El travesticidio de Pamela Tabarés, una mujer trans de 35 años, golpeó fuerte esta semana y movilizó a una Comunidad LGBTI y sobre todo trans que hacía tiempo no sufría un golpe tan violento. Este viernes por la mañana, los restos de Pamela fueron trasladados al Cementerio la Piedad acompañados por una caravana de militantes que reclamaron por Justicia. Un rato antes, las mismas compañeras y representantes de la Subsecretaría de Diversidad Sexual se reunieron con el fiscal Rafael Coria, que investiga el caso, para ver los avances en la causa. Entre reclamos, se anunció que el Estado provincial se presentará como querellante.

El cuerpo de Pamela Tabarés apareció tirado en un descampado en Cabín 9, en Pérez, con cinco disparos en el cuerpo. Primero, fue el cadáver de una travesti. Cuando se identificó su identidad, se supo también que ese cuerpo tenía un bagaje de marginalidad y reclamos al Estado. Pamela vivía en la calle, entre pensiones y la casa de alguna amiga; era adicta y trabajadora sexual, y ya no quería ser ninguna de las dos cosas. El pedido al Estado fue siempre claro: por un trabajo y por el tratamiento de consumo problemático. Las amigas y compañeras sostienen que a pesar de “pedir ayuda a gritos” nunca recibió una respuesta concreta.

Este viernes por la mañana, sus compañeras transexuales, militantes de la diversidad y algunos miembros de partidos políticos se movilizaron a la puerta del Ministerio Público de la Acusación (Montevideo al 2200) para reclamar por Justicia. También estuvo el concejal Eduardo Toniolli y las pre-candidatas al Concejo, Majo Gerez y Majo Poncino. La información del fiscal Coria no difirió de lo ya conocido: la carátula es homicidio y el cuerpo tenía cinco disparos. Todavía no se conocen los resultados de la autopsia y se pide que cualquiera que pueda aportar información se acerque a la fiscalía.

La movilización también fue la oportunidad para que las militantes trans, y las no tanto, increpen a Esteban Paulón, subsecretario de Diversidad de la provincia, y le reclamen por políticas de inclusión reales. También se exigió la presencia de Noelia Casati, a cargo del Área de Diversidad Sexual de la Municipalidad, que no se hizo presente en ninguna de las instancias convocadas por las organizaciones. Lo cierto es que Paulón fue el único funcionario del Estado presente. El subsecretario admitió la responsabilidad del Estado en casos como este, a la vez que reconoció que su área es única en el país y que sólo lleva un año y medio de trabajo para revertir años de desidia.

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