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La defensa de la dirigente del Movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, y el fiscal Javier De Luca pidieron el sobreseimiento de la referente social en el marco de la polémica causa por un escrache realizado de 2009 contra el actual gobernador de Jujuy Gerardo Morales. Fue la «audiencia de informes» realizada este jueves en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, fiscalía, querella y defensa expusieron sus posiciones sobre la condena a tres años de prisión en suspenso que el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Jujuy impuso a Sala a fines de 2016, como instigadora del escrache con huevos de 2009 contra el entonces senador nacional y ahora gobernador Morales, entre otras personas.

Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Germigniani, el fiscal De Luca fundamentó su dictamen del 28 de abril último, en el que sostuvo que debían revocarse las condenas impuestas por esos hechos a Sala, líder de la Tupac Amaru y otros dos militantes sociales, Graciela López y Ramón Salvatierra.

El fiscal ante la Casación solicitó además que se declare nula la acusación de la querella que representa a Morales y anticipó en aquel dictamen que denunciaría por falso testimonio a dos testigos claves de la acusación contra Sala, entre ellos René Arellano.

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala, también pidió que se revoque la condena contra su representada y dijo que, ausente en los hechos de 2009, la líder de la Tupac Amaru fue condenada como instigadora sobre la base del testimonio de Arellano y su esposa Cristina Chauque, a los que atribuyó mentiras y contradicciones en sus declaraciones testimoniales.

La letrada consideró en consecuencia demostrada la arbitrariedad de la sentencia del Tribunal Oral Federal de Jujuy y sostuvo que el poder político de esa provincia «necesita una condena para Milagro, y esta es la primera”.

En tanto, la querella pidió que se revoque la absolución de Sala en cuanto al delito de amenazas y que que se la condene a una pena de prisión mayor, de cumplimiento efectivo.

En contraste, para el fiscal De Luca la querella que representa a Morales no puede acusar por los daños derivados del escrache de 2009 ya que la única acción en su perjuicio que denunció, las amenazas, ya prescribió.

La jefa de la Tupac Amaru está presa desde enero de 2016 en el marco de lo que organizaciones de derechos humanos de Argentina y el mundo, incluida la ONU y la CIDH, califican como una detención arbitraria.

Esta semana, en el marco de la campaña por la «libertad de Mlagro Sala y todos los presos políticos», hubo un tuitazo para denunciar que la referente lleva más de 500 días de persecusión y privación ilegítima de su libertad.

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