El Concejo Municipal izó este jueves la bandera de los derechos humanos. Aprobó por unanimidad una exhortación al gobierno nacional para que revea el despido del abogado Santiago Bereciartúa y declaró su preocupación por la suspensión del juicio Feced III, en el que se juzga a represores de la última dictadura. Las iniciativas legislativas estuvieron en sintonía con el malestar de las organizaciones que además protagonizaron una protesta en la ronda de las Madres.

Declaraciones en el Concejo

Con la presencia en la barra de integrantes de organismos de derechos humanos, el Concejo aprobó de manera unánime una declaración en la que se exhorta a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación rever el despido de Santiago Bereciartúa, único abogado de esa dependencia del gobierno nacional con poder de representarla en los juicios por crímenes de lesa humanidad.

La iniciativa conjugó proyectos presentados por un lado por la concejala Marina Magnani, de Unidos y Organizados-FPV; con la presidenta del cuerpo, Daniela León; Norma López, del Frente para la Victoria (FPV); Eduardo Toniolli, del Partido Justicialista (PJ); Carlos Comi, de la Coalición Cívica-ARI; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular (IP); María Eugenia Schmuck y Sebastián Chale, de Radicales Progresistas y Lorena Giménez Belegni, de Compromiso Social; y por otro del edil Juan Monteverde, de Ciudad Futura.

Sobre el tema hablaron Magnani –quien realizó un pormenorizado raconto histórico de los juicios por crímenes de lesa humanidad y acerca de la causa Feced específicamente–; Comi; Toniolli; Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular (FS y P); López, y Jorge Boasso, del bloque Radical, quien indicó que minutos antes se había comunicado con el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien le indicó que se iba a rever la situación respecto a Bereciartúa y que continuaría la presencia del Estado nacional en el juicio.

En la declaración votada sobre la desvinculación de Bereciartúa se consigna que es “el único representante de la querella con poder de representarla en la causa conocida públicamente como Feced III, una de las causas más emblemáticas que investigan los delitos cometidos durante el terrorismo de estado en la región, cuyo juicio oral y público comienza en pocas horas, y así mismo insta a que se den a conocer los motivos de la mencionada desvinculación”.

“Este Concejo entiende que la decisión de la Secretaría pone en riesgo el proceso de justicia y viola la obligación ineludible del Estado con dicho proceso, la que se remite a nuestra legislación y a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos”, remarca el texto aprobado por los ediles. Y agrega: “este Concejo Municipal manifiesta una vez más su compromiso con los principios de memoria, verdad y justicia y su acompañamiento a los organismos de derechos humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado en su inclaudicable lucha por justicia” .

También se aprobó una propuesta del edil Juan Monteverde en la que se expresa la preocupación por la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario de suspender el inicio de las audiencias orales de la causa Feced III.

Además, se aprobó un decreto presentado por la edila Gigliani, en el que se encomienda al “Departamento Ejecutivo que gestione la preservación de un sector del muro que perteneciera al ex Batallón de Comunicaciones 121, el hoy Complejo «Gobernador Jorge Obeid» , aproximadamente a la altura de Leiva y Lamadrid, donde se encuentran expresiones realizadas por organismos de derechos humanos, entre ellos un mural que incluye un fragmento de la carrocería de un Ford Falcon, el auto emblemático utilizado por los grupos de tareas durante la dictadura”.

La concejala de IP, recordó que en su momento se votó una normativa para preservar el Pabellón 9 de la ex unidad militar, que fuera “lugar de detención de presos políticos”.

Repudios en la ronda de Madres

Unos minutos después de la sesión del Concejo, el reclamo de los organismos se trasladó a la plaza 25 de mayo, donde habían convocado a una ronda de repudios junto a las Madres, para expresar la bronca por la suspensión del juicio Feced III y el despido de Bereciartúa.

En la convocatoria a la plaza de las Madres, las organizaciones sociales, gremiales, políticas y derechos humanos que integran el espacio Juicio y Castigo, se quejaron de la “constante provocación desde el gobierno nacional contra el desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad”.

Los organismos de derechos humanos repudiaron “abandono de la querella por parte de Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, materializado en el arbitrario despido del abogado Santiago Bereciartúa” y manifestaron su bronca por la suspensión del debate oral y público de la causa Feced III.

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