Organismos de derechos humanos nacionales defendieron la tarea de la Procuradora General, a quien el fiscal Taiano pidió la indagatoria. “El Ejecutivo sigue adelante en su carrera por el disciplinamiento judicial”, aseguraron.
Distintas organizaciones de derechos humanos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, repudiaron “los ataques del gobierno nacional” a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien este martes, el fiscal federal Eduardo Taiano reclamó la citación a declaración indagatoria por la compra de un edificio.
“Ante las declaraciones de importantes representantes del oficialismo respecto a una nueva embestida del gobierno nacional para lograr remover a la Procuradora General de su cargo por decreto, los organismos de derechos humanos manifestamos nuestro firme compromiso con las instituciones democráticas y con los mecanismos establecidos para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal, en línea con lo establecido por el constituyente en la reforma del año 1994”, arranca el comunicado.
Es que la posibilidad de que Gils Carbó sea apartada de su cargo por un decreto fue sostenida este martes por el diputado nacional de Cambiemos y consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli, quien no descartó «para nada» esa alternativa con el argumento de que «hay jurisprudencia muy añeja» de la Corte Suprema de Justicia que así lo establece.
“No habiendo el Poder Ejecutivo encontrado las causales para un juicio político, ni los votos para imponerlo, sigue adelante en su carrera por el disciplinamiento judicial, presionando y hostigando a los distintos actores judiciales para que se sometan a intereses ajenos a lo que exige su función”, continúa el escrito de los organismos.
En este sentido, las organizaciones firmantes destacan la labor de la funcionaria: “Hemos encontrado en la actual gestión del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de líneas de trabajo e intervención que ha permitido jerarquizar la investigación de distintos tipos de criminalidad así como promover la defensa de derechos, junto a las víctimas”. Y agregan: “Ha promovido un Ministerio Público Fiscal orientado a la defensa de derechos, con un compromiso ineludible con el proceso de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, la investigación de las redes de trata, la violencia policial y contra las mujeres”.
“Rechazamos el hostigamiento y la injerencia inconstitucional que pretende el Poder Ejecutivo sobre la Procuración General de la Nación y denunciamos estas maniobras como parte de una clara estrategia para debilitar la actual gestión y la independencia del Ministerio Público Fiscal”, finaliza el comunicado, firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticos; H.I.J.O.S. Capital; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Asociación Buena Memoria; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; y Fundación Memoria Histórica.
Este martes, el fiscal federal Eduardo Taiano reclamó la citación a declaración indagatoria de la Procuradora General, por presunto fraude a la administración pública, cohecho y tráfico de influencias a raíz del supuesto direccionamiento de la licitación y pago de sobornos para la compra del edificio en el que funciona el organismo.
En forma paralela, la defensa de la funcionaria entregó al magistrado un escrito para reclamar el sobreseimiento de Gils Carbó en la causa, al sostener que todo comenzó con un «anónimo» cuyo contenido –argumentó– habría quedado «descartado» durante la investigación.
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