Tras la decisión del gobierno nacional de suspender el pago de Planes Progresar, becas destinadas a estudiantes sin empleo o con bajos ingresos cuya finalidad es que continúen sus estudios, el gremio que nuclea a docentes de la escuela pública en Santa Fe, estimó que son 40 mil los perjudicados por esta medida.
“La base de beneficiarios al 2015 en todo el territorio nacional era de 800 mil. De ese total, a Santa Fe le correspondía un promedio del 10 por ciento. Es decir, hablamos de 80 mil estudiantes santafesinos que percibían la beca. Si a nivel nacional el recorte alcanzó a la mitad de los planes, en Santa Fe rondan los 40 mil”, detalló el secretario gremial de Amsafé, Javier Almirón.
La cifra se desprende de un relevamiento que la Ctera está haciendo en todo el país, tras anunciar este miércoles en conferencia de prensa que realizarán una presentación ante el Ministerio de Educación de la Nación exigiendo la restitución de los planes Progresar, luego de que Ansés informara la suspensión de pagos del plan a beneficiarios durante los meses de mayo y junio.
“Estamos hablando de una beca por un monto de 3500 pesos, que percibían jóvenes que fueron excluidos del sistema educativo en periodos anteriores, y que de algún modo se volvieron a incorporar en escuelas primarias y secundarias para adultos”, aclaró Almirón.
“A partir de la Ley de reparación histórica -que en realidad es un ajuste en materia de jubilaciones y pensiones- la Ansés echa mano a al fondo general de sustentabilidad, destinado a políticas sociales, para ahora financiar la descapitalización del país y la fuga de divisas”, denunció el dirigente gremial.
De este modo, Almirón especificó que con el fondo general de sustentabilidad de Ansés se financiaban un montón de programas en materia de Educación, como el Plan Conectar Igualdad y el Progresar, entre otros. “Ahora con la plata de todos los argentinos se está pagando la bicicleta financiera internacional”, repudió.
Sobre el Plan Progresar, Almirón añadió que “se trataba de una línea de acción para el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación, que establece la obligatoriedad de la escuela secundaria.”
“Con esta medida el gobierno nacional lleva adelante una política de premios y castigo para los jóvenes que, si se llevan una materia o tienen dificultad para cumplir con algún requisito burocrático, se quedan automáticamente sin el beneficio”, explicó.
