Mientras la patronal es amparada por la Justicia, los trabajadores de la cooperativa ADO sufrieron allanamientos de sus domicilios. “Si no ayudan, por lo menos no nos ataquen”, pidieron desde las empresas recuperadas.
“Ellos tienen de su lado al gobierno, a la Justicia, pero todo esto les está jugando al revés, porque estamos cada vez más unidos y con más apoyo”. Jorge Gutiérrez, presidente de la cooperativa de trabajo Acoplados del Oeste, dice esto que dice despueś de comerse alto garrón: el martes 4 de julio a la noche recibió la desagradable visita de policías munidos de una orden de allanamiento de su casa, que ante el pavor de su esposa y sus hijos realizaron el procedimiento en busca de maquinarias de la fábrica de acoplados Petinari, que Jorge y más de un centenar de trabajadores habían recuperado en 2015 después de un prolongado conflicto.
Los allanamientos se dieron también en los domicilios de Fernanda Lizarraga, Hernán Noir y Luis Becerra, vicepresidenta, tesorero y vocal de la cooperativa, que junto con Gutiérrez y el centenar de compañeros con quienes comparten lucha, coincidieron en calificar la movida judicial y policial como “un apriete, un amedrentamiento”. El objetivo, dicen los obreros de ADO, es desalentarlos en su reclamo de volver a trabajar. Pero el efecto, aseguran, fue un fortalecimiento de los ánimos y el apoyo de un amplísimo abanico de organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales, políticas. Este último jueves, por ejemplo, los laburantes de la ex Petinari hablaron a los asistentes a una nueva ronda de las Madres en Plaza de Mayo. Unas horas antes, habían ido hasta la Fiscalía que había ordenado los allanamientos, donde les hicieron saber que el destino de las causas sería el archivo, luego del resultado negativo de los procedimientos. Resultado lógico, habida cuenta de que entre las cosas que se buscaban está un puente grúa de unos 20 metros de largo y superficie, bastante mayor que las casas allanadas. “Nos quieren hacer quedar como ladrones”, dicen. Justo a ellos, que son los que fueron despojados de sus empleos y de más de 60 millones de pesos que los patrones les quedaron debiendo.
Los trabajadores de Petinari vieron ir derrumbándose la empresa y por ende sus salarios a partir de 2014; y en 2015, tras el abandono patronal, la ocuparon y reactivaron organizados en una cooperativa, que al año siguiente fue avalada por la Legislatura provincial a través de una ley de expropiación de la planta, similar a muchas otras que se dieron en territorio bonaerense.
Pero a unos meses de su aprobación en la Legislatura, la ley de expropiación fue vetada por la gobernadora María Eugenia Vidal –que adoptó similar actitud en otros varios casos–; y el 3 de marzo de este año se concretó, con la participación de más de 600 policías, el desalojo ordenado por un juzgado de Morón.
Desde entonces, los laburantes de la ciudad bonaerense de Merlo permanecen allí cumpliendo turnos rotativos y coordinando acciones en pos de volver a ingresar a la fábrica y reiniciar la producción. Sin embargo, en la Legislatura bonaerense aún no tuvieron respuesta al pedido de rechazo al veto o sanción de una nueva ley de expropiación. Y tampoco la Justicia dio respuesta positiva a la solicitud de declaración de la quiebra de la empresa con continuidad en manos de los trabajadores a través de la cooperativa.
En el juzgado comercial de Buenos Aires que tiene en sus manos la convocatoria de Petinari, se viene avalando el llamativo acuerdo a la continuidad en manos de los patrones que dieron algunos acreedores como el Estado nacional a través de la Afip, y los sindicatos Smata y Asimra que “siempre se borraron y traicionaron”, afirman los trabajadores. Esa continuidad fue impugnada desde la cooperativa, que insistirá con el pedido de declaración de quiebra y la posterior autorización de la continuidad a través de la autogestión.
Entre quienes rodean de respaldo la lucha de ADO, se cuentan por supuesto sus pares de otras empresas recuperadas y cooperativas de trabajo. Francisco Martínez, de Textiles Pigüe (ex Gatic) y la federación Actra, es uno de los que se acercó desde el principio y acompañó las distintas etapas de la puja. “Cuesta entender que pasen estas cosas en un momento en el que lo que hace falta es más trabajo, más producción, más actividad económica. Nosotros trabajamos todos los días para sostener nuestras empresas recuperadas, con eficiencia y competitividad, en este marco de recesión, tarifazos, apertura de importaciones; y en lugar de recibir el apoyo del Estado que todo esto necesita y merece, el gobierno, la Legislatura, la Justicia, no sólo que no dan respuestas sino que además vetan, desalojan, allanan, persiguen, aprietan”, describió el secretario de Actra.
“Sabemos que en otras provincias hay otra actitud frente a esta necesidad que tenemos los trabajadores de recuperar nuestras empresas y nuestros plenos derechos laborales, pero el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires tienen que cambiar su actitud y entender que los trabajadores tenemos la responsabilidad, la capacidad y la dignidad suficientes para sostener nuestras empresas y nuestros puestos de trabajo. Si no quieren ayudar, por lo menos que no nos ataquen más”, pidió Martínez.
Solidaridad rosarina
Mientras informa este último viernes a mediodía las novedades tras los allanamientos, el trabajador de ADO Jorge Gutiérrez recibe con sus compañeros la visita de integrantes de la federación ACTRA (Autogestión, Cooperativismo, Trabajo), conformada por varias empresas recuperadas y cooperativas rosarinas, y presidida por Edith Encinas, de La Cabaña, ahora integrante de la lista de candidatas a diputadas nacionales por Ciudad Futura. En la carpa montada frente a la fábrica de Acoplados del Oeste del conurbano bonaerense, en las últimas horas se reavivó la intensidad de las expresiones de apoyo y solidaridad, vitales para el sostenimiento de los 120 trabajadores de la cooperativa.
Fuente: El Eslabón
