Inspirado en el gobierno brasilero, Cambiemos agita una reforma laboral que beneficia a grandes empresarios y avasalla derechos y conquistas de trabajadores. De aprobarse, agravaría el creciente estado de precarización y flexibilización en el empleo.
Una reforma puede ser auspiciosa o dañina, depende su destino. En el diccionario económico de la Argentina, reforma laboral son dos malas palabras para los trabajadores. Tal rechazo está basado en antecedentes nefastos que emanaron de ideas neoliberales durante la última dictadura y el menemismo. En un contexto de desempleo en alza, cierre de fábricas, caída del poder adquisitivo y estancamiento económico, el gobierno de Mauricio Macri cree oportuno dar el golpe de gracia contra el variopinto movimiento obrero, al que intenta desarticular. A pedir del establishment empresarial local y trasnacional, la alianza neoconservadora entre el PRO y la UCR buscará plasmar una reforma laboral que se refleja en el paquete de medidas flexibilizadoras que sancionó recientemente Brasil, siguiendo el camino de avasallamiento sistemático de derechos y conquistas obreras, muchas de ellas reconstruidas a partir de 2003 con el kirchnerismo.
Como ya ocurrió durante los años 90 en la Argentina, la denominada reforma laboral no es más que una flexibilización del mercado de trabajo, desde la cuestión salarial hasta las condiciones laborales. El principal objetivo de una modificación de la legislación laboral, como la presenta el gobierno, remite directamente a la baja de “costos” para las empresas. De aprobarse, sería un verdadero cambio de paradigma para las relaciones laborales en medio de un régimen económico signado por la especulación financiera. Pasará a la historia como un fuerte retroceso luego de años de notorios avances en la materia.
La propuesta que el macrismo comenzó a ventilar se propone bajar salarios en dólares para disminuir “costos” empresarios. El proyecto en danza contemplaría una flexibilización de los convenios colectivos de trabajo, la promoción de contratos individuales o por empresa con la inclusión de nuevas categorías de empleo y reducción de costos laborales por efecto de eliminación de aportes a los sindicatos y la rebaja de algunas cargas sociales o alícuotas de aseguradoras del riesgo del trabajo (ART), según dejaron trascender desde el gobierno en diferentes medios de comunicación.
Al justificar la iniciativa, que impactaría de manera dañosa en el debilitado mercado interno, el macrismo utiliza el mismo speech que en su momento esgrimió el menemismo: “reforma laboral es modernidad”. Lo peor es que el resultado de la reforma de los 90 es conocido. El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, aseguró que el gobierno apuesta a una reforma laboral “por consenso” entre las cámaras patronales y los gremios. Sin embargo, el gobierno emplea idénticos argumentos que un sector del empresariado a la hora de defender la nueva avanzada contra los trabajadores. Sin vueltas, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) pidieron bajar costos laborales y reducir niveles de conflictividad. En plena campaña, la precandidata a diputada nacional por el macrismo porteño Elisa Carrió llamó a “discutir el costo laboral”, porque en Argentina “un empleado te cuesta dos empleados”, y remató: “Los trabajadores argentinos son caros”.
La reforma laboral está en agenda desde que Cambiemos llegó a la Casa Rosada. Macri empresario y Macri presidente lo dijeron en reiteradas ocasiones: “Hay que bajar los costos laborales, y el salario es un costo más”. A poco de asumir el poder, desde Cambiemos sugirieron la idea de discutir paritarias por productividad. Luego el oficialismo buscó fijar techo a las paritarias, que en su mayoría se negociaron por debajo de la inflación. Después llegó la embestida contra la Justicia laboral, la “industria del juicio” y la “mafia” de abogados laboralistas. Mientras, se fue agrandando la pelota de desempleo y pobreza. El de Macri, a las claras, es un gobierno que le da más importancia a la tasa de Lebac que al plato de comida.
La precarización en el mercado laboral se hace sentir. Un reciente informe de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires) muestra un progresivo deterioro en el empleo en relación de dependencia y un crecimiento del trabajo por contratos temporarios durante el primer semestre de este año. Las políticas de Macri impactan con más fuerza sobre los trabajadores de las empresas pequeñas y medianas, y en sectores de ingresos medios y bajos. “El modelo económico vigente redujo el empleo registrado durante la fase contractiva, mientras que, durante la incipiente etapa de recuperación, creó una menor cantidad de puestos de trabajo”, se señaló en el informe, al tiempo que se remarcó que “la tasa de desocupación actual es la más elevada de los últimos 10 años y los niveles de precariedad laboral entre la población ocupada van en aumento”.
Triaca insistió en que una eventual modificación de las condiciones de trabajo pensada para después de octubre “va a tener que ver con el debate en cada uno de los sectores” y citó como ejemplos los acuerdos sectoriales alcanzados en la producción petrolera, automotriz y en la construcción. De todos, por caso, hay petroleros que aceptaron recortes salariales a cambio de mantener el empleo y hoy pelean para no ser despedidos. Ejemplo: a trabajadores petroleros se les redujo la jornada laboral y los salarios para evitar cesantías, pero Tecpetrol, empresa del Grupo Techint, igual quiere despedir a 167 operarios en la provincia de Chubut. Lo mismo, en otra coyuntura, pasó en los 90, cuando la reforma laboral no trajo avances ni mejoró la competitividad de las empresas, sino que ocasionó desindustrialización, cierre de pymes y cifras récord de desempleo y pobreza.
El gobierno de Macri quiere una reforma laboral a la brasilera. El Senado del vecino país aprobó días atrás, en medio de una caldeada sesión y pese a la fuerte resistencia sindical y social, una modificación a la legislación laboral dentro de un plan de ajuste. Por un lado, el presidente Michel Temer busca lavar su imagen ante los mercados y también minar el camino ante la “amenaza populista” que podría depositar nuevamente al ex mandatario Lula Da Silva en el poder. La nueva normativa laboral en Brasil privilegia, según sus defensores, acuerdos negociados por sector o empresas; prevé la posibilidad de dividir las vacaciones hasta en tres períodos y autoriza la “jornada intermitente”, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual.
La reforma laboral que bate Cambiemos en Argentina se inscribe también dentro de un plan de ajuste, que muestra otras aristas, como los despidos en masa y la creciente conflictividad social. El gobierno de Macri buscará consolidar una reforma laboral que de hecho ya está en marcha. Elige un momento donde crece el temor a perder el trabajo, un miedo fundado en estadísticas oficiales, donde se ve que el desempleo pasó de casi 6 puntos en 2015 a 9,2 por ciento de acuerdo al último dato nacional del Indec. La CGT, principal central obrera del país, se mostró pasiva ante la ola de despidos y se movió lenta al momento de ponerle límites a las políticas de ajuste del macrismo. En los 90, la reforma laboral se hizo con la venia de la CGT.
La diferencia con la reforma laboral menemista, acompañada por el desguace del Estado y las privatizaciones, es que los CEOs y empresarios que conforman el actual gobierno se verán beneficiados directamente por los cambios en la legislación laboral. Al igual que en Brasil, por acá el oficialismo neoliberal también asusta con la “amenaza populista” frente al temor de ser derrotado en las urnas a manos de la ex mandataria Cristina Kirchner en el principal distrito electoral del país en octubre próximo.
Al momento de implantar cambios profundos mediante políticas públicas, como una reforma laboral, cada gobierno mide el contexto social, su relación de fuerza, la capacidad de articular con los actores involucrados y las condiciones de factibilidad de poder concretar su proyecto e institucionalizarlo. Para eso la flexibilización laboral hay que disfrazarla de “solución” a los problemas del mercado de trabajo y no que aparezca como lo que es: una precarización de las condiciones laborales. Allí también deja mucho que desear el rol de la burguesía industrial argentina, que nunca se asumió como motor del desarrollo nacional.
La potencial reforma laboral macrista, que aparece casi de la mano con intentonas privatizadoras (el caso de Arsat), sería una pieza más dentro del esquema de apertura comercial, desregulación financiera y rebajas impositivas a sectores privilegiados de la economía. Un megamix liberal, onda retro.
Ingresos
A partir de datos del Indec, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) comparó la participación del trabajo asalariado en el ingreso entre 2004 y 2016, lo que le permitió aproximar su evolución de mínima durante el kirchnerismo, teniendo en cuenta la incidencia negativa en los salarios reales de la devaluación de inicios de la gestión de Mauricio Macri.
De acuerdo a fuentes oficiales, entre 2004 y 2016 los trabajadores asalariados pasaron de participar en el 32,5 por ciento del ingreso al 52 por ciento. Es decir, un incremento del casi 20 puntos porcentuales. Ese incremento fue a costa, principalmente, de una disminución en el excedente bruto de explotación, que disminuyó en 11,6 puntos porcentuales su participación en el ingreso. De acuerdo a las mismas fuentes oficiales, indicaron en el informe del Ceso, el ingreso nacional se incrementó un 43 por ciento entre 2004 y 2016, y el incremento de la remuneración al trabajo asalariado fue del 128 por ciento en términos absolutos.
Al respecto, se analizó en el reporte, los proyectos de reforma laboral promovidos por el macrismo y parte del sector empresarial parecen orientados a modificar las instituciones que permitieron ese incremento de la participación de los trabajadores en el ingreso, considerados como un “costo laboral” a reducir.
