transición en la que puedan acceder, por caso, a la salud y a la educación, y a la vez incorporar herramientas para tener una vida más digna.

Para entender esta extraña situación –donde también se estaría viendo un desaprovechamiento de infraestructura y de recursos humanos– indican, con cifras aproximadas, que hay cuarenta pibes en el Irar, ocho Alvear y uno en General Lagos. Una vez más, lo paradójico: un Irar de carácter cerrado con tendencia a la superpoblación; Alvear acogiendo chicos sin personal suficiente y General Lagos con uno solo y una estructura –y trayectoria– para recibir más.

Fernando Ragel aporta algunas ideas para saber cómo se han ido interpretando las cifras de alojados: “Nos decían que era insostenible que hubiera dos instituciones abiertas, la de Alvear y la nuestra, con tres chicos; y que estaban ingresando pocos chicos al sistema. Ahora, al día siguiente que sale el decreto, empiezan a mandar pibes a Alvear. Por eso, lo que decimos también de la complicidad de los juzgados”.

Entonces, Daniel trata de interpretar: “Creemos que se está armando toda la cuestión edilicia y de instituciones, pensando en la baja de la imputabilidad de los menores, y necesitan espacios de encierro para contenerlos. Por eso, hablan de lugares de admisión para chicos no punibles y punibles”. Y apunta que con el cambio de paradigma –a partir de la promulgación de la ley 26.061, de protección de niños, niñas y adolescentes–, ya “no hay instituciones para los chicos que delinquen que son menores de 16 años. Entonces, estarían tratando de crearlas con vistas a futuro”.

Pese a la deserción del Estado en su mantenimiento, está el predio de “Casa Joven”, acogedor o, al menos, con una impronta muy diferente a lo que puede ser un instituto fragmentado en sectores, con altos muros y rejas. Está la actitud militante de su personal y su voluntad de pensar en términos de políticas inclusivas y de restitución de derechos. Y está el decreto del gobierno provincial con metas ambiciosas, que tendrá sus tiempos para ejecutarse. Y también el tiempo o la dinámica que a este le impongan los actores –funcionarios, trabajadores, los propios pibes y la sociedad en general– para que se pueda visualizar o definir el rumbo que tomarán las políticas para los jóvenes en conflicto con la ley y, así, develar hasta qué punto las preocupaciones de hoy eran ciertas o fueron el toque de alerta para evitar males mayores.

Fuente: El Eslabón

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