Este jueves, a las 11, en los Tribunales Federales de Oroño 940, se presentará el pedido de indagatorias a 21 policías de la comisaría 7a y la división Asuntos Internos por la muerte y desaparición forzada de Franco Casco.
El homicidio de Franco ocurrió en octubre de 2014. “Una detención arbitraria por portación de rostro, seguida de golpes y torturas hasta matarlo dentro de un calabozo de la comisaría 7a”, reza la gacetilla enviada por el Equipo Jurídico de la Asamblea por los derechos de la niñez y juventud.
El texto prosigue: “Silencio ante su padre, su madre y las organizaciones sociales y políticas que desde un primer momento acompañamos exigiendo primero la aparición con vida y luego justicia por el crimen. Encubrimiento de los poderes judicial y político de la provincia de Santa Fe. Así se configuró durante estos dos años y diez meses la desaparición forzada de Franco Casco”.
En octubre de 2014, el joven había venido desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, a visitar a familiares en el barrio Empalme Graneros. Cuando quiso volver a su ciudad, “se topó con la policía santafesina, la misma que ese año mató otros trece pibes, la misma que aumentó la cifra el año siguiente”, señala el comunicado.
Franco tenía 20 años, era peón de albañil e hincha de River. “Tenía un hijo pequeño y, como cualquier pibe, tenía sueños, que ahora se reproducen en el recuerdo de sus allegados”, destaca el Equipo Jurídico, al tiempo que subraya: “Pasaron dos años y diez meses. La causa que investiga la muerte de Franco fue derivada al fuero Federal bajo la carátula de desaparición forzada de persona. Lo dijimos desde un primer momento, aunque las maniobras del Poder Judicial y el discurso de funcionarios del Poder Ejecutivo intentaban desviar nuestro reclamo, criminalizando a la propia víctima, culpándola de su propia muerte. Pasaron dos años y diez meses: ahora son 21 efectivos de la fuerza provincial, entre empleados de la comisaría 7a y de la división Asuntos Internos, quienes serán indagados”.
Por último, el comunicado advierte: “Exigimos que sean procesados, que sean llevados a juicio, y que haya una condena ejemplar, que sirva como precedente ante un contexto nacional en el cual la avanzada represiva ha tomado fuerza profundizando prácticas del terrorismo de Estado que nunca fueron erradicadas”.
