El fiscal regional Patricio Serjal se comprometió ante la Asamblea por los derechos de la Niñez y la Adolescencia (Adna) a desarchivar las causas en las que se investigan las muertes de Maximiliano Zamudio y Alejandro Ponce.
La novedad fue difundida por la Asamblea por los derechos de la Niñez y la Adolescencia, que informó este martes que tras una reunión mantenida con las familias de las víctimas y sus abogados, el fiscal regional Patricio Serjal se comprometió a desarchivar las causas en las que se investigan las muertes de Zamudio y Ponce. Las causas quedarían en manos de un nuevo fiscal a designar.
Maximiliano Zamudio, de 16 años, fue asesinado en barrio Tablada, el 27 de mayo de 2015, por un cabo de la Prefectura Naval que ingresó al pasillo en el que vivía Maxi. “Después de un breve diálogo, le disparó a quemarropa, desde la organización”, recordaron desde la Adna en un comunicado colgado en su perfil de Facebook.
“El fiscal que investigaba la causa, Miguel Moreno, decidió desde un primer momento desestimar la versión de familiares y testigos del crimen. Por el contrario, creyó en la versión del prefecto, basada en un supuesto intento de robo y sustentada en nada más que en su relato. Esa noche solo hubo un arma en la escena: la del cabo Ariel Fernando Condori, con la que mató de dos disparos a Maximiliano”, añadió el texto de la Asamblea.
Alejandro Ponce, de 23 años, fue hallado sin vida en el río Paraná el 2 de noviembre de 2015. Había desaparecido tres días antes, luego de una persecución policial. “La tarde del 30 de octubre, efectivos de la comisaría 3ra, la policía motorizada y el Comando Radioeléctrico, acusaron a Alejandro y su hermano de haber robado en la zona del parque de los silos Davis”, fue la reseña del caso realizada por Adna.
“En un instante –continuó el relato del caso Ponce realizado por la Asamblea–, y en un hecho que la investigación, también a cargo de Miguel Moreno, aún no pudo esclarecer, los jóvenes terminaron dentro del río. Alejandro no sabía nadar, y fue agredido por la policía, que en vez de ayudarlo a salir a tierra lo insultaron y le tiraron piedras. Alejandro murió ahogado, y su hermano pudo llegar a la orilla, también herido por los golpes. El fiscal Moreno nunca investigó el hecho y pretendió archivarlo”.
Para los abogados de Adna, la reapertura de los casos “no solo implica un alivio para las familias, sino también una demostración de que la lucha en las calles y en los tribunales muestra su fruto”.
En el mismo sentido se manifestó la Multisectorial contra la violencia institucional, espacio integrado por familiares de víctimas de gatillo fácil y diversas organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos, entre ellas la propia Asamblea por los derechos de la niñez.
La Multisectorial publicó un comunicado, que se reproduce completo a continuación.
El Fiscal Serjal se comprometió a desarchivar causas de violencia institucional
Tras la reunión que mantuvieron en la sede de la Fiscalía Regional los familiares de Maximiliano Zamudio y Alejandro Ponce, junto a sus abogados querellantes, y el Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, se llegó a un compromiso para desarchivar ambas causas y cumplir con las medidas probatorias ya solicitadas.
Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional creemos que es una victoria de la lucha popular, que llega luego de la campaña NO Archivo de las causas de Zamudio y Ponce, donde se pidió el apartamiento del Fiscal de la Unidad de Homicidios, Miguel Moreno, de tres casos de violencia institucional por su inadecuado desempeño en las investigaciones y el maltrato hacia los familiares, por lo tanto también la designación de un/a nuevo/a fiscal con interés en investigar las causas.
En el mismo sentido, a principios de año se había mantenido una reunión con Jorge Baclini, por entonces Fiscal Regional de Rosario y ahora titular del Ministerio Público Fiscal, donde se lo puso en conocimiento de los reclamos de las familias Zamudio, Ponce y Godoy en torno al papel que cumplió el Fiscal Moreno en esas investigaciones.
El accionar de Moreno es sólo la expresión de un patrón de intervención generalizado y sistemático del Ministerio Público de la Acusación en relación a las causas de Violencia Institucional. Las investigaciones no se adecúan a los estándares internacionales en la materia conforme lo establecen las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país. Es decir, no son de investigaciones imparciales, prontas y efectivas.
El abordaje de estos casos es inadecuado desde el comienzo de las investigaciones, ya que no se impulsan desde la Oficina de Corrupción y Violencia Institucional sino que se las hacen desde la
Unidad Fiscal de Homicidios. Ello implica que sean investigados como homicidios entre particulares, siendo que en estos casos los/as presuntos/as responsables son agentes de la policía provincial y/o de las fuerzas de seguridad, lo cual de ninguna manera puede soslayarse.
En el mes de abril, el fiscal de Homicidios Miguel Moreno fue apartado de la causa que debía investigar el crimen de Carlos Vicente Godoy y la misma fue derivada a la Oficina de Corrupción y
Violencia Institucional. Sin embargo, las familias de Maximiliano Zamudio y Alejandro Ponce seguían sin tener una resolución sobre el pedido de Archivo del Fiscal Moreno y sobre eso constó la reunión con el recientemente designado Fiscal Serjal, ya que es quien decide si las causas se archivan o no, frente a los pedidos de las querellas.
El fiscal Serjal se comprometió a:
– Desarchivar las causas en las que se investigan los homicidios de Maximiliano Zamudio y Alejandro Ponce.
– Apartar al fiscal Moreno de la investigación de esas causas.
– Realizar todas las medidas probatorias solicitadas por las querellas pendientes de realización.
