En un contexto de regresión en materia de Memoria, Verdad y Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia por primera vez en Argentina, este lunes, su 162° período de sesiones extraordinarias. Durante el fin de semana recibió informes muy duros de organismos de derechos humanos de todo el país. La situación de Santa Fe llegó de manos de la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
En la apertura de sus sesiones, que tendrá lugar en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, estarán Francisco Eguiguren, presidente del organismo y relator para la Argentina, el vicecanciller Pedro Villagra Delgado y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
La CIDH sesionará hasta el sábado próximo y, si bien su protocolo establece que en su agenda no se tocan en su agenda oficial temas vinculados al país –tal caul se informa este lunes en Página 12–, lo cierto es que desde su arribo al país, ya han tomado contacto con los organismos de derechos humanos, quienes le entregaron durísimos informes sobre la gestión de Macri en la materia.
El desmantelamiento de las políticas públicas de derechos humanos, el negacionismo del terrorismo de Estado en el discurso oficial y la detención arbitraria de Milagro Sala y otros militantes sociales, entre otros temas, estuvieron al tope de las denuncias que entregaron las Abuelas, Madres e Hijos, junto a otras organizaciones.
Presidente, Vicepresidenta y Secretario escuchan a sociedad civil argentina en la ex ESMA. Antes centro de tortura. Hoy, aquí, escuchamos. pic.twitter.com/h6NH0I22Yc
— CIDH (@CIDH) 19 de mayo de 2017
Reunión con organismos
Antes del inicio de las actividades oficiales, la CIDH se reunión con más de 100 organizaciones, donde recibió el informe de organismos de los derechos humanos sobre la situación de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Argentina. El encuentro tuvo lugar en la Casa por la Identidad, de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en a ex Esma.
«Con bastones y en sillas de ruedas, las Abuelas seguimos de pie», dicen ellas al Presidente, la Vicepresidenta y el Secretario de CIDH pic.twitter.com/20FwFd5KGn
— CIDH (@CIDH) 19 de mayo de 2017
En el informe, los organismos denunciaron los “profundos retrocesos en la promoción y defensa de los derechos humanos en el país a partir de la presidencia de Mauricio Macri”.
Recibimos información de más de 100 organizaciones de la sociedad civil argentina en la Casa de las Abuelas, en la ex ESMA. pic.twitter.com/84bJSjuylH
— CIDH (@CIDH) 19 de mayo de 2017
El duro documento (que se puede leer completo aquí) lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
La situación en Santa Fe
Por su parte, el abogado e investigador rosarino, Enrique Font, indicó que junto al ex defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) entregó ante la CIDH informes sobre la situación de la provincia de Santa Fe, donde se denuncia la situación sobre torturas, tratos crueles y degradantes en cárceles y comisarías de la provincia, y sobre violencia institucional.
Desde la Cátedra de Criminología difundieron un reporte de los informado a las CIDH, que a continuación se reproduce completo.
Reporte sobre el informe presentado ante la CIDH
1. Reporte de lo informado por la Cátedra de Criminología y Control Social, Facultad de Derecho, UNR a la CIDH en la reunión de la CIDH con sociedad civil
(19 de mayo)
Desde la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, representados por su titular Enrique Font, participamos de la reunión con sociedad civil que la CIDH realizo durante sus visita de trabajo, previa a las sesiones en Buenos Aires. Durante la reunión, la Cátedra advirtió que la situación regresiva en materia de derechos humanos en el país impacta de manera regresiva en la provincia de Santa Fe. Provincia en la cual el fenómeno preexistente de violencia institucional se ha agravado.
Presentamos a la CIDH un informe, resultado de una investigación empírica de la cátedra que vincula las violaciones a los derechos humanos de baja intensidad — como las distintas formas de detenciones arbitrarias a personas menores de 16 años y de 18 años y adultos — con violaciones más graves. Es decir con hechos que constituyen casos de tortura y malos tratos, muertes en custodia, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, fenómeno que creíamos erradicado en Argentina pero que en Santa Fe se ha instalado con mucha contundencia.
Señalamos que esta situación es conocida por la CIDH. Así, recientemente la CIDH ha otorgado medidas cautelares y existen peticiones admitidas y pendientes sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en Santa Fe.1 Además, la existencia de patrones uniformes y constantes de prácticas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por los cuerpos de policía ha sido planteada por representantes de las defensorías públicas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe durante el 154º Período ordinario de Sesiones de la CIDH en marzo de 2015 en audiencia sobre seguridad ciudadana y denuncias de tortura en Argentina. Y también fue planteada ante la CIDH en el 159° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH en diciembre de 2016 en la audiencia sobre la situación de derechos humanos y sistema de justicia juvenil en Argentina, impulsada por el entonces Defensor Provincial.
Asimismo, se informó acerca de la vinculación de estas violaciones a los derechos humanos con hallazgos obtenidos como resultado del trabajo empírico de la Cátedra. En este sentido, referimos al negacionismo institucional, cada vez más manifiesto, por parte del poder ejecutivo y judicial provinciales, del fenómeno sistemático y extendido de la violencia institucional. Como ejemplo de ello, denunciamos que este negacionismo es tan intenso y sostenido que hasta el Ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein, falto a la verdad ante la audiencia ante la CIDH sobre la situación de los adolescentes y la justicia penal en la provincia, afirmando, entre otras falsedades, que «en la provincia no se detiene en comisaría a ningún menor de edad».
Y vinculado estrechamente a este negacionismo informamos sobre la gravísima situación de represalias. Ya que, quienes de alguna manera confrontamos ese negacionismo estatal, sobre todo cuando lo hacemos desde espacios institucionales, sufrimos represalias, las que se han ido intensificando y agravando. Así, la CIDH tiene una petición de medida cautelar por la destitución de Gabriel Ganon como defensor general. Petición a la que actualmente hay que sumar que las represalias se han sostenido y aumentado, ahora a través de la no renovación de contratos y el desmantelamiento completo del area de prevención de violencia institucional a nivel provincial.
Finalmente, se solicitó que la CIDH tomara los casos denunciados, sostuviera las peticiones admitidas y de curso a las pendientes.
2. Reunion Bilateral de Gabriel Ganon (como peticionario) y Enrique Font con Francisco Eguiguren y Paulo Abreu, Presidente y Secretario Ejecutivo, respectivamente, de la CIDH
(20 de mayo)
La reunión fue otorgada a Gabriel Ganón como peticionario de una medida cautelar respecto de su ilegal suspensión como Defensor General de la Provincia de Santa Fe. Participó también Enrique Font como ex responsable de la actualmente desmantelada Secretaría de Prevención de la Violencia Institucional de la Defensa Pública Provincial.
En la reunión bilateral hicieron referencia nuevamente a la situación regresiva de violencia institucional en la provincia de Santa Fe expuesta ya en el día anterior en la reunión con sociedad civil. Ampliaron además la información brindada informando sobre los casos de Maria de los Angeles París, la docente muerta en el contexto de una violenta privación ilegal de la libertad, y el caso similar de Elina Rivero, que se encuentra en coma luego de haber sido golpeada y detenida en la Comisaria 7 de Rosario, recordándole a la CIDH que se trata de la misma comisaria involucrada en la desaparición forzada de Franco Casco.
También brindaron a la Comisión nformación sobre las medidas cautelares otorgadas en favor de B.F. y la vinculada a la desaparición forzada de Valentín Reales ocurrida en Cabin 9, en Rosario.
Describieron además a la CIDH el negacionismo del Estado provincial respecto de la grave situación de violencia institucional en Santa Fe (caracterizada por hostigamiento policial a jóvenes, detenciones arbitrarias, condiciones inadecuadas de privacion de libertad de adolescentes y adultos, torturas y malos tratos, uso ilegal de la fuerza letal y ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas) y la total ausencia de acciones y políticas efectivas de detección, documentación, investigación, sanción y prevención de la violencia institucional, así como también de rehabilitación y reparación adecuada a las víctimas y sus familiares.
También detallaron a la CIDH que al confrontar ese negacionismo y responder ante casos de violencia institucional o realizar informes alternativos, denuncias y peticiones ante los sistemas universal y regional de derechos humanos el Estado provincial reacciona con represalias. Ubicaron en este contexto de represalias la ilegal suspensión del Defensor General, Gabriel Ganón, el hostigamiento a la Defensa Pública durante la gestión de Ganón, la no designación de Enrique Font en el cargo ganado por concurso de Secretario de Prevención de la Violencia Institucional, y luego de la destitución de Ganon el desmantelamiento completo de la Secretaría de Violencia Institucional, la no renovación discriminatorias de algunos contratos de abogadas que se desempeñaron en dicha área y la mora en el pago de los honorarios por los servicios prestados de varios/as profesionales que cumplieron funciones en la Defensa.
Asimismo informaron sobre las reformas regresivas en el régimen de concursos y designaciones de funcionarios judiciales, del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública, como una forma de garantizar que la inacción y negacionismo imperante en la provincia respecto de la violencia institucional resulten alterados.
Fuentes: Redacción Rosario/Página 12/ La Imposible.
