El gobierno nacional, agroempresarios y el sindicato Uatre firmaron días atrás un convenio que elimina beneficios y flexibiliza aún más el trabajo rural. La quita de regulaciones para la actividad busca imitar el convenio flexibilizador que suscribió el sector petrolero en el sur o el gremio lechero en medio del “salvataje” a Sancor. Peones rurales sufren inestabilidad laboral, malas condiciones de empleo, cansancio físico, aumentos de salarios por debajo de la inflación, hasta situaciones de esclavitud, sin exagerar. Con la excusa de lograr más “competitividad para el campo”, la Uatre, gremio que hoy comanda Ramón Ayala, sucesor del fallecido Momo Venegas, aceptó sin zapatear la modificación de su convenio de trabajo. Las reglas flexibles regirán para la producción de arándanos, el manejo de silobolsas y los sectores avícola y porcino.

En el caso de los arándanos, el acuerdo elimina la cantidad máxima a cosechar por trabajador. En el sector avícola, el gobierno y los empresarios establecieron incrementar el trabajo nocturno. En lo que respecta a la actividad porcina las partes se comprometieron a revisar las condiciones laborales. A su vez, se fijaron pautas para el manipuleo y almacenamiento de granos en silobolsas, tales como la “libertad de contratación”, siempre que no exista una bolsa de trabajo sindical y la prioridad de contratar personal permanente.

Además del presidente Mauricio Macri y dirigentes de la Uatre, el acuerdo flexibilizador para “fortalecer la productividad y la competitividad en el complejo agrario” fue firmado por la Sociedad Rural, CRA y Coninagro. Por su parte, Federación Agraria Argentina (FAA) criticó el convenio. “No creemos que flexibilizar importaciones y derechos sea el camino; con pequeños productores más vulnerables, también los trabajadores rurales son más vulnerables”, indicaron desde la entidad en un comunicado.

“Si solo se prioriza el incremento de la productividad en el sector, ésta no garantiza el acceso de los pequeños productores y sus familias a más y mejores oportunidades, ni el agregado de valor en origen (generador de mano de obra) ni el desarrollo territorial sustentable”, señalaron desde FAA.

“Es una contradicción poner los esfuerzos de las partes en incrementar la productividad si se profundiza el modelo económico basado en la importación de productos. Seremos más competitivos ante el mundo si el estado garantiza las oportunidades para más productores y se redobla la apuesta a la generación de empleo digno en el campo”, remarcaron en otro tramo del comunicado de prensa.

La megadevaluación, la quita y reducción de retenciones y la baja del impuesto al patrimonio fueron decisiones del macrismo que favorecieron al complejo agroexportador y a grandes productores agropecuarios, y al mismo tiempo exacerbaron las desigualdades económicas y sociales en el sector. Cambiemos prometió mejoras para las economías regionales agrícolas, sin embargo pequeños productores de distintos puntos del país hacen fila para protestar en Plaza de Mayo porque se sienten perjudicados por las políticas del gobierno.

Macri repite la metáfora de que la Argentina debe convertirse en el “supermercado del mundo” favoreciendo la concentración económica, sobre todo en el rubro de la producción alimenticia, desregulando los controles de precios internos, reprimarizando la economía y abriendo a mansalva la importación de bienes de consumo masivo. Todo esto en un contexto de cierre de fábricas, desempleo en alza, aumento de los índices de pobreza, achicamiento del mercado interno, especulación financiera, endeudamiento externo, tarifas dolarizadas, alta inflación, regresiva distribución del ingreso y merma en el poder adquisitivo de la población.

Los cambios en el convenio del sector agrario se enmarcan dentro de la reforma laboral que agita la alianza PRO-UCR, al estilo Brasil. Con el objetivo de reducir salarios e imponer el disciplinamiento laboral, a principios de 2016 comenzó a producirse en la Argentina un notorio retroceso para el conjunto de los trabajadores y los sectores populares, donde se viene dando una flexibilización “de hecho”.

En el borrador de la reforma laboral de Macri no se busca actualizar ni mejorar la legislación del trabajo sino avasallar aún más derechos y conquistas, debilitar negociaciones paritarias y marchitar la organización gremial.

El neoliberalismo no se jubila

En la previa de las elecciones de medio mandato, un plebiscito para la gestión de gobierno, el macrismo parece ir a fondo con su plan económico neoliberal. Además de hacer sobrevolar la posibilidad de reprivatizar Aerolíneas Argentinas, Cambiemos vuelve a la carga con el proyecto de reforma del sistema jubilatorio para después de octubre. Es decir que la supuesta reforma laboral afectaría a trabajadores activos y pasivos.

Desde el arco opositor advirtieron que el gobierno quiere romper la caja de los jubilados y establecer un recorte previsional. Esa caja, que algunos denominan “la plata de los jubilados”, se conforma en un 43 por ciento con aportes de trabajadores activos y el sector patronal, y el 57 por ciento restante proviene de la recaudación de impuestos. El macrismo, según las versiones que se ventilaron, pretende que el IVA, el impuesto a las Ganancias y a los combustibles no integran más esa caja. También se baraja la posibilidad de que se restablezca en parte algo parecido a lo que fue el sistema de capitalización, que cayó junto con las AFJP. Sería un régimen complementario al actual sistema de reparto, donde los trabajadores podrían aportar voluntariamente para mejorar la jubilación futura.
El macrismo, además, tiene en la mira el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que se compone de activos financieros y es parte del Sistema Integrado Previsional Argentino. En el gobierno anterior el rendimiento de los activos de este fondo se utilizó para fomentar programas de la seguridad social, acompañando el crecimiento económico y la generación de empleo. En 2015 el FGS tenía 80.000 millones de dólares, y en la actualidad retrocedió a 55.000 millones.

En tanto, Macri confirmó que Ansés va a proponer estirar la edad para jubilarse de manera optativa, con lo cual las personas tendrían la opción de seguir trabajando y aportando más allá de los 60 años en el caso de las mujeres y 65 los hombres, sin que sus empleadores fuercen un retiro. La ley de “reparación histórica” votada el año pasado contempla una posible reforma previsional.

Los proyectos de reforma laboral y jubilatoria que el oficialismo tiene en gateras van en sintonía con la bajada de línea que hicieron el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Esos organismos proponen modificar la fórmula de actualización automática de los haberes jubilatorios aprobada durante el kirchnerismo, que contempla dos aumentos anuales, por incrementos previsionales según el índice de inflación.

La flexibilización laboral y previsional del macrismo empieza a galopar y ya levanta polvareda.

Fuente: El Eslabón

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