Pese a la caída del consumo y el contexto recesivo, el costo de vida sigue en alza. Alimentos, servicios públicos y medicamentos lideran los aumentos de precios y recortan la capacidad de compra de salarios y jubilaciones.
Cae el consumo, sube el desempleo, se derrumba el nivel de actividad económica y se recorta el poder de compra de salarios y jubilaciones. Sin embargo, la inflación no afloja su recorrido ascendente. Los modelos económicos como el que aplica Cambiemos, recostado en las experiencias neoliberales, se cimientan en el ajuste permanente “hasta estallar”, como cantan Los Caballeros de la Quema. El modelo M se sustenta en el mercado financiero, con endeudamiento y desindustrialización. Este derrotero deja secuelas sociales de largo plazo. Pese al contexto recesivo, los precios de alimentos, servicios públicos y medicamentos se mantienen por las nubes, mientras las mayorías populares hacen malabares para llegar a fin de mes.
El gobierno de Mauricio Macri ensaya todo tipo de piruetas políticas para maquillar el ajuste, pero la heladera semivacía tira abajo cualquier estrategia oficial por más coraza mediática que tenga. Si bien cada familia tiene su propia estructura de gastos, las diferentes mediciones del índice de precios al consumidor coinciden en que la meta de inflación del 17 por ciento que trazó el Banco Central y el Ejecutivo para todo 2017 se ve cada vez más lejos y más borrosa. Proyecciones públicas y privadas estiman una inflación para este año de entre 25 y 29 por ciento. Varias negociaciones paritarias, paros y protestas mediante, vienen cerrando por debajo de esos guarismos aunque por encima del techo del 17 por ciento, con la consecuente pérdida de capacidad de compra de los salarios.
Macri recibió el gobierno con una inflación en baja. En campaña, el ex presidente de Boca prometió bajar la inflación heredada y en el primer año de su gestión la duplicó. En 2006, el índice de precios al consumidor promedió el 40 por ciento y las paritarias rondaron el 30 por ciento: el resultado fue una pérdida de diez puntos en el poder adquisitivo de salarios de trabajadores registrados. El último año y medio, desde que gobierna la alianza PRO-UCR, se profundizó el proceso inflacionario de la última década, potenciado por la suba de los precios regulados y las políticas económicas de Cambiemos, como la devaluación, quita de retenciones e incrementos de tarifas.
“La particularidad de la inflación 2016 y 2017 es que se dio con una mayor dispersión y asimetría entre conjuntos de productos. Afectó en mayor medida a los precios de los alimentos, los servicios públicos y también a los medicamentos. En el mercado de medicamentos confluyen actualmente dos factores perniciosos para el acceso masivo: el alza de precios descomedida y la supresión o disminución en la cobertura de algunas obras sociales de grupos sensibles, como es el Pami”, se indicó en un estudio de la Universidad de Avellaneda.
La política antiinflacionaria del gobierno, con suba de la tasa de interés, dólar planchado y apertura de importaciones, no alcanza para domesticar a las empresas formadoras de precios, donde hay un alto grado de concentración. Según el Indec, la evolución de la inflación en 2017 fue 1,3 por ciento en enero, 2,5 en febrero, 2,4 en marzo, 2,6 en abril. El instituto oficial que dirige Jorge Todesca midió en mayo una inflación de 1,3 por ciento, y una anualizada del 24 por ciento.
En cambio, la cifra que divulgaron en el Congreso legisladores del arco opositor calculó un índice de precios al consumidor de 1,8 por ciento en mayo, al igual que la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet) en base al índice confeccionado por el Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra), que integran sindicatos de la CGT y la CTA. El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), por su parte, relevó para el mes de mayo una suba de precios del 2,1 por ciento en supermercados al cotejar el cómputo con el mes anterior. En tanto, la entidad de usuarios y consumidores Cesyac determinó una variación de precios en Rosario durante mayo del 0,45 por ciento con respecto a abril, y un acumulado durante el año del 11,07 por ciento.
“Al considerar la canasta básica alimentaria (costo de vida para no ser indigente) en promedio para el mes de mayo, se totalizó 2.216 pesos para un adulto y 6.850 para una familia tipo de cuatro integrantes. Esto representa un aumento del 2,3 por ciento respecto al mes pasado y un 27 por ciento respecto a mayo de 2016”, se anotó en el reporte del Ceso. Pese a que las ventas en supermercados no repuntan, la remarcación en góndolas que imponen grandes productores y cadenas de hipermercados no se detiene. Los súper chinos, autoservicios y almacenes también mermaron su recaudación por la contracción del consumo popular.
Como se señaló arriba, el incremento de precios para los trabajadores registrados se ubicó en el 1,8 por ciento en mayo y acumuló en los primeros cinco meses un incremento del 11,1 por ciento, según sindicatos de la CGT y la CTA. La pérdida del salario real en los 18 meses del gobierno de Cambiemos fue sostenida. “Si proyectáramos la inflación hasta fin de año, tendríamos un 28,6 por ciento”, expresaron desde el foro gremial al presentar el informe, donde se alertó asimismo que la inflación impactó más en los bolsillos de los asalariados que menos cobran.
“Pese al consumo en baja, suben precios de alimentos hasta 7 por ciento”, se señaló en un artículo publicado días atrás en el diario BAE. La nota continuó: “En otra decisión empresarial que no deja de sorprender por el contexto recesivo, varias marcas de alimentos y bebidas aumentaron en los últimos días hasta un 7 por ciento, y nada menos que en productos sensibles como aceite, polenta, galletitas, gaseosas, jugos y conservas”. Y se detalló: “Arcor dispuso un aumento generalizado en sus productos, de entre 6 y 7 por ciento. Estos incrementos se suman a los dispuestos semanas atrás por Coca Cola; Molinos Cañuelas; Quilmes, Pepsi y Danone”.
En un comunicado de legisladores opositores, al difundir el denominado IPC Congreso, se remarcó: “El actual nivel de inflación es preocupante de por sí, y también preocupa que hacia adelante, sin ajustes tarifarios ni cambiarios de magnitud a la vista en el corto plazo, sean los alimentos el principal driver de las subas de precios”. Los aumentos de tarifas y el recorte del déficit fiscal, es decir, la próxima vuelta de tuerca para seguir ajustando, se vendrán después de las elecciones legislativas de octubre, como adelantaron desde el propio gobierno.
La espiral inflacionaria afecta con más intensidad a los sectores vulnerables y deteriora la calidad de vida de las mayorías. Esto se ve reflejado en el informe que difundió Unicef, organización internacional que defiende los derechos de la infancia, donde se reveló que en la Argentina la mitad de los chicos viven bajo el umbral de la pobreza. El gobierno se puso “metas de inflación”, como dicta el manual neoliberal, pero hasta el momento hay meta inflación, que no es lo mismo.
Fuente: El Eslabón.
