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Pese a la voluntad de acuerdo de los choferes del transporte urbano de pasajeros de Córdoba, el intendente Ramón Mestre frustró el entendimiento alcanzado entre los colectiveros y el Ministerio de Trabajo provincial.

Los trabajadores cumplen este martes el noveno día consecutivo de paro total de actividades, luego de haberse frustrado un entendimiento que ya habían alcanzado los colectiveros con la cartera laboral de la provincia.

El servicio de transporte de Córdoba capital apenas funciona. Un denominado “Plan de emergencia”, que se aplica por segundo día entre las 7 y las 21, con gendarmes custodiando las unidades, sólo mantiene en marcha a alrededor del 25 por ciento de los colectivos que cubren los servicios de las líneas centrales del transporte de pasajeros urbanos.

El conflicto persiste luego de haberse frustrado este lunes a medianoche un entendimiento alcanzado entre los colectiveros y el Ministerio de Trabajo de la provincia para levantar las medidas de fuerza.

Las causas de la caída del acuerdo son, por un lado, la intransigencia de Mestre, dispuesto a disciplinar a los huelguistas y, por otro, que los empresarios desconocieron el entendimiento, ratificando los despidos y descuentos de los días de paro.

El ministro de Trabajo de la provincia, Omar Sereno, dijo este martes a los medios locales que anoche los choferes se presentaron espontáneamente en su despacho para solicitar que el conflicto se retrotraiga a la fecha de la conciliación obligatoria y de esa manera levantar la huelga con la condición de dejar sin efecto los despidos, las suspensiones, los descuentos de los días de paro y abrir una mesa de diálogo por el reclamo salarial.

La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y las empresas de la Federación del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap), actores en el conflicto, se negaron a firmar el acta acuerdo al rechazar los reclamos de los conductores para retomar sus tareas.

La voz de los trabajadores

Marcelo Marín, el delegado y principal referente de los choferes, reiteró que “no se va a negociar ningún acuerdo que implique despidos”, y resaltó que están dispuestos a seguir dialogando para encontrar una salida pero que “de ninguna manera vamos a volver al trabajo a costa de la pérdida del empleo”, por lo tanto ratificó la continuidad de las medidas de fuerza.

Con el objetivo de seguir dialogando para encontrar una salida al conflicto, el ministro Sereno convocó a las partes a una reunión para este martes.

La UTA nacional, un salvavidas de plomo

«Los despedidos están firmemente despedidos. Hubo un marco de ilegalidad en las medidas de fuerza aplicadas que no tuvieron el respaldo gremial» de la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ni de la delegación local de esa entidad local, sostuvo en la medianoche el titular de la empresa Coniferal y vicepresidente de la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap), Gustavo Mira.

Es que la postura del gremio madre fue en todo momento hostil al reclamo salarial que ocasionó la medida, ya que los trabajadores cordobeses no reconocen los acuerdos que firmaron el titular de la UTA nacional, Roberto Fernández, de estrecha sintonía con el macrismo, y el interventor de la UTA de Córdoba, Luis Arcando, con los gobiernos nacional y provincial.

En septiembre de 2016, Fernández destituyó a Ricardo Salerno, quien era el titular de la UTA cordobesa luego de triunfar en las elecciones ante Alfredo Peñaloza, el anterior secretario general. Salerno denunció entonces un “golpe institucional”.

La huelga le dio la oportunidad a Fernández de vengarse y acometer contra los díscolos. Sin ir más lejos, este lunes el titular de la UTA nacional acusó a quienes impulsan las medidas de “jugar a la política” y reclamó al Estado provincial a “intervenir en el conflicto con mayor fortaleza”, lo cual en el actual contexto no representa otra cosa que represión.

Fernández, quien parecía representar a la patronal o al municipio cordobés, sostuvo que “no se puede generar tanto descalabro y dejar a los usuarios sin servicio desde hace ocho días, por una medida inconsulta decidida por delegados inorgánicos, ya que la paritaria la cierra UTA a nivel nacional”.

El mandamás denunció la “intromisión de dirigentes de otras organizaciones gremiales” en un tema interno de la UTA y que advirtió con su actitud “avalan situaciones que están fuera de la ley”.

Mestre, radicalmente impiadoso

En igual sentido que los patrones se manifestó el intendente Mestre, al sostener que «los trabajadores despedidos han perdido sus trabajos y las horas no trabajadas no van a ser abonadas», y ratificó el “Plan de Emergencia” que se aplica por segundo día.

Los empresarios y Mestre aclararon que no fueron parte de la reunión que este lunes por la noche se realizó entre los choferes y el ministro Sereno.

El jefe comunal llegó a decir que la huelga es “una oportunidad político partidaria de la izquierda, del kirchnerismo” (incluso, de la propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner) al “nacionalizar” un conflicto sectorial como un reclamo nacional al gobierno del presidente Mauricio Macri. Y, desencajado, remató: “Sí, el kirchnerismo, el mismo que literalmente discriminó a Córdoba; incluso, que tuvo acá su peor derrota, fogoneando la violencia. Este es un conflicto que afecta a todos”.

La huelga alcanza a Aucor, Coniferal, Ersa y trolebuses Tamse, las cuatro empresas que prestan el servicio urbano de pasajeros en la capital cordobesa.

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