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Trabajadores y trabajadoras del movimiento por la defensa de los derechos de la niñez denuncian la crisis del sistema de protección en Rosario, la falta de recursos humanos e infraestructura en el sector más desprotegido en el marco de la aplicación de un modelo económico que excluye y hambrea al pueblo.

“El Movimiento de Trabajadoras y trabajadores de Salud Pública por los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, a partir de considerar la crisis del Sistema de Protección y la ausencia de políticas acordes a las necesidades de la infancia en la ciudad, solicita la construcción de Políticas Públicas que partan de un diagnóstico concreto que se realice con la participación de trabajadoras trabajadores que abordan esta problemática”, señalaron los trabajadores del sector al convocar a debatir la problemática en  una audiencia pública el este lunes 12, a las 9, en el Palacio Vasallo, de Córdoba 501

En enero de 2017, el movimiento surgió tras autoconvocarse los trabajadores de la red de Salud pública frente a la crisis en el área y “las políticas actuales en la ciudad de Rosario.

La convocatoria reúne a empleados de hospitales públicos provinciales y municipales de tercer y segundo nivel de Atención: del Hospital Centenario, Hospital Provincial, Hospital de Niños Zona Norte, Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Hospital de Niños Vilela, Hospital Roque Sáenz Peña, Maternidad Martin y el Instituto de Lucha Antipoliomelitica y Rehabilitación del Lisiado (Ilar). También participan empleados de los centros de salud provincial y municipal del primer nivel de atención y los servicios de internación domiciliaria.

Violación de leyes de derechos humanos

Los trabajadores sostuvieron: “Somos testigos del impacto que la degradación de las políticas de niñez tienen en los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Esta situación se viene agravando, violando las leyes vigentes en derechos humanos, niñez y salud mental, llegando a situaciones de violencia institucional donde es el mismo Estado quien vulnera los derechos de niñas y niños”.

En ese marco, advirtieron: “Atendemos en diferentes momentos e instancias –tanto en el territorio; en dispositivos alternativos; en atenciones ambulatorias y en hospitales– nos encontramos atravesando un proceso de agotamiento vinculado a los desmanejos institucionales en los que quedamos involucrados y que ponen en jaque la ética de nuestro trabajo”.

“Tenemos el deber ético de hacer visible la falta de decisión gubernamental (municipal y provincial) para llevar adelante políticas públicas que generen una institucionalidad que proteja y garantice los derechos de la infancia en nuestra ciudad”, agregaron.

“Cotidianamente nuestro trabajo se ve afectado por cambios en las instituciones específicas de niñez, así como por la fragmentación y desarticulación de las intervenciones que reproducen el abandono y la desprotección, principalmente en la población que vive en contexto de pobreza persistente y violencia urbana”.

Falta de espacios e intervenciones

Al nombrar algunas de esas situaciones que viven a diario, explicaron: “Hay niños, niñas y adolescentes que permanecen en instituciones más tiempo del requerido por su salud clínica integral debido a la falta de espacios pertinentes donde alojarlos y a la ausencia de intervenciones adecuadas , lo cual tiene como consecuencia el deterioro de su salud mental, física y social”,  y quedan en hospitales bajo una supuesta medida de resguardo.

Sobre esa prolongación de las internaciones, relataron que “por la falta de instituciones de alojamiento y además por la dilación de las decisiones e intervenciones de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia (DPPDNAyF), constataron que la incertidumbre con respecto a su porvenir ocasiona diversos impactos como la recurrencia de crisis subjetivas en los niños, niñas y adolescentes, reproduciendo violencia institucional y vulnerandose doblemente sus derechos.

A la vez, apuntaron que “las situaciones mencionadas han sido planteadas oportunamente a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. “El alojamiento de un niño –explicitaron–  no es solamente un lugar físico, se trata de alojar a un sujeto infantil que ha padecido una separación temprana, situaciones traumáticas, que ha perdido sus vínculos. Se intenta propiciar un proyecto de vida que no reproduzca el desamparo del que ha sido víctima”.

Obligación del Estado

La Ley Nacional de Salud Mental N°26.657, en su artículo n°15 dice: “La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes”

Ante estas situaciones de vulneración de derechos que “se perpetúan y agravan con el tiempo no logrando el Estado interrumpir esa vulneración y lograr la reparación”.

En lo referido a los “diferentes niveles de atención de salud abordamos problemáticas de víctimas de abandono, violencia familiar y o de abusos sexuales”, denunciaron que frecuentemente –luego de las intervenciones de los organismos de protección– permanecen o vuelven al lugar donde fueron violentados, sin que se sitúe una legalidad, o una sanción a quienes vulneraron. Se los priva de un alojamiento, resguardo y asistencia que les corresponde”.

“En el territorio esto sucede ante la dificultad de la Dirección Provincial de Niñez, para agendar y resolver las situaciones detectadas por el primer nivel de atención, algunas de larga data. Observamos trayectorias de vida de en las que se realizaron intervenciones sin seguimiento por parte de estos organismos con consecuencias gravísimas e irreparables para su salud física y psíquica”.

Falta de recursos humanos e infraestructura

En lo relativo al abordaje de salud mental en el ámbito hospitalario,  señalaron “un marcado déficit respecto a recursos humanos, materiales y de infraestructura para asistir crisis y urgencias subjetivas en niñas, niños y adolescentes”.

Respecto de las instituciones específicas existentes en la ciudad para el abordaje de medidas de protección integral y excepcional observaron “intervenciones centradas en lo administrativo en detrimento de la escucha y la clínica del niño o niña, produciéndose, en muchas ocasiones, una revictimización más que una protección”.

Y remarcaron que ante la detección de situaciones graves de vulneración de derechos, donde está en juego la vida, se encuentran con que “no están definidos los circuitos institucionales donde recurrir para la implementación efectiva de las medidas de protección integral que marca la ley. No existe el servicio local que hace años se intenta construir, dejando exclusivamente a las instituciones de salud a cargo del armado, coordinación intersectorial y seguimiento de situaciones, las cuales son imposibles de viabilizar desde un sólo sector de la política social y sin los recursos necesarios”.

Ante esto, los  trabajadores y trabajadoras de salud expresaron: “Decimos basta a ser testigos de un Estado que no cumple efectivamente con su función de protección de derechos de la infancia y adolescencia según las leyes vigentes”.

“Consideramos prioritaria la construcción de políticas para la infancia que partan de un diagnóstico concreto, con la participación de trabajadoras y trabajadores que cotidianamente abordamos la problemática”, acotaron.

Finalmente indicaron que la existencia de una infancia de la ciudad invisible en la calle, en la pobreza, en la marginación y discriminación, enferma, desafiliados y sin dónde vivir, requieren de una respuesta. “Exigimos el compromiso político y humano correspondiente para implementar las leyes votadas, con el objetivo de brindar el amparo y protección que la infancia merece”, resaltaron.

Fuente: El Eslabón.

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