A más de dos semanas de la desaparición de Santiago Maldonado siguen los reclamos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió a la Gendarmería pese a las declaraciones de los testigos que aseguraron que el joven fue capturado por los efectivos de la fuerza en el marco de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sigue movilizada para exigir que se investigue el hecho, el fin de la criminalización y la represión del pueblo mapuche. Interpol se sumó a la búsqueda.
“Da mucha pena ver que una fuerza nacional como Gendarmería, en lugar de defender en las fronteras los estratégicos intereses argentinos defienda a una multinacional extranjera como es Benetton, como se protegió a la compañía inglesa que se apropió de una forma ilegal de tierras”, decía ya el 1º de agosto pasado, Julio Saquero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en la zona cordillerana, cuando fue reprimida la comunidad.
“El miércoles, a la 7.30, fui citado por el juez federal para presenciar por parte de la APDH un rastrillaje del Pu Lof de Cushamen por la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, indicó el miembro de la Mesa Nacional de la Asamblea, junto a su compañera Mabel García.
“Allí sólo se escuchan ronroneos de un helicóptero y un dron. Veo más de 30 vehículos apostados en arco sobre los ingresos al Lof, y en el desolado paisaje observo cómo se expanden con sus armas en ristre alrededor de 200 agentes oscuros armados a pie de guerra. Son escuadras de la Policía Federal, Prefectura naval, Policía Aeroportuaria, Policía de Santiago del Estero con perros , equipos de Criminalística de Buenos Aires, agentes especiales del Ministerio de Seguridad nacional, equipo completo del Juzgado Federal de Esquel. Muchos de ellos, con rostros ocultos, acosan a dos mujeres mapuches que intentan oponerse a la profanación de su Tierra Sagrada”, relató.
“Pienso, no puedo evitarlo, en todos los atropellos históricos a que otros oscuros han sometido a este pueblo rebelde y valiente como pocos. Y a nuestro propio pueblo no mapuche. Y siento indignación, tristeza, agobio. Y sé que no podemos ser perros mudos”, reflexionó.
En las primeras horas de la tarde levantaron el operativo: uno de los perros había detectado un simple collar artesanal en las orillas del río Chubut, a pocos metros donde hace 16 días la comunidad mapuche denunció que Gendarmería había atrapado a Santiago Maldonado y, tras golpearlo, lo cargó en un (camión) Unimog y lo traspasó luego a una camioneta que desapareció en la ruta 40.
Criminalización de la protesta
Saquero advierte que “los mapuches defienden las fronteras y la soberanía nacional como no lo hacen los políticos, entre ellos el gobernador (Mario) Das Neves que están entregando las tierras a las compañías mineras y empresas petroleras”.
Sobre los responsables de ese saqueo y entrega, sostiene: “La Sociedad Rural Argentina (SRA), en este caso, es quien maneja la política de tierras en Río Negro, Chubut y en el país”.
Señala que el grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “es un grupo clandestino que no tiene nada que ver con la Comunidad Mapuche del Puel Lof de Cushamen”. “Eso se usa como pretexto para criminalizar a estos jóvenes mapuches y comunidades que buscan recuperar el territorio y trabajar las tierras, que dejaron las villas miserias de Bariloche, Esquel y El Bolsón para venir a trabajar y recuperar las tradiciones culturales de sus antepasados”.
Norma Ríos, de la APDH Rosario y presidente a nivel nacional de esa organización, se hizo presente en el lugar con Guillermo Anderson, de la Comisión Provincial por la Memoria (DPM); Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos e hija de desaparecidos, además de Fernando Huala (hermano del detenido Facundo) y su esposa Andrea, del Pu Lof. “Como primeros denunciantes, ya preparamos la presentación por la desaparición de Santiago Maldonado”, indicó Ríos.
Nuevos hallazgos o plantaciones
Sobre el operativo antes citado por Saquero, Ríos comentó: “Fue tremendo el rastrillaje con perros en el territorio y la novedad fue que hallaron un collar en un sitio al que uno de los perros fue directamente. El hecho fue constatado por la secretaria del juez Otranto, pero no sabemos de quién es. También se dejó constancia de que no se realizaron análisis de hierbas y tierra para saber si el collar estaba ahí o fue plantado, ya que en anteriores operativos no había sido visto”.
Y remarcó: “Hay una política del gobierno, seguida por el poder judicial, para intentar judicializar a la comunidad por la desaparición de Santiago. Pero seguimos insistiendo en que fue una desaparición forzada y le reclamamos al Estado por ello, ya que es quien debe responder por el suceso”.
“La situación represiva a la comunidad originaria sucede en el marco de los reclamos por la libertad del preso político Facundo Huala, a quien visitamos y le pedimos por favor que deje la huelga de hambre, y lo mismo le pide su comunidad. Somos una organización humanitaria y defendemos la vida con dignidad”, acotó la referente de la APDH.
También dijo que le pidieron levantar la medida para que pueda “seguir luchando junto a su pueblo y colaborar en la búsqueda de Santiago”.
La familia Maldonado
Sergio Maldonado, hermano de Santiago, durante la última semana difundió un audio en el que afirmó que “la señora ministra de Seguridad de la Nación niega la desaparición forzada de Santiago, y tampoco da información sobre el operativo que llevó adelante la fuerza de seguridad que está a su cargo”.
“Las sospechas sobre Santiago y su entorno lo revictimizan, como también a nuestra familia. Las autoridades siguen desviando el foco y continúan garantizado la impunidad de la fuerza y el miedo a toda la sociedad”, apuntó.
Concentración de tierras
Según un informe de febrero de 2017, realizado por el Centro de Estudios de la Patagonia (CEP), titulado “La concentración y la degradación de tierras”, la tierra debe ser revalorizada en relación a conceptos tan primarios como son el de bien común, soberanía alimentaria y salud ambiental, entre otros; debe verse como un bien social y no como una mera mercancía sujeta a las leyes de mercado. El estudio fue elevado por Donald Bran, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y coordinador de Proyecto Observatorios de Sustentabilidad Social. Según ese informe el 0,94 por ciento de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89 por ciento del total del territorio argentino.
Bran explica que “los conflictos entre pueblos originarios y grandes terratenientes son presentados como aislados pero que, en realidad, están relacionados y son dos caras de la misma moneda, que es el proceso de concentración y degradación de tierras productivas”.
“La concentración de tierras –agrega– en la mayoría de los casos responde a lógicas extra-territoriales asociadas a oportunidades de los mercados internacionales. Según se indica, en numerosas ocasiones las tierras concentradas funcionan como enclaves que generan grandes impactos ambientales, lo que produce cambios ecológicos irreversibles, degradación de los suelos y destrucción de los medios de subsistencia de las poblaciones locales”.
Y, como ejemplo de concentración de tierras en Patagonia el trabajo toma el caso de “las estancias instaladas por la compañía The Argentine Southern Land Company (TASLCo.), al que considera uno de los casos más grandes de concentración de tierras en Argentina”.
“La Compañía fue creada en Londres en 1889 acompañando el boom de la lana de fines del siglo XIX, y comenzó a operar luego de recibir más de 800 mil hectáreas de tierras de parte del Estado Nacional, en un proceso fraudulento”. También se explica que “el Estado Nacional las había obtenido a través del exterminio y desplazamiento forzoso de las poblaciones preexistentes”.
La provincia Benetton
Entonces, destaca que “el conflicto con Benetton y otros surgidos en nuestra región, vuelven a visibilizar una historia de despojos no cerrada y ponen en discusión la revalorización de la tierra”.
Desde la investigación se puede analizar que la demonización de los reclamos de comunidades mapuches y la protestas en su apoyo, surgidas en varias ciudades, es una estrategia que desde el gobierno nacional se impulsa para justificar la represión armada, la impunidad de las fuerzas de seguridad y defender así a los intereses de terratenientes y grupos económicos que digitan la actual política del gobierno macrista.
Sólo el grupo Benetton, con sus 900 mil hectáreas donde cría ganados, las 8.500 de cultivos de soja y 24.600 con explotación de pinos, abarcan una superficie equivalente a la provincia del Chaco. Pero la prensa que acusa a mapuches de ser chilenos y querer crear una república independiente, resguarda a esa “provincia Benetton”.
Fuente: El Eslabón
