“Cacería humana”, dicen –en dos diálogos diferentes– Germán, hermano David (28) y Alejandra, mamá de Emanuel (32), dos muchachos acribillados en avenida Arijón y Callao el pasado 23 de junio por la Policía de la provincia de Santa Fe, que una vez consumados los crímenes siguió lo que ya es un protocolo: pretendió instalar otra versión de los hechos –adujo un tiroteo, como consecuencia de la persecución de dos delincuentes– y, según testimonios, alteró la escena plantando armas, ocultó pruebas y recién después avisó al fiscal Adrián Spelta. Para completarla, poco después, uniformados arribaron a la zona con el propósito de amedrentar posibles testigos. Por Arijón, desde bulevar Oroño a Callao, este viernes los familiares marcharon para exigir justicia.

Por eso, en la búsqueda de verdad y la condena a los culpables, y tras la movilización de este viernes, los familiares de las víctimas y la Multisectorial contra la Violencia Institucional que los acompaña exigen al fiscal –a quien dicen no querer perderle pisada– que la Policía de la provincia se aparte de la investigación, y se preserve la identidad y garantice la integridad de los testigos de lo ocurrido. Además, reclaman una entrevista con el titular del Ministerio Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien no ha emitido palabra alguna sobre la atrocidad cometida, pese a su amplia disponibilidad de micrófonos y predisposición a hacer uso de ellos ante cualquier captura, allanamiento o decomiso, por más módicos que sean.

La versión policial se fue deshaciendo en los medios –aunque el ritmo fue lento en algunos de ellos– y tuvo una fuerte refutación por parte del periodista José Maggi en una nota que publicó el domingo 25 en “Rosario 12”, donde reveló la existencia de un audio de la propia Policía en el que admite la barbaridad cometida.

Numerosos testimonios posibilitaron una reconstrucción de lo sucedido en zona sur y un documento de la Multisectorial lo expresa sin eufemismos: “El pasado viernes 23 de junio los jóvenes David Ezequiel Campos y Emanuel Alejandro Medina fueron asesinados por funcionarios policiales del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica. David y Emanuel habían salido a bailar y divertirse y cerca de las 11 horas, mientras viajaban en el auto de uno de ellos, comenzaron a ser perseguidos por una unidad móvil de policía motorizada. Los motivos que dieron inicio a dicha persecución se desconocen. Testigos del lugar descartaron que los jóvenes estuvieran armados y efectuaran disparos a la policía. Al cabo de pocos minutos, el automóvil en el que se conducían, impactó contra un árbol en la zona de calle Callao al 5700. Según declaraciones de testigos del hecho, tras colisionar y encontrándose ambos inmovilizados por el impacto, funcionarios policiales que arribaron al lugar, abrieron fuego contra ellos, de manera absolutamente indiscriminada, desobedeciendo los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad exigidos para el uso policial de la fuerza y, en particular, para disparar sus armas de fuego reglamentarias. David y Emanuel murieron como consecuencia de la balacera”. El texto sirvió como convocatoria a la movilización por Arijón, desde bulevar Oroño a Callao, realizada este viernes pasado a las 18.

En el documento se demanda “una investigación pronta, integral, eficaz y efectiva, conforme lo exigen obligaciones constitucionales y la aplicación estricta de estándares internacionales en la materia”. En ese sentido, representantes de la cátedra de Criminología y Control Social (Facultad de Derecho, UNR), integrante de la Multisectorial y patrocinante en algunos escritos de los Campos y los Medina, ha planteado días atrás al fiscal Spelta “el apartamiento urgente de cualquier dependencia, área y/o personal policial dependiente del Ministerio de Seguridad de las tareas de investigación”, según señala la abogada Luciana Torres, miembro de ese cuerpo de docentes, quien justificó tal reclamo en el hecho de que funcionarios policiales se habían presentado en el lugar del desenlace “amedrentando a vecinos y vecinas para que no aporten datos a la causa” y en la sospecha de que “habrían desaparecido elementos probatorios”, cuestión que sostienen a rajatabla familiares de las víctimas.

Asimismo, los letrados exigen “la inmediata identificación y detención de los/as policías responsables y que se adopten todas las medidas necesarias para preservar la identidad de quienes quieran aportar datos, así como su integridad física y psíquica”.
De todos modos, Torres explica que las investigaciones están comenzando –de hecho, aún no han recibido respuestas a sus peticiones– y se manifiestan con cautela en relación a los detalles sobre la persecución y el posterior fusilamiento; porque, a su entender, podrían dar lugar a presuponer prematuramente que algunos de los diecinueve policías que participaron del operativo no tienen responsabilidad en su desenlace.

El número de diecinueve lo ha aportado Spelta, quien dio instrucciones de peritar las armas de todos ellos, así como en los móviles en los cuales se desplazaron. Encargó la tarea a la Policía Federal.

Desde el dolor profundo

Germán es hermano de David y, como ya ha dicho en entrevistas anteriores, refuta la versión de que su hermano llevaba armas. “El no agarraba ni una gomera”, afirma y, más allá de su opinión, asegura que hay muchas personas que puedan ayudar a saber lo que pasó: “Existen testigos de dónde se inicia la persecución, hay testigos que los ven pasar, hay otros que ven por dónde agarra el coche, hay quienes ven cómo tirotean el coche ya antes y hay testigos en el lugar del hecho, que ven cómo los efectivos descargan sobre los dos, que estaban sentados en el auto, sin posibilidad de poder moverse”.

El joven dice que llegó al lugar del crimen –se enteró por su padre, que había escuchado la noticia en la radio y dio el aviso– antes que el fiscal y que le impidieron acercarse a su hermano fallecido. Luego cuenta las penurias que vivió durante esa tarde, tratando de recuperar el documento de David y, más tarde, buscando una casa de sepelios. “Cuatro (cocherías) se negaron, me dijeron que era un enfrentamiento con la Policía y que no querían problemas”, indica. Recién la quinta aceptó prestar el servicio. Respecto al estado de la investigación, afirma: “No es rápida ni es buena. Que le hayamos tenido que marcar algunas cosas al fiscal cuando nos reunimos quiere decir que estaba esquivando algunas cosas” y sobre el ministro público agrega: “No le voy a perder pisada. Va a tener que hacer las cosas bien, porque va a ser mirado no solamente por mí sino también por la Multisectorial y por varias agrupaciones más que nos van a acompañar”.

Asimismo insiste en la responsabilidad de todos los uniformados involucrados en el procedimiento. “Todos”, remarca y añade: “El que lo quiere identificar y empieza la persecución, porque creo que esa persona los amedrentó, creo que a puño de arma los quiso parar y, entonces, por eso, ellos se asustan y se van; así como los otros dieciocho, tanto los que iniciaron la cacería en la persecución como los que llegaron al lugar del hecho y los fusilaron. Eso fue una cacería humana”.

“Cacería humana”. El mismo término usará Alejandra, mamá de Emanuel, quien dice estar “shockeada” todavía y entonces sus respuestas se entrecortarán por el llanto. Según su relato, su esposo Luis vio desde la puerta de casa parte de la persecución y aporta una clave del porqué los muchachos no detuvieron la marcha. “Pasaron dos veces por nuestra cuadra y les disparaban. Si se frenaban, los mataban, como pasó”, dice Alejandra y amplía: “Los acribillaron. Fue un ensañamiento. Mi hijo tiene catorce disparos”.

Ahora, ella como los familiares de David, exige: “Lo único que quiero que los que lo acribillaron paguen por mi hijo y por el otro chico; que paguen con la cárcel como tiene que ser y que queden fuera de la fuerza; porque no tienen que estar más en la calle. Eso es lo que yo pido, que no quede impune como tantos otros casos que quedaron en la nada”.

Fuente: El Eslabón

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