Los trabajadores de PepsiCo resisten en la planta

Foto: El Argentino Zona Norte

Pese a la amenaza de desalojo con represión, los trabajadores de la empresa PepsiCo Snacks se mantienen este miércoles ocupando la planta ubicada en la localidad bonaerense de Florida, luego de una tensa vigilia.

Los trabajadores ocuparon el predio ante el cierre del establecimiento alimenticio por parte de los empresarios, quienes anunciaron que se trasladará a Mar del Plata, y resisten la orden del fiscal Gastón Larramendi de desalojar el edificio.

Precisamente, los trabajadores pidieron a la jueza de Garantías número 3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, que «no apruebe el pedido del fiscal Larramendi». La comisión gremial considera que se trata de una medida impulsada por «la patronal, que está en situación de abierta ilegalidad, ya que fue denunciada por lock out ofensivo, vaciamiento y discriminación total».

Alerta ante el inminente desalojo

Según informó este martes a última hora el portal digital El Argentino de Zona Norte, los trabajadores denunciaron que un helicóptero se mantuvo sobrevolando la zona y que se produjo un aumento de las fuerzas policiales que patrullaban el área, lo cual les hizo pensar que el desalojo con represión sería inminente.

Sin embargo, el avance de los efectivos apostados en el lugar no se produjo.

Los trabajadores, a través de comunicado, señalaron: “Denunciamos que avanzan en este intento represivo luego de que la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ratificó que dará curso al desalojo y que el fiscal pidiera que fuese en horas nocturnas”.

Además, agregaron: “Esta misma jueza, a la que no le importa ordenar el desalojo violento de las trabajadoras y trabajadores de PepsiCo que reclaman sus puestos de trabajo, tiene relaciones personales con miembros del PRO y se muestra públicamente junto a Gustavo Posse, intendente de San Isidro”.

Este miércoles, los trabajadores de PepsiCo mantienen la toma de la planta en forma pacífica, luego de que la multinacional anunciara de forma intempestiva el cierre de la fábrica de Florida a través de un cartel pegado en la puerta, una maniobra que dejó a unas 600 familias en la calle.

Asimismo, los trabajadores señalaron que “la empresa se encuentra en la más absoluta ilegalidad y ha sido denunciada penalmente en los juzgados de San Isidro a cargo de la jueza (Sandra) Arroyo Salgado por imponerle a los trabajadores un lock out ofensivo para obligarlos a retiros voluntarios”, y enfatizaron que “la empresa ha realizado un procedimiento preventivo de crisis y previo a su apertura cerró la fábrica, dejando en la calle a los trabajadores, cuando la ley obliga a no cambiar las condiciones de trabajo mientras dura el trámite del preventivo”.